El gobierno de Kicillof tomó distancia del proyecto de ley que actualiza indemnizaciones por despidos en la Provincia

Mientras sigue su debate en comisiones, el proyecto que actualiza indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires funciona como parteaguas dentro del peronismo. Este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, distanció al gobierno de Axel Kicillof de la iniciativa que fuera presentada por las diputadas kirchneristas Maite Alvado y Soledad Alonso, aprobada en Diputados y que se encamina a ser discutida en el recinto del Senado bonaerense.

“No es un proyecto del Ejecutivo, sabemos de qué se trata y que se está debatiendo en la Legislatura, pero no es un proyecto del Ejecutivo”, planteó ante la consulta de Infobae el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en su habitual conferencia de prensa de los lunes. Casi a la misma hora, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, declaraba que “lo que hay que procurar desde el ministerio de Trabajo, más allá de pensar en un futuro, es consolidar el presente, pelear y defender los puestos de trabajo”.

Detrás de las declaraciones de los funcionarios de Kicillof sobre el proyecto está el posicionamiento que tienen en el Ejecutivo con este tema. La modificación cambia el artículo 48 de la Ley 11.653, que tiene que ver con la fórmula para calcular las liquidaciones dispuestas en juicios laborales. Según pudo saber Infobae, la intención del Gobierno es avanzar en una instancia de mediación previa a la hora de efectivizar la liquidación de las indemnizaciones, a contramano del proyecto que se viene discutiendo en la Legislatura. “El problema es de la Justicia y los tiempos que tardan”, advierten en La Plata.

“A lo largo de estos 8 meses de la presidencia de Milei, en la provincia de Buenos Aires hubo 165 mil despidos. No es un número más, son 165 mil familias que se quedan sin un trabajo digno. Estamos haciendo todo lo posible, tanto el Ejecutivo como el Legislativo”, agregó Correa en declaraciones a Radio Estación Sur. El ministro de Trabajo había participado de la presentación de la iniciativa en cuestión.

El proyecto que hoy se encuentra en la comisión de Legislación General en el Senado bonaerense plantea que “el monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago”; es decir pasar de una tasa pasiva a una activa, como ocurre en el ámbito laboral de la Ciudad de Buenos Aires

En diálogo con Infobae, la diputada Maite Alvado -una de las autoras del proyecto- planteó que “es momento de centrar la discusión en un punto clave y es justamente el punto que intentamos focalizar, que en definitiva se trata de equiparar las indemnizaciones con los que sucede en la Ciudad”, y que “hace 22 años funciona pacíficamente esta tasa en la Capital y no hay un quiebre masivo de Pymes por juicios laborales”, detallando que “en el 2002 se comienza aplicar la tasa activa y la Provincia nunca lo hizo. Lo que buscamos es equiparar los derechos de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires con los de la Ciudad, nada más”.

Sin embargo, el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, le dijo a Infobae que “las situaciones de la Ciudad y la Provincia no son las mismas”, debido a que “la Provincia no tiene ni instancia conciliatoria ni Cámara de Apelaciones que revise las sentencias. Por ende, una propuesta como esta podría funcionar como incentivo para la litigiosidad”.

Tras ser aprobado en Diputados y haber obtenido despacho favorable de la comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense, el proyecto se encuentra en la comisión de Legislación General. Una vez debatido en ese ámbito pasará a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para luego ser discutido en el recinto de la Cámara Alta. Esta semana no está convocada la comisión de Legislación General.

En las dos comisiones que le restan en su tránsito por el Senado, Unión por la Patria tiene mayoría. Con el antecedente de lo que sucedió en Trabajo y Legislación Social, negociadores legislativos del peronismo le hicieron saber a este medio que la intención es darle tratamiento al expediente. Unión por la Patria -que es la primera minoría del Senado- requiere de tres aliados en el recinto.

La oposición ya avisó que no acompañará la iniciativa. Sin embargo, ese “no acompañamiento”, sugiere una licencia discursiva y de funcionamiento legislativo: no acompañar no es lo mismo que rechazar. Ese es el “temor” que tienen distintas entidades empresariales y de Pymes que también se oponen a la iniciativa.

En las últimas horas quienes se sumaron al debate fueron las entidades rurales que integran la Mesa de Enlace bonaerense. Giraron una carta al Senado donde remarcaron que “el incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas, lo que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas”, y que la iniciativa “tendría un impacto directo en el empleo rural y en las economías regionales”.

Por su parte, las Pymes esperan que, si la iniciativa se aprueba, sea Kicillof quien “enfríe” su reglamentación y promulgación. Ante lo que pareciera ser el desapego del Ejecutivo bonaerense a este proyecto, desde La Cámpora plantearon: “Más allá de la posición del Ejecutivo nosotros no vamos a dejar de seguir impulsando leyes”.