La esposa del gendarme argentino detenido por el régimen de Maduro pidió a la Corte Penal Internacional su intervención

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, alzó la voz una vez más para pedir por su liberación. Este lunes pidió que intervenga la Corte Penal Internacional con un mensaje en sus redes sociales.

En su posteo, citó directamente a Karim Ahmad Khan, procurador de la CPI: “Mi marido y padre de nuestro hijo de 2 años, tiene hoy 51 días detenido e incomunicado. No sabemos en circunstancias y en qué lugar está. Ayúdenos, estamos desesperados”, planteó la mujer.

Más temprano había hecho otra publicación en la que expresó: “Libertad para Nahuel Agustín Gallo, detenido e incomunicado injustamente hace 51 días en Venezuela. Su familia necesita su liberación, lo estamos en esperando para regresar a casa”.

El 2 de enero el Gobierno de Javier Milei denunció ante la Corte Penal Internacional la detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme.

Según el comunicado oficial de Cancillería, la denuncia incluyó una mención directa hacia el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, que defendió la decisión del régimen con relación a la situación de Gallo y, entrevistado por Infobae, aseguró que el argentino participaba de “acciones conspirativas contra la paz republicana”.

En el reportaje, Saab insistió con que Nahuel Gallo fue detenido por participar de una supuesta “conspiración” de alcance internacional y puso en duda el argumento de que viajó, en realidad, para visitar a su pareja.

“Esa era la coartada de que quería ver una novia. Bueno, la novia pudo haber ido a Buenos Aires, señor. Mire: el mexicano, estadounidense, los peruanos, los colombianos, los españoles dicen que vinieron a ver a sus novias, incluyendo el argentino. ¿De verdad que, eh?”, afirmó.

La administración argentina enmarcó el secuestro del gendarme dentro de un presunto “patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad” ocurridos en Venezuela, argumentando que dichos actos se encuentran “claramente” bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Durante su presentación ante este organismo, calificaron el hecho como una “violación grave y flagrante de los derechos humanos”.

El caso de Gallo es una de las prioridades de la política exterior del gobierno argentino, que reiteró que se utilizarán “todos los recursos legales y diplomáticos” disponibles con el objetivo de garantizar los derechos del gendarme argentino y “exigir justicia en el ámbito internacional”.

La cronología de la detención

Gallo, nacido en Catamarca, salió del país con permiso de las autoridades de Gendarmería Nacional. Desempeñaba sus funciones como suboficial en la provincia de Mendoza. Según contó su hermano Kevin, ya había trabajado asignado en Buenos Aires y en Chubut. Quería aprovechar las vacaciones del trabajo para visitar a Gómez, su pareja, y a su hijo que ya cumplió dos años, quienes llevaban ya siete meses en Venezuela por cuestiones de salud de familiares.

Gallo salió de Argentina hacia Chile en su auto personal y desde Santiago tomó un avión con destino a Bogotá, Colombia. Desde allí viajó en micro hasta Cúcuta, una ciudad fronteriza que se une a Venezuela a través del Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Y quiso cruzar a bordo de un taxi hacia la ciudad de Ureña, en el estado de Táchira.

Sin embargo, las autoridades venezolanas le retuvieron los documentos personales, su teléfono celular y luego lo detuvieron. A los pocos días, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que Nahuel se quiso “infiltrar” en el país.

El 13 de diciembre, cinco días después del secuestro de Gallo, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado conjunto donde expresaron su “más enérgico rechazo ante la detención arbitraria e injustificada” y exigieron de forma “categórica e inmediata” la liberación.

“Pese a la naturaleza estrictamente personal de su visita, fue detenido de manera inmediata, sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales”, decía el comunicado.