Alejandro Álvarez responsabilizó a los rectores universitario por “dejar que grupos extremistas tomen el control”

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se refirió al conflicto desatado en las universidades señalando como principales responsables a las autoridades de las instituciones educativas. “Vamos a poner bien en claro frente a la sociedad, que los responsables de cualquier cosa que pase, son los funcionarios públicos a cargo, en este caso los rectores, porque no pueden desaparecer y dejar que estos grupos extremistas tomen el control”, acusó.

El conflicto que se desató días atrás, cuando el oficialismo consiguió el apoyo necesario en la Cámara de Diputados para blindar el veto a la ley de Financiamiento Educativo, se intensificó en las últimas horas a raíz de la toma de 35 universidades públicas en todo el país, por parte de estudiantes a lo que Álvarez llamó una toma ejecutada “por la militancia”.

Por su parte, el Frente Sindical de Universidades Nacionales avivó más el conflicto anunciando un paro de 24hs para el día 17 de octubre próximo, fecha que en principio iba a ser utilizada por los transportistas para marchar, pero que finalmente optaron por el 30 del corriente. A través de un comunicado el sindicatos sostuvo: “La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional”.

El origen del conflicto

Desde un principio el Gobierno había señalado la necesidad de realizar auditorias a las universidades, con el fin de justificar el rechazo a la Ley de Financiamiento Educativo, que se escapaba de los parámetros establecidos en el Presupuesto 2025. “Defenderla es auditar, queremos una universidad auditable porque cada peso que le sacan a un trabajador, nosotros lo tenemos que auditar”, habían señalado desde el oficialismo al tiempo que deslizaban la posibilidad de la existencia de “alumnos fantasma”, en relación a la matrícula en las instituciones.

En diálogo con TN, el Subsecretario sostuvo que los números no cierran. En ese sentido, barajó la posibilidad de que “haya problemas de carga o realmente hay mucha gente que pasó por la universidad y nunca se aplicó ningún criterio de regularidad”, que finalmente terminó en una “especie de acumulado”. Incluso reveló que había recibido mensajes de diferentes usuarios que le manifestaban haber pasado por la universidad, y aunque ya no asistieran seguían figurando como activos.

“El caso más extremo fue el de una señora que me escribió, incluso pidió por nota que lo dieran de baja, al hijo fallecido que aún sigue figurando como alumno regular”, confesó Álvarez.

Por otra parte, remarcó que en promedio “a los alumnos les toma alrededor de 10 años recibirse” debido a que en la actualidad no existe ningún contratiempo para continuar la carrera el tiempo que consideren.

Según el funcionario, la razón de que esto sea así se debe a que “en 2015 el kirchnerismo modificó la Ley de Educación Superior, eliminando el Art. 50 que establecía cuáles eran las condiciones de regularidad”, quedando redactado de la siguiente manera: ”Cada institución universitaria nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles”.

Anteriormente la normativa establecía que debía existir un rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos aprueben por lo menos dos (2) materias, salvo cuando el plan de estudio prevea menos de cuatro (4) asignaturas anuales, en cuyo caso deben aprobar una (1) como mínimo. En las universidades con mas de cincuenta mil (50.000) estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada facultad o unidad académica equivalente”.

Por último, Álvarez apuntó contra la Universidad de Cuyo señalando que tuvo que intervenir debido a que no se tomaba ninguna medida “contra una catedra abiertamente antisemita - en donde se dictaba una materia que abordaba el conflicto que se vive en Medio Oriente, acusando a Israel de “atacar y asesinar inocentes”. Esta misma institución había declarado “persona non grata” a los diputados que votaron a favor del veto presidencial.