En qué consiste la aplicación del “silencio positivo” para procedimientos administrativos del Estado

Desde hoy rige el cambio que reglamentó el Gobierno en la relación del Estado con los ciudadanos, con la implementación del principio de silencio administrativo positivo en aproximadamente 500 trámites específicos. Esta normativa establece que, en ciertos casos donde un ciudadano ya cumple con todos los requisitos formales de un trámite reglado, la falta de respuesta por parte de la administración tras 60 días se considerará una aprobación automática. Esta nueva medida representa un cambio relevante en el sistema, que históricamente se basaba en el silencio negativo, en el cual la ausencia de respuesta significaba un rechazo.

La normativa, trabajada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy será aplicada inicialmente en los organismos centralizados, desde hoy, y se extenderá a los descentralizados a partir del 1 de diciembre. Mientras que en áreas críticas como salud pública, medio ambiente y servicios públicos, donde el impacto social y ambiental requiere un control exhaustivo, el silencio positivo no será aplicable, garantizando así que la administración no delegue su responsabilidad de revisión en sectores de alta sensibilidad.

El silencio administrativo positivo se aplicará a trámites que cumplan con condiciones específicas: deben ser procedimientos reglados, con requisitos objetivos y sin margen para la discrecionalidad administrativa. Entre los ejemplos de este tipo de trámites figuran el alta en registros de actores de doblaje o la autorización para el uso de la Marca País en actividades comerciales y de promoción. En estos casos, si la administración no emite una respuesta en el plazo de 60 días y el solicitante cumple con los requisitos formales, su solicitud será aprobada de manera automática.

Este cambio busca promover una gestión pública más ágil y proactiva, eliminando la incertidumbre para los ciudadanos y reduciendo el margen de burocracia que, en algunos casos, resultaba en retrasos excesivos. Además, la normativa incorpora una fase de monitoreo y ajustes, permitiendo al gobierno evaluar su funcionamiento y considerar la inclusión de otros trámites en el futuro.

Un proceso exhaustivo de análisis

La implementación del silencio positivo es el resultado de un análisis detallado realizado por equipos jurídicos de los distintos ministerios y organismos descentralizados. En esta etapa de preparación, cada entidad evaluó sus procedimientos para identificar cuáles trámites podrían someterse a la nueva normativa y cuáles requerirían mantenerse bajo el régimen de silencio negativo. Este relevamiento ha facilitado la digitalización y clasificación de los trámites administrativos, promoviendo un acceso más transparente y directo a la información por parte de los ciudadanos.

En palabras de un funcionario involucrado en el proceso, “el objetivo es que la administración no solo responda más rápido, sino también que el ciudadano tenga un panorama claro de los tiempos y etapas de su trámite”. Esta digitalización apunta a una mayor transparencia y accesibilidad, permitiendo al público consultar el estado de sus solicitudes de manera sencilla a través de plataformas en línea.

El sistema de silencio administrativo positivo no es una novedad exclusiva de Argentina. Modelos internacionales como los de Francia y Chile sirvieron de referencia para la formulación de esta política. En el caso de Francia, el modelo inicial adoptó un esquema amplio de silencio positivo, pero, con el tiempo, surgieron conflictos administrativos que llevaron a una revisión de su alcance. En cambio, Chile implementó un sistema de silencio positivo más acotado y específico, resultando en una alternativa estable y menos conflictiva.

En base a estas experiencias, Argentina ha optado por un enfoque prudente y limitado para asegurar que la normativa se ajuste a los trámites de carácter reglado, donde la administración no tiene margen de interpretación. Este diseño, fundamentado en las lecciones aprendidas en otros países, aspira a lograr un balance entre los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica que otorga una administración activa y controladora.

Cambios en la dinámica administrativa

Uno de los principales objetivos de esta medida es fomentar una administración pública más activa y comprometida con los tiempos de respuesta. Bajo el sistema tradicional de silencio negativo, la administración podía postergar decisiones indefinidamente, lo que generaba incertidumbre para los ciudadanos y limitaba sus derechos. Con el nuevo régimen de silencio positivo, la administración tendrá que cumplir con los plazos estipulados, y en caso de incumplimiento, se entenderá que el trámite ha sido aprobado.

Al exigir una respuesta afirmativa o automática para ciertos trámites, el silencio positivo busca reducir los tiempos de espera y promover una mayor diligencia administrativa. La expectativa es que este cambio incentive una cultura de gestión más eficiente y centrada en el servicio al ciudadano.

Flexibilidad y revisión de la normativa

El Gobierno ha establecido una etapa de monitoreo para observar el impacto de esta nueva normativa y realizar ajustes en caso de ser necesarios. Dependiendo de los resultados obtenidos, no se descarta que algunos trámites inicialmente exceptuados puedan incorporarse al régimen de silencio positivo en el futuro. Esta flexibilidad permitirá que la normativa se adapte a las necesidades de los ciudadanos y al contexto administrativo en constante cambio, fortaleciendo la agilidad y la transparencia en los servicios públicos.

Para formalizar la aprobación de los trámites mediante silencio positivo, una vez vencido el plazo de 60 días, los ciudadanos deberán solicitar un certificado de silencio administrativo. Este documento será emitido por la administración en un periodo de 15 días adicionales, tras verificar que el solicitante haya cumplido con todos los requisitos. Este procedimiento tiene como objetivo prevenir el uso indebido del silencio positivo en casos donde la documentación o los requisitos sean incompletos.