Allanaron una financiera y una peluquería que funcionan en un hotel de Pilar por el caso D’Onofrio

El juez federal de Campana Adrián González Charvay allanó este viernes una financiera y una peluquería que funcionaban en el hotel Sheraton de Pilar en el marco de la causa que investiga al ex ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, y a varias personas de su entorno. En el procedimiento, que comenzó esta mañana y terminó a media tarde, participaron efectivos de la Prefectura y de la Policía Bonaerense.

Los allanamientos se realizaron en la sede de la sociedad Token Capital, inscripta ante la AFIP para tareas de “asesoramiento financiero, préstamos, y hasta análisis de negocios”. Según una denuncia de la Coalición Cívica, que reveló ayer Infobae, la financiera no tendría habilitación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni autorización del Banco Central. “Es una sociedad anónima que realiza actividades financieras, como otorgar préstamos. Este tipo de actividad es susceptible de estar alcanzada por la Ley de Entidades Financieras (Ley N.° 21.526), ya sea como bancos comerciales, bancos de inversión, bancos de desarrollo, y bancos públicos, o por ser unas entidades financieras no bancarias como cooperativas de crédito y financieras”, explica la denuncia.

A pocos metros, también dentro del mismo hotel, funcionaba la peluquería “Hairspray Studio”. Ambos negocios son adjudicados a la concejal Claudia Pombo, que no aparece en los papeles. “Token Capital SA sería la empresa a cargo de pagar los sueldos de los empleados de la peluquería”, dice la presentación firmada por Elisa Carrió, la diputada Paula Oliveto, y el titular de la CC de Pilar, Matías Yofe.

Durante los operativos, los efectivos tenían la orden de secuestrar toda la documentación vinculada a la causa tanto en agendas y anotaciones de los empleados, o en contratos de locación, facturas, o recibos relacionados a la explotación de los locales.

La orden judicial incluyó la búsqueda de “toda información vinculada a las personas investigadas en las actuaciones, de los registros transaccionales de los aquí involucrados, y/o cualquier elemento que pudiera resultar de interés para la presente investigación, autorizándose al uso de la fuerza pública y/o requerir la presencia de un cerrajero, en caso de que fuera estrictamente necesario”.

El juez González Charvay también dispuso una orden de presentación dirigida al hotel Sheraton para que aporte los contratos comerciales con Token Capital, Equity Financial SRL, y Hairspray Studio.

La denuncia de la Coalición Cívica es parte de un legajo reservado en la causa principal pero arrancó su camino en la Unidad de Información Financiera (UIF) y luego saltó a la causa del fiscal Álvaro Garganta. La semana pasada, la presentación se sumó al expediente por lavado de dinero. Automáticamente, el juez federal de Campana decidió habilitar la feria judicial, un recurso habitual cuando hay que tomar medidas urgentes, y le tomó declaración a Yofe.

En los últimos días, Gonzalez Charvay también ordenó varias medidas de prueba. Los allanamientos recién se activaron este jueves, cuando el Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura confirmó el funcionamiento de los locales comercial en el Sheraton de Pilar.

Una de las personas que figuran en la denuncia de la CC es Cristian Germán Ojeda, dueño de unas canchas de fútbol 5 donde funciona una peña de Boca Juniors. Hay numerosos videos en redes sociales sobre su actividad en el mundo Xeneize, aunque no tendría vínculo alguno con la barra oficial. Su aparición en la causa, sin embargo, no tiene que ver con el fútbol. Ojeda integra la sociedad Token Capital.

Ojeda también aparece en “Franutec SA”, una de las empresas beneficiadas en el negocio millonario de la VTV, controlado desde el Ministerio que conducía D’Onofrio. Concretamente, esa firma, creada en 2023, integra una UTE a la que le adjudicaron las zonas 5, 9 y 16 de la provincia de Buenos Aires. Eso incluye partidos como Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, Florencia Varela, entre otros.

Al igual que otros imputados en la causa, el barra de Boca acumula millas en el exterior del país. No es todo. Su casamiento, con limusina incluida, se hizo en el mismo hotel donde funcionaba la cueva y la famosa peluquería. Los videos circularon por las redes sociales.

La investigación judicial está dividida en varios expedientes. En la Justicia provincial hay al menos tres causas. Y en el juzgado federal de Campana, se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero. En esa causa también fueron imputados la concejal Claudia Pombo, Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).

Antes de la feria, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.

En ese esquema quedarían involucrados funcionarios judiciales, estatales, y varias concesionarias.