Denunciaron a Evo Morales por trata y abuso infantil que habría cometido durante su asilo en Argentina

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que desde la cartera que conduce presentaron una denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual de menores durante su estadía en Argentina, cuando el gobierno de Alberto Fernández le otorgó el asilo político.

La funcionaria reveló hoy que impulsó esa acusación hace 15 días, que se suma a otras denuncias del mismo tenor que ya tiene radicadas el ex jefe de Estado en el país vecino.

“A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con 4 adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo. El peor de los delitos, en nuestro suelo”, señaló Bullrich, en su cuenta personal de X. Y remató con la consigna de que la Argentina del presidente Javier Milei, “el que las hace, las paga”.

Ayer salió a la luz en un medio porteño el caso que hace referencia la ministra, y que involucra a Evo Morales durante su estadía en el país. Pero en esta denuncia, la acusación penal fue impulsada no por el Estado, sino por la Fundación Apolo, que encabeza el dirigente liberal Yamil Santoro.

En esa presentación, se señala en que Morales habría convivido con adolescentes en Argentina durante su asilo, el cual le fue otorgado por Alberto Fernández tras la crisis política de 2019 en Bolivia, que fue calificada como un golpe de Estado contra el líder del MAS. Esta situación de protección especial incluyó gastos afrontados por el Estado, entre ellos, el traslado de Evo en el avión presidencial T01. No obstante, recientemente, el presidente Milei revocó su condición de asilado

Según la nueva denuncia, el icónico dirigente cocalero compartió la estadía “con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales”. El testimonio surge de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada al expresidente de Bolivia, quien relató que durante sus visitas a Morales en Argentina vio a menores de edad en labores “serviles”. La mujer también declaró que se ofrecían “niñas como obsequios” de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, hechos que serían ampliamente conocidos en los círculos cercanos al expresidente.

La denuncia fue presentada por Yamil Santoro, junto al jefe de legales de la Fundación Apolo, José Magioncalda, y el abogado Ignacio Falcón. El caso recayó ante el juzgado federal a cargo de María Servini.

No es la primera acusación de este tipo que enfrenta el exmandatario. El exmandatario está siendo investigado en su país por estupro y trata de personas en el marco de una causa iniciada el pasado 26 de septiembre, en la que se lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad -con la que habría tenido una hija-.

Ayer también se conoció que la secretaria de Género de la Alcaldía de la región central boliviana de Cochabamba, Tatiana Herrera, presentó cinco nuevas denuncias contra Morales por los delitos de trata de personas y violación. Los hechos habrían ocurrido en los últimos cinco años en la provincia de Chapare, bastión político y sindical del cocalero.

Lo cierto es que el aluvión de las últimas acusaciones ocurren en medio de un tumultuoso contexto en Bolivia, donde los seguidores de Evo Morales impulsan desde hace semanas duras protestas, que incluyen piquetes de rutas y hasta toma de cuarteles dirigidas contra el Gobierno del presidente, Luis Arce, un ex aliado de Evo en el MAS. Hace días, el dirigente cocalero sufrió un atentado, en un marco de denuncias de persecución política.

En las últimas horas, Morales pidió a sus seguidores que suspendan los bloqueos de rutas que han afectado diversas regiones de Bolivia durante más de dos semanas. Además, anunció que iniciará una huelga de hambre hasta que el presidente Arce acceda a dialogar. El líder indígena enfatizó la urgencia de suspender los piquetes para prevenir un “derramamiento de sangre”, ante la creciente tensión con las fuerzas de seguridad.