Un informe de la Unidad de Auditoría Interna, del entonces Ministerio de Desarrollo Social, fechado el 30 de junio de 2023, ya revelaba irregularidades en las rendiciones de cuentas y compra de alimentos para comedores y merenderos durante la gestión de Alberto Fernández. Por ejemplo, se detectó desde “inconsistencias entre la mercadería facturada, respecto de la mercadería recepcionada y utilizada”, hasta “la imposibilidad de verificar en los extractos bancarios, el efectivo pago de los comprobantes” y la “trazabilidad de los pagos”.

Lo relevante del caso es que la auditoría recayó, sobre el 81,7% de los pagos realizados sobre el “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ARG/20/004 - Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, que para el año 2022 -fecha auditada- recibió transferencias por $28.444.000.000. Pasado al promedio del dólar oficial de ese año, se corresponde a más de 204 millones de dólares.

Los peritos tomaron un muestreo “sobre transferencias realizadas a 35 ejecutantes correspondientes al Área Metropolitana de Buenos Aires, y 38 de la provincia de Jujuy, que conforman un total de 73 comedores que fueron los efectivamente relevados en campo”.

Según consta en la página 3 de las 38 que forman parte de la auditoría a la que accedió este medio, los contadores trabajaron sobre el “Programa 26 Políticas Alimentarias; Actividad 7 Comedores Comunitarios y Merenderos”, de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social.

La auditoría se realizó -según describe la resolución- “en el marco de las actividades planificadas de la Unidad de Auditoría Interna aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante Resolución SIGEN N° 12/2023 de fecha 20 de enero de 2023″.

<b>Las irregularidades</b>

En la auditoría interna avalada por la SIGEN y que fue entregada a las autoridades de la cartera de Desarrollo Social, por entonces a cargo de Victoria Tolosa Paz, aclararon: “En lo que respecta a las rendiciones, cabe aclarar que son las organizaciones solicitantes las responsables de su presentación y no los comedores (objeto de la muestra y análisis). Por este motivo, a fin de analizar las rendiciones contables, se procedió a realizar una muestra, en la cual se dio prioridad a aquellas donde la organización solicitante es la misma que la ejecutante, quienes tienen que ‘rendir’”.

Por último, los responsables del trabajo alertaron: “La Unidad de Auditoría Interna no dispone de profesionales especialistas ni personal idóneo en nutrición, motivo por el cual no ha realizado análisis sobre dicha materia”.

Las nuevas autoridades aseguran que la calidad nutricional de los alimentos distribuidos, al menos en los últimos cuatro años, era, como mínimo, deficiente. “Antes los chicos sólo accedían a fideos con puré de tomate”, afirmó a este medio Yanina Nano Lembo, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Y aseguró que en su gestión “se aumentó de 277 a 386 el valor calórico” de la comida que se reparte entre los más vulnerables. También explicó que la prioridad es que las familias “coman en sus casas y no en comedores” y que los índices actuales de pobreza e indigencia en niños es producto de los últimos 40 años de malas gestiones.

La última auditoría que se realizó sobre la administración del Frente de Todos sobre el “Programa 26 ‘Políticas Alimentarias’; Actividad 7, ‘Comedores Comunitarios y Merenderos’”, reveló una serie de “debilidades” en cuanto al control del programa, pero además:

• ”En once rendiciones se observó que existen comprobantes sin inutilización alguna”, como por ejemplo un sello cruzado que indique que la factura fue abonada, etc; un hecho que, según los peritos “genera debilidades en el monitoreo afectando las instancias de control sobre las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones solicitantes”. Sobre este punto hay que destacar que avances de auditorías internas advierten sobre situaciones similares.
• “Imposibilidad de identificar pagos a proveedores en extractos bancarios en 23″. La auditoría también abunda que en esas rendiciones “no pudo verificarse en los extractos bancarios el efectivo pago de los comprobantes, a razón que, en ellos no figuran movimientos que coincidan con los montos facturados ni se acompaña constancia de transferencia o número de cheque que corresponde”. Lo expuesto, se explicó en el informe: “Genera una debilidad de control interno, atento a la imposibilidad de determinar fehacientemente el circuito de pago”.
• ”En la rendición correspondiente al AGBA172 se observaron inconsistencias entre la mercadería facturada, respecto de la mercadería recepcionada y utilizada, según lo certificado por los responsables de la organización y responsable regional del Programa. Sobre este punto de cuatro facturas por una compra total de 72 medias reses, por un total de 7.083 kilos, mientras que, de las manifestaciones mencionadas, se desprenden la recepción de cortes específicos, tales como picada, carnaza, milanesas, mondongo, etc., y no la recepción de las medias reses”.
• En otro de los puntos, los auditores destacaron que a lo largo de la tarea “se visualizaron casos donde la documentación aportada consistía en fotografías y/o escaneos de baja calidad de los comprobantes y extractos bancarios”.

Cómo informó este medio, la Sindicatura General de la Nación ya aprobó realizar una nueva auditoría sobre comedores y merenderos comunitarios.

<b>Cambio de modalidad</b>

A poco de asumir, el gobierno de La Libertad Avanza cambió la forma de distribuir los alimentos a los sectores más vulnerables. Por un lado, decidió asistir a los comedores y merenderos “verificados” con asistencia directa, esto es dinero a través de la tarjeta Alimentar Comunidad. El monto se recarga cada vez que el o la responsable del lugar rinde los gastos.

En segundo lugar -además de aumentar los montos de la Tarjeta Alimentar- el Ministerio de Capital Humano firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.

Con esta batería de medidas, las nuevas autoridades le quitaron a las organizaciones sociales, que formaban parte de la administración Fernández, la administración de los alimentos. A ellos -y a los piqueteros, como el Polo Obrero- le estaban destinados el 8% de los alimentos que se les entregaba de manera directa desde los galpones de Desarrollo Social -actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que está bajo el ala de Capital Humano-. Es decir se les quitó “a los gerentes de la pobreza” la “tercerización” de la comida.

Según las propias auditorías realizadas por la cartera de Capital Humano, sólo el 7% de los alimentos que recibían por parte del Estado eran rendidos. Y muchos terminaban “en comedores que no existen”.

La ministra asegura que ahora está todo bajo control y que los dos organismos internacionales tienen “estándares de auditorías” que aseguran el destino final de las “unidades de alimentos”.