El Gobierno revocó la cesión de miles de hectáreas estratégicas en Mendoza que el kirchnerismo le había entregado a grupos mapuches

El gobierno de Javier Milei decidió hoy revocar la cesión de más de 25 mil hectáreas estratégicas ubicadas en la provincia de Mendoza a comunidades mapuches, que había dispuesto la última gestión kirchnerista mediante un trámite que estuvo plagado de irregularidades y en medio de las críticas de las autoridades provinciales, que llegaron a presentar un recurso ante la Corte Suprema. Los predios cedidos por la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner están ubicados en parajes de los departamentos de San Rafael y Malargüe, y son estratégicos debido a un potencial de desarrollo minero.

“La decisión -que se conoce en medio de la reaparición de la violencia en la Patagonia, con incendios intencionales-” se formalizó por medio de tres resoluciones firmadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que encabeza Claudio Avruj, y que fueron publicadas en el Boletín Oficial

Las resoluciones hicieron lugar al planteo de nulidad planteado por la provincia de Mendoza y dejó sin efecto el reconocimiento de la ocupación de grupos que se reivindican como mapuches y que se identificaron como las comunidades Lof El Sosneado, en San Rafael, y Suyai Leufu, en Paraje de Los Molles, en Malargüe. El otorgamiento de las tierras se hizo en enero del 2023 y provocó el inmediato rechazo del gobierno local.

En un comunicado oficial, Mendoza resaltó la decisión tomada por el INAI y recordó que: “presentó una serie de argumentos en contra de estas resoluciones, alegando que se habían vulnerado derechos provinciales y que no se había consultado de manera adecuada a la Provincia”. “Entre los principales argumentos esgrimidos, hace referencia a la autonomía provincial y a los derechos de propiedad privada de sus habitantes. Además, se cuestionó el incumplimiento de la Ley Nacional 26160, que establece la necesidad de consultar a los estados provinciales en estos casos”, se indicó.

“Es importante señalar que dichos recursos fueron inicialmente presentados por el Ejecutivo provincial ante las autoridades del INAI, y luego, en causas iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Cabe destacar que, en situaciones similares, en otros lugares del país son los legítimos propietarios de las tierras quienes reclaman por sus derechos, se indicó.

La vicegobernadora Hebe Casado resaltó que “en 2023 intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado” y destacó “el firme compromiso y la labor de Avruj, actual titular del INAI, cuya gestión permitió la anulación de estas resoluciones, que pretendían reconocer la ocupación de las organizaciones Suyai Leufu y Limay Kurref”.

“Este fallo reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial. No permitiremos que decisiones arbitrarias y sin sustento legal los vulneren”, manifestó la funcionaria.

Detalles de una decisión polémica

En enero del 2023, y con la firma del entonces titular del INAI, Alejandro Marmoni, se cedieron esas tierras tras ser reconocida, de manera unilateral y sin la intervención de la provincia, la “presencia ancestral de los indígenas” en el lugar. Al respecto, se mencionó el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que señala que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”.

En los considerandos de las resoluciones, se destacó la importancia de “relevar y demarcar las tierras que ocupan las comunidades indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”. Después de esa medida, a la comunidad Lof Limay KurreF se le cedieron 4.477 hectáreas, a la comunidad Lof Suyai Leufu unos 3.584 m²; y a la Lof El Sosneado, 21.370 hectáreas.

Con las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás y reconoció que cualquier decisión deberá contar con la participación del gobierno de Mendoza.