Alerta empresarial por el viraje del Gobierno sobre los bloqueos sindicales que permitió el acuerdo con la CGT

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) le expresará este miércoles al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, su rechazo a la decisión del Gobierno de consensuar con la CGT la reglamentación del artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos. Se trata de la primera consecuencia del acuerdo entre la Casa Rosada y la cúpula cegetista, que prendió las luces de alarma en el sector empleador porque deja en evidencia que habrá concesiones oficiales al sindicalismo.

El MEAB fue la primera entidad empresarial que se pronunció en contra de la decisión del Gobierno, en un duro comunicado firmado por su titular, Juan Méndez, en el que calificó como un “dislate” que “transformara en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente”, al “integrar al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante”.

Lo acordado entre Francos y la CGT fue que se creará una comisión tripartita para consensuar la reglamentación del artículo que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado. Ante las diferencias sobre el tema que había en el propio gabinete, y para no acceder al reclamo sindical, el Gobierno decidió no reglamentar ese artículo.

En otros sectores empresariales también crece la inquietud ante la puerta abierta por el gobierno de Javier Milei. “Si nos convocan, iremos a escuchar y a llevar la postura de que el bloqueo y la ocupación de empresas no son medidas legítimas de acción directa”, dijo a Infobae un directivo industrial. Y agregó: “Técnicamente, ese artículo no necesita reglamentación porque, en definitiva, quienes van a interpretar si la conducta de la empresa es correcta o no son los jueces. Ahora, si lo que se pretende es limitar o generar una prejudicialidad que inhiba la actuación del empleador y que terminará dilatando o estimulando, por supuesto que no estamos de acuerdo”.

“Creo que hay que buscar acuerdos con la CGT -resaltó el mismo empresario-, pero hay que encontrar los límites del acuerdo porque no puede haber una rendición incondicional de nuestro sector”.

El artículo anti-bloqueos fue uno de los dos puntos de la reforma laboral que la CGT pidió cambiar para suavizarlos en la reglamentación. El otro, cuyo contenido se adaptó a los reclamos sindicales, fue el que crea la figura de trabajador independiente que puede tener a otros autónomos a cargo.

Los negociadores de la CGT propusieron a la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, que el artículo anti-bloqueos incluyera un procedimiento judicial previo para que el juez determine si hay injuria grave en esas protestas y que el eventual despido “no pase por una decisión del empleador”. Algo similar al procedimiento previo para el desafuero de un delegado, donde “hay una intervención judicial para que la determinación sea más técnica y menos discrecional”.

Para los empresarios, lo que pedía la CGT se trataba de una fórmula “inaceptable” porque “desnaturalizaría la figura contemplada en la ley y volvería a convertirla en algo negociable y no taxativo”, como advirtieron a Infobae en la Unión Industrial Argentina (UIA).

En las negociaciones para consensuar la reglamentación hubo tironeos entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el asesor presidencial Santiago Caputo: éste proponía aceptar la sugerencia de la CGT para atenuar el artículo anti-bloqueos, mientras el ex titular del Banco Central se oponía a ceder ante los sindicalistas. Por eso Cordero, con un guiño de la CGT y de entidades empresariales, logró que aceptaran su idea de no reglamentar ese punto.

Sturzenegger admitió la dificultad de reglamentar ese artículo: “La redacción que hizo el Congreso es fuertísima porque habla de bloqueo total o parcial”, afirmó el ministro. Y eso, agregó, puede generar “un cierto halo de discrecionalidad” para determinar los alcances de una protesta.

Un empresario pyme, sin embargo, tuvo una mirada más optimista sobre la nueva etapa que se abre para reglamentar el polémico artículo: “Si la reglamentación sale bien, no estaría mal porque la Ley Bases igual establece una dura sanción para quienes bloquean una empresa”. Aun así, advirtió que el sector empleador le dio “un apoyo al Presidente por sus promesas de cambio, y si ahora hay un retroceso en un tema clave como los bloqueos, vamos a estar en la vereda de enfrente”.

Cuando se dictó el decreto reglamentario de la reforma laboral, Cordero sostuvo que la no reglamentación del artículo anti-bloqueos le parecía una “solución muy moderada”, pero destacó que si no conformaba a la CGT, la postura oficial consistiría en aclarar que “la ley es una decisión del Congreso”. Y añadió: “en el Gobierno había intención de contemplar la posición de las partes, aunque no hay cosa más neutral que decir: son las palabras del Congreso Nacional”.

Anoche, luego de la reunión Gobierno-CGT, un importante funcionario libertario negó una marcha atrás del oficialismo sobre este punto: “Sólo queremos establecer un protocolo previo en los casos de bloqueos”. Eso es justamente lo que reclaman los sindicalistas y rechazan los empresarios.