
El Gobierno inaugurará el próximo jueves, junto a representantes del sector empresarial y de los gremios, la “mesa tripartita” que analizará la reglamentación de la parte de la reforma laboral vinculada a la prohibición de los bloqueos sindicales, muy cuestionada por la CGT y que generó un conflicto con las autoridades nacionales.
El artículo en cuestión forma parte de la Ley Bases aprobada por el Congreso, pero hasta el momento no fue oficializada por diferencias entre la central obrera y el Poder Ejecutivo, que acordaron semanas atrás revisar conjuntamente la redacción final de la norma.
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Así lo resolvieron en una reunión que los líderes cegetistas mantuvieron a fines de septiembre en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo.
“Quedamos en la constitución de una vía administrativa para resolver todo en un acuerdo entre la Secretaría de Trabajo, la CGT y el sector empresarial, para darle precisión a algo que tiene una vaguedad importante en esto de las tomas total o parcial (de una empresa durante las protestas gremiales). Si hay bloqueo, hay bloqueo y si no lo hay, no lo hay. Esto de bloqueo total o parcial es una vaguedad absoluta”, explicó al respecto Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, luego del encuentro.
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Finalmente, el Ministerio de Capital Humano informó que Cordero convocó en las últimas horas a los representantes empresarios y de los gremios a la primera “mesa de diálogo técnico tripartito para analizar el nuevo artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, sancionado en la Ley Bases”.
“El encuentro se desarrollará el día jueves 24, a las 14, en la sede de Alem 650, y fueron convocadas a enviar representantes la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Argentina de la Median Empresa (CAME)”, precisó la cartera encabezada por Sandra Pettovello.
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Los líderes de todas esas entidades, denominados como “El grupo de los seis”, también tuvo su propia charla privada con Francos y el secretario de Trabajo, en la que dieron su visto bueno a esta instancia de negociación entre las partes.
Se va a convocar a una reunión con la CGT para avanzar con un diálogo tripartito. Nosotros, en el G6, hemos actuado siempre pensando en que el país necesita una modernización laboral, porque estos índices de desocupación y de informalidad así lo requieren. Esto no es contra nadie, al contrario, es para que haya más empresas y más trabajo; explicó Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio, en aquella ocasión.
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Tal como detalló este medio, fue el propio Caputo, uno de los mejores interlocutores con la central obrera, quien mantuvo una fuerte pulseada con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para aceptar los cambios que proponían los sindicalistas para atenuar el artículo “anti-bloqueos” en la reglamentación final.
Ese punto no se oficializó y así quedó desestimada la sugerencia de la CGT que implicaba derivar a la Justicia el pedido de despedir a quienes bloquean empresas, aunque en la cúpula cegetista había conformidad porque esa redacción final “no empeoró” los alcances del artículo.
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Esa fórmula de no reglamentar el artículo que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado, fue acordada entre Cordero y un negociador de la central obrera. Y fue considerada un gesto de buena voluntad del Gobierno, así como lo fue otro que impulsó Francos: frenar el proyecto de Democracia Sindical en Diputados que consensuaron la UCR, el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, Hacemos Federal e Innovación Federal, en un texto que unificó una veintena de iniciativas sobre el tema y que le ponía límites y controles al gremialismo.
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