En un intento por reducir el tamaño del Estado, el gobierno nacional de Argentina ha propuesto la venta de más de 300 terrenos y propiedades en todo el país, incluyendo sitios de gran valor histórico y cultural.
Así fue que el Gobierno dispuso que 309 inmuebles del Estado pasen a subasta pública a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de la gestión de predios e inmuebles públicos. Son edificios y terrenos de distintas dimensiones y características, muchos en desuso, pero varios otros ocupados actualmente.
Entre las propiedades que ya comenzaron a generar controversias se encuentran el predio de la TV Pública ubicado en la avenida Figueroa Alcorta, en Recoleta, el del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) en Núñez, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el ex centro clandestino de detención y secuestro La Perla Chica en Córdoba.
En respuesta a esta situación, el diputado nacional por el socialismo santafesino, Esteban Paulón, presentó un proyecto de ley que busca declarar el edificio de la TV Pública como un bien histórico. El proyecto es de marzo pasado, momento en que se debatía la Ley Bases y cuando el Ejecutivo empezó a dar señales claras de su intención de venderlo.
El legislador busca aprobar este proyecto, ya que la declaración de monumento histórico impediría su venta y cualquier modificación estructural, como sucede con el viejo edificio de YPF en Diagonal Norte, protegiéndolo de ser demolido para futuros desarrollos inmobiliarios en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Según Paulón, el edificio tiene un valor cultural significativo y debería ser preservado para promover la cultura y la producción audiovisual.
Por otro lado, la diputada por Córdoba, Natalia De La Sota, ha propuesto un proyecto similar para proteger el sitio del centro clandestino de detención Perla Chica en su provincia, que también está en la lista de propiedades a vender. De La Sota busca asegurar que este lugar, con un pasado oscuro, no sea comercializado.
Por otro lado, en el caso del ex centro clandestino en Córdoba, debería estar protegido por las leyes que declaran la intangibilidad de los Sitios de Memoria y, como si eso no fuese suficiente, los lugares en donde se llevó adelante el aparato represivo de la última dictadura militar continúan siendo pruebas en los juicios por la memoria, lo que también los deberían proteger de una posible venta.
Asimismo, el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, ha presentado un proyecto de ley para declarar el predio del CENARD como “bien de interés histórico nacional” y propuso la creación de un “Museo Nacional del Deporte” en ese lugar.
Tanto el proyecto de Paulón como el de Castagneto han obtenido dictamen favorable de las comisiones de Cultura y Deportes, respectivamente. En el caso del de De La Sota, ingresó al Congreso hace pocos días y debe ser debatido en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.
En el caso de las dos iniciativas que ya cuentan con sus dictámenes, todavía no están en condiciones de ser votadas en el recinto porque aún deben ser tratadas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario José Luis Espert, antes de que finalice el período de sesiones ordinarias el próximo 20 de noviembre.
La venta de estos terrenos ha suscitado un debate sobre el equilibrio entre la necesidad de reducir el gasto público y la preservación del patrimonio histórico y cultural del país. La decisión final sobre estos proyectos legislativos podría tener un impacto significativo en el paisaje urbano y cultural de Buenos Aires y otras regiones de Argentina.
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