Pidieron el inmediato desalojo de un predio usurpado por mapuches entre Bariloche y El Bolsón

Para los integrantes de la autoproclamada comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, la suerte está echada. Ninguno de los argumentos que esgrimieron durante las audiencias del juicio por usurpación que enfrentan fueron contundentes y el caso se encamina al desalojo de las tierras que ocupan desde 2021.

Esta semana, en el marco de una audiencia de cesura, el Ministerio Público Fiscal pidió penas de un año y seis meses de prisión para tres de los mapuches que forman parte de la comunidad. Solicitó además la inmediata restitución de las tierras al querellante, un empresario forestal que desde 1981 explotaba la madera de ese campo.

Los miembros de la lof Quemquemtreu ingresaron a la propiedad el 18 de septiembre de 2021 y ocuparon una fracción aproximada de 10 hectáreas. Fueron reticentes al diálogo e increparon a la Policía y a los funcionarios judiciales. Además, cortaron la ruta que une Bariloche con El Bolsón, protagonizaron incidentes y confrontaron con las autoridades, en su afán de permanecer en las tierras usurpadas bajo el argumento de una supuesta recuperación territorial.

Para los fiscales de la causa, el delito está probado. El ingreso de los mapuches a esas tierras despojó al propietario Rolando Roco de la posesión pacífica de las tierras.

Durante los alegatos, representantes del Ministerio Público mencionaron que hubo intentos truncos para resolver el conflicto mediante el diálogo, aunque los mapuches descartaron esa opción, al menos hasta que el damnificado decidió seguir adelante con la denuncia por usurpación.

Cuando accionó penalmente con ese objetivo, los mapuches -ahora sí- intentaron una solución alternativa al caso, aunque ya era tarde y el proceso judicial estaba encaminado nuevamente.

El abogado del empresario pidió condenas de tres años de prisión para los acusados y coincidió con el planteo fiscal de ejecutar el desalojo del sitio de forma inmediata. Los acusados, por su parte, se escudaron en reglamentación mapuche para intentar argumentar el ingreso intempestivo a las tierras.

En una instancia previa, la jueza Romina Martini responsabilizó por la usurpación a Romina Jones, Lautaro Cárdenas y Alejandro Morales Godoy; y absolvió a Mauro Vargas, Ariadna Mansilla Cedrón y Juan Cruz Baeza.

En las tierras del empresario forestal, los intrusos derribaron especies arbóreas y construyeron tinglados en el campo, donde además instalaron pancartas con el nombre de la agrupación e hicieron mención a la muerte de Rafael Nahuel, asesinado en noviembre de 2017 durante el desalojo de los predios de Villa Mascardi.

En ese mismo campo, en noviembre de 2021 -cuando la ocupación ilegal llevaba 2 meses- fue asesinado un integrante de la comunidad, Elías Garay, quien fue baleado por dos socios comerciales de Rocco, Diego Ravasio y Martín Feilberg, quienes permanecen detenidos por el hecho.

A principios de 2022, el empresario forestal y los mapuches -con la intervención de la Justicia mediante- pactaron una tregua y convivieron en el mismo campo. Rocco siguió explotando el campo, mientras que los mapuches construyeron allí precarias viviendas y se instalaron en un predio de 10 hectáreas.

Voceros de la comunidad Quemquemtreu solicitaron entonces una mesa de diálogo para intentar dirimir el caso de manera extrajudicial. Plantearon al gobierno de Río Negro retomar la instancia de diálogo e intentar arribar a un nuevo acuerdo similar al anterior, que les garantizara la permanencia en el sitio.

Los mapuches, además, reafirmaron su intención de seguir adelante con la “recuperación ancestral”. “Apelamos a que el gobierno interceda para generar una solución del conflicto que sea pacífica y política, no represiva”, solicitaron desde la comunidad, aunque no lo consiguieron.

Durante la instancia de los alegatos, el Ministerio Público consideró probado “que los imputados participaron de manera activa de este hecho junto a otras personas que no han sido identificadas aún. Estas personas, traídas a juicio, sabían cual era la intencionalidad”, y ellos mismos “confirmaron en esta sala la fecha del hecho”.

La fiscal Jefa Betiana Cendón, durante su exposición, se refirió al modo de ingreso y explicó que los intrusos ingresaron al predio ocultando sus rostros, encapuchados y se negaron a ser identificados, es decir “en la clandestinidad”.