Crece la disputa entre CABA y el cristinismo por el futuro de la justicia laboral

Mientras en la Legislatura porteña se espera algún avance tras el pedido del oficialismo macrista para activar una justicia laboral autónoma, el senador cristinista Mariano Recalde presentó días atrás un proyecto en la Cámara alta para crear “diez (10) Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, los que contarán con igual número de magistrados, funcionarios y empleados que los ya existentes”. Esta situación reactiva una fuerte disputa entre ambos sectores, en un fuero cercano al kirchnerismo y con un Gobierno central libertario que queda en el medio de la trifulca, con la posibilidad de incidir en una definición.

La iniciativa de Recalde además da luz verde a una “Sala en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la que contará con igual número de magistrados, funcionarios y empleados que las ya existentes”. En tanto, los “nuevos Juzgados entenderán exclusivamente y en forma continua en las causas que se inicien a partir de la fecha de su habilitación, hasta alcanzar una cantidad de expedientes equivalente al promedio de causas en trámite por ante los Juzgados preexistente, y en la forma que disponga la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Por otra parte, “a los efectos de lograr una distribución equitativa de trabajo entre las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en cada sorteo de causas que se realice a partir de la creación de la nueva Sala, se le otorgará a esta una mayor ponderación en el sistema de sorteo, hasta alcanzar una cantidad de expedientes equivalente al promedio de causas en trámite”.

En octubre pasado, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, asistió a la Legislatura para explicar el objetivo del oficialismo porteño. “A 30 años de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, aún sigue pendiente el traspaso de muchas competencias para el ejercicio pleno de esa autonomía”, dijo, y agregó que “el objetivo es lograr el mejor proyecto que se pueda para retomar la transferencia de la competencia en el fuero laboral”.

Según Tapia, “la resolución de un conflicto laboral en la justicia nacional conlleva entre 5 y 8 años de duración”. En ese sentido, advirtió: “Es un montón de tiempo. Por lo que, desde el rol que me toca ocupar y desde el rol que a ustedes los legisladores les toca, tenemos que dar una herramienta al trabajador, la posibilidad de tener una resolución de un conflicto en un corto plazo”.

En esto coincidió Recalde, tal como argumentó en su iniciativa: “Nuestro país aparece ubicado como uno de los peores países en términos de duración de los procesos judiciales del trabajo de la región. Mientras que en países como Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, la duración de los juicios laborales es de un año o menos, en nuestro país el promedio es de 2,5 años, pudiendo llegar a 4,5 años, a lo que se debe sumar una duración promedio de 1,25 años más en segunda instancia, pudiendo llegar a dos años”.

Para el legislador cristinista, “las demoras suelen ser también importantes en la etapa de segunda instancia, ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y en el trámite de ejecución de sentencia, lo que no resulta un dato menor o indiferente, por cuanto la eficacia del proceso reside no sólo en el dictado de la primera resolución, sino fundamentalmente en todo el tiempo que comprende la tramitación de un litigio hasta la tutela efectiva del derecho vulnerado”.

“La inversión en la administración y justicia del trabajo efectivas dirigida a reformar sus estructuras, procesos y ampliar sus servicios resultan imprescindible para hacerla más expedita, trasparente, cercana, menos costosa y más democrática, porque asegura el Estado de Derecho en una de sus facetas centrales, el ámbito social”, fundamentó Recalde.

En medio de todo esto aparece la Ley “Cafiero” -24.588- de 1995 y tortuosos idas y vueltas ocurridos en el pasado entre el Ejecutivo de turno y la Ciudad. El Gobierno de Jorge Macri pretende autonomía en la justicia laboral; el senador Recalde, que es uno de los principales referentes del kirchnerismo y titular del PJ porteño, prefiere lo contrario. De reojo sigue todo de cerca la Casa Rosada.