Alfredo Cornejo habló sobre la prohibición de celulares en las cárceles de Mendoza: “Se cometen delitos con los teléfonos”

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la prohibición del uso de celulares en las cárceles provinciales, tras resolver, por mayoría, una apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal (MPF). La decisión, que establece un plazo de seis meses para retirar los dispositivos de los centros penitenciarios, dejó sin efecto una resolución anterior del juez Sebastián Sarmiento, quien en enero de 2024 había indicado el retiro de los celulares y dispuesto que las mujeres privadas de su libertad fueran las únicas que siguieran con el beneficio, para facilitarles la comunicación con sus hijos.

Ahora, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se pronunció sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia y resaltó la importancia de cumplir con la legislación vigente. “Primero, la ley está por encima de los jueces. Todos estamos ajustados a cumplir la legislación. Las leyes vigentes prohíben los teléfonos móviles en las cárceles”, afirmó Cornejo.

Además, postuló que la medida busca, entre otras cosas, evitar que se cometan delitos desde la cárcel. “Desde la Penitenciaría se cometen delitos con los teléfonos y lo que queremos es darle tranquilidad a la ciudadanía de que no se cometan delitos, estafas, entraderas, todo manejado desde el teléfono del crimen organizado en la cárcel”, explicó el gobernador.

“El juez Sarmiento acepta que cumplamos la ley, que es que no se permitan los celulares, pero pone una serie de condiciones. Una muy razonable, que nos va a traer problemas de gestión pero que aceptamos, es que haya visitas todas las semanas en la penitenciaría, que antes eran cada 15 días. Entonces ahora van a ser todas las semanas, de manera tal que no se tiene teléfono, pero hay una posibilidad de visitas habitual como antes de la pandemia”, dijo Cornejo según lo consignado por MDZ.

Al tiempo que criticó la exigencia de instalar teléfonos fijos en cada pabellón: “El juez pide que pongamos un teléfono fijo en cada uno de los pabellones, cosa de imposible cumplimiento. No sé de dónde sacó Sarmiento eso, porque no hay red en ese lugar para poner un teléfono fijo. Estamos viendo muchas películas americanas. Eso es de imposible cumplimiento”.

En sus declaraciones, Cornejo enfatizó que las requisas para evitar la entrada de teléfonos en las cárceles han sido una constante, aunque reconoció que los controles son difíciles. “Se intenta con requisas que ese teléfono no ingrese y, paralelamente, estamos trabajando con las telefónicas la inhibición de todos los teléfonos y autorizando algunos. Eso corta de cuajo todos los problemas”, explicó. También admitió que el ingreso de teléfonos a las cárceles podría estar relacionado con actos de corrupción dentro del sistema penitenciario, pero subrayó que “hay cosas que no se pueden evitar”.

La resolución de la Suprema Corte no solo implica el retiro de los celulares, sino también la solicitud de que el Servicio Penitenciario disponga de un sistema de comunicación alternativo para los detenidos. “Ratificamos que sea el Servicio Penitenciario el que cuente con un sistema de comunicación, pero siempre sea quien brinde las herramientas”, manifestó Garay. Este sistema podría incluir teléfonos públicos, computadoras o cualquier otra herramienta que permita a los internos mantener contacto con sus familias y continuar con sus estudios a distancia, en caso de que así lo requieran.

Por su parte, el gobernador Cornejo fue tajante al señalar que el uso de teléfonos móviles personales en las celdas está prohibido. “No es que no haya teléfonos en el sistema penitenciario. Hay teléfonos móviles, por ejemplo, tablets para tener clases virtuales y educación. Acá se trata del teléfono móvil personal que cada uno tiene en la celda. Eso está prohibido”, apuntó.

La decisión de la Corte Suprema mendocina

La última decisión de la Corte Suprema de Justicia mendocina para confirmar la prohibición del uso de celulares fue aprobada por los jueces Teresa Day y Dalmiro Garay, con la disidencia parcial de José Valerio, y aplica a todos los detenidos en la provincia. Estos habían sido autorizados a utilizar teléfonos móviles durante la pandemia de COVID-19 debido a la imposibilidad de recibir visitas. En ese contexto, el uso de celulares fue permitido como medida excepcional para mantener la comunicación de los internos con sus familias. Sin embargo, con la emergencia sanitaria superada, la Suprema Corte determinó que el uso de teléfonos debería cesar.

El juez Dalmiro Garay Cueli, uno de los magistrados que votó a favor de la prohibición, señaló: “El agravio estaba esencialmente puesto en un punto, en el que se condicionaba la posibilidad de retiro de los celulares a que el Servicio Penitenciario pusiera teléfonos públicos o semipúblicos en los pabellones o en los lugares que así disponía el juez. Nosotros entendimos, haciendo lugar a la apelación del MPF, es que esa condición establecida por el juez está fuera de la ley, porque ninguna norma exige eso y en segundo lugar porque hay informes en el mismo expediente que determinan que ese tipo de servicio de telefonía no se puede prestar en los complejos de Mendoza”.