Las Fuerzas Armadas cuestionan el proyecto de Seguridad Interior del Gobierno y advierten sobre la falta de presupuesto

En el último brindis de camaradería, luego de entregarle los sables y despachos a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, el presidente Javier Milei dejó un mensaje que no era del todo el que esperaban algunos de los militares presentes, pero que trajo tranquilidad: la decisión del actual Gobierno de equiparar los sueldos del sector a los de la seguridad, cuando se mejore la situación económica.

De esta manera, el mandatario nacional se refirió por primera vez a uno de los principales problemas que sobrevuela el mundo castrense, que es la falta de presupuesto, tanto para pagar los salarios de los uniformados, como para mantener operativos los equipamientos.

Unos días más tarde, el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió en el Congreso el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior que impulsa el oficialismo y que les permitiría a las FFAA colaborar en el combate de ciertos delitos dentro del país, una iniciativa que a una parte de la institución armada mira con cautela y algunas críticas.

“Esta ley es absolutamente constitucional, estamos adaptando las normas a los nuevos desafíos de la defensa. Sáquense las anteojeras de los `70 que les impiden ver la realidad. Hoy necesitamos Fuerzas Armadas que protejan a los argentinos de las nuevas amenazas”, sostuvo el funcionario al respecto.

Puntualmente, la medida presentada por el Poder Ejecutivo busca que los cuerpos militares, bajo determinados supuestos, puedan realizar patrullaje; control de personas y vehículos; operaciones de control en puestos fijos o móviles; control y vigilancia de instalaciones inmuebles, y aprehensión en flagrancia.

Fuentes del sector destacaron a Infobae el discurso de Petri en el Senado, pero señalaron algunos de los problemas que tiene la iniciativa del Gobierno, que a su entender podrían generar inconvenientes en el futuro, en caso de que se apruebe.

En este sentido, en las Fuerzas Armadas remarcan que sus integrantes cuentan con un entrenamiento específico para luchar ante eventuales conflictos bélicos, que son sustancialmente distintos a los despliegues que se dan dentro del territorio nacional para evitar delitos o mantener el orden público.

Más allá del adiestramiento especial que requerirían los uniformados para comenzar a ocuparse de estas tareas, también se muestran preocupados por la cuestión operativa, ya que consideran que podría producirse una discusión jerárquica a la hora de convocar a soldados, que no pueden quedar bajo el mando de efectivos de seguridad.

Por otra parte, la norma, a la que pudo acceder este medio, establece que “en los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso”.

Esto también encendió una alerta en el ámbito castrense, que remarca la importancia de aclarar en profundidad esta cuestión para que todo eventual accionar esté dentro del marco de la ley, si bien el texto detalla que su participación “será calificada en cumplimiento del deber y, por consiguiente, no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal”.

En el interior de la institución opinan que, no obstante, como está planteada la norma, se podría llegar a juzgar en un futuro al personal militar por exceso en el uso de la fuerza, ya que tampoco se aclara cuáles serán “las acciones necesarias” que podrán implementar ante los “presuntos delitos”, que tampoco se especifica de qué tipo son.

Asimismo, el proyecto subraya que la intervención de las FFAA se dará cuando se produzca “un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal”, por lo que hay quienes creen que se podría interpretar que el narcotráfico en Rosario, por ejemplo, cumple con esa definición.

En esa ciudad santafesina, el Ejército ya presta asistencia a través del despliegue de vehículos y la puesta a disposición de equipo especializado, por lo que en sus filas hay cierta cautela ante la idea de aumentar su involucramiento en la zona.

Otro punto importante que cuestionan desde el sector es la autoridad que el proyecto le da al ministro de Defensa para disponer la actuación de los militares en temas de seguridad interior, algo que solamente puede decidir el Presidente, en su rol de Comandante en Jefe de las FFAA.

Falta de presupuesto y necesidades urgentes

Dentro de las Fuerzas Armadas, encabezadas por los jefes del Estado Mayor Conjunto, Xavier Julián Isaac; del Ejército, Carlos Alberto Presti; de la Armada, Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo, insisten con un reclamo de larga data, que es la falta de presupuesto.

De acuerdo con el Banco Mundial, el gasto militar en la Argentina en el 2022 fue de tan solo el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio de la región, donde Chile destina el 1,8% de su PIB a esta área, mientras que Bolivia llegó al 1,5 por ciento ese mismo año.

Al respecto, en el ambiente no se cuestiona la gestión de Petri -a quien sí se lo critica por hacer un “uso innecesario y excesivo” de los uniformes y símbolos durante los actos-, ya que reconocen que el problema es los pocos fondos con los que se cuenta.

Si bien hay un entendimiento de la crisis económica en la que se encuentra el país, en los cuarteles hay una expectativa de que se incrementen las partidas destinadas a la defensa en el proyecto de Presupuesto que el Gobierno deberá enviar al Congreso en los próximos meses.

Como muestra de la necesidad urgente de contar con más recursos, en las FFAA explican que, en general, el equipamiento militar -tanto vehículos como armamento y otros bienes- requiere de un 2% de su valor de compra por año para mantenerlo operativo.

De esta manera, los flamantes aviones F-16 Fighting Falcon que la Argentina compró recientemente a Dinamarca por unos 300 millones de dólares, demandarían en total USD 6 millones anuales para que las 24 aeronaves sigan en funcionamiento.

Además, actualmente buena parte del presupuesto con el que cuenta el Ministerio se utiliza en pagar los salarios de los uniformados y el personal civil, a pesar de que siguen siendo bajos -al punto de que algunos de ellos están por debajo de la línea de la pobreza, aseguran-.