Senadores dialoguistas rechazan reformas clave del proyecto jubilatorio y se le complica el escenario al Gobierno

En menos de 72 horas, Javier Milei sabrá si la oposición en el Senado lo obligará a vetar, de manera parcial o total, la ley que mejora las jubilaciones, con un plenario de comisiones ya activado para pasado mañana y un sector “dialoguista” que no cede sobre los cambios propuestos por la Casa Rosada: el Ejecutivo no sólo aplicó una tardía estrategia legislativa, sino que la misma estuvo desconectada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Para entender el eventual desenlace, hay que recordar el aterrizaje del proyecto desde Diputados, con una abrumadora mayoría opositora de dialoguistas y kirchneristas. Con poco margen de maniobra y minoría absoluta Villarruel logró, con acuerdo de circunstanciales aliados, posponer la discusión hasta después de las vacaciones que suele inventarse, sin justificativos, el Congreso Nacional.

El problema se precipitó el martes pasado. Con poco aviso, el jefe del bloque libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), convocó a algunas bancadas a escuchar las demoradas sugerencias del Gobierno. Como suele ocurrir para este tipo de cumbres, la oposición antikirchnerista exige la presencia de Villarruel. Es una de las pocas garantías que tienen para respetar acuerdos ya que, a pesar de distintos entendimientos desde el 10 de diciembre, no confían al 100% en la palabra de la Casa Rosada. Todo lo contrario a lo que ocurre en Diputados, donde se le cree más a los delegados del Ejecutivo que a Martín Menem (La Rioja).

Para la reunión de dicha tarde se presentaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy. Allí, los funcionarios ofrecieron un escenario simple: tijeretear un puñado de artículos de la ley. No obstante, entre lo contado ese día y lo ocurrido 24 horas después, en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social -que comanda la macrista cordobesa y aliada libertaria, Carmen Álvarez Rivero-, aparecieron diferencias que hartaron a los dialoguistas.

La iniciativa en cuestión establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo -en realidad, el corazón del texto opositor-, e incorpora una compensación extra -o “empalme”- de un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.

Durante la reunión del martes último, el Gobierno dijo que estaba de acuerdo con dicha compensación. No obstante, un día después, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman -que no convenció a la oposición-, manifestó: “Tiene un impacto bastante significativo en términos del presupuesto público. Tanto las cifras nuestras como las de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), para este año, hablan en torno al 0,3 % del PBI, y el año que viene más del 0,4% del PBI adicional, por el arrastre que genera eso. Y cada año, ese porcentaje se va incrementando. Con lo cual, es un punto que me parece importante tener en cuenta a la hora de discutir y analizar las consecuencias fiscales”.

Quien sentenció la postura final de la Casa Rosada fue el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros. “Si se aprobara el artículo que incrementa este 8,1%, que sería la diferencia de la inflación de enero, el incremento respecto de la ley de movilidad llegaría al 56%. Creo que es una recuperación y creo que el gobierno está comprometido. Por eso es que en abril se accedió a este incremento extraordinario de 12,5%. Creo que el gobierno está dispuesto a cubrir la inflación de enero y creemos que no debería ser con efecto retroactivo al mes de abril, sino a partir de agosto. Esto es una verdadera recuperación y es lo posible”, señaló.

“Al final no querían discutir una reforma previsional integral. Y ahora pretenden que el compensatorio salga desde este mes o cuando se sancione la ley. Demasiado tiempo esperamos y no me voy a quemar con los jubilados por este Gobierno”, expresó horas atrás un importante senador de la oposición dialoguista a Infobae. “Ya son varios los que anticiparon que quieren votar el proyecto como está. No hace falta vetar todo, que el Presidente sea inteligente y vete lo que considere necesario, y se verá luego cómo decanta eso”, opinaron desde otro despacho a este medio.

La compensación casi que quedó de lado cuando se mencionó, en el plenario de comisiones, la deuda de Nación a provincias por cajas previsionales no transferidas. En esa situación están 13 distritos y, según confió Guberman, “implica básicamente que el Estado no tenga superávit”.

A lo de recién debe agregarse el mega paquete de juicios a favor de jubilados, heredado de gestiones anteriores. En ese sentido, el funcionario de Hacienda reconoció: “Sumado todo el proyecto, estamos hablando de que tanto este año como el año próximo, las cuentas públicas cerrarían con un déficit sustantivo. Estamos hablando de que el año 2024, el resto del año, quedaría con un punto de gasto adicional en términos del PBI. Y el año que viene, 1,2 % del PBI de más gasto”.

“Al no haber ni siquiera hablado del tema, lo más probable es que haya dos o tres dictámenes. Y se verá en el recinto”, comentó el fin de semana un operador del oficialismo. En tanto, un senador dialoguista confió: “No sé si tiene mucho sentido buscarle la vuelta a esto. ¿Para qué? ¿Seguimos haciendo esperar a jubilados en medio de un ajuste brutal para que nos sigan maltratando en redes sociales?”.

Después de la cumbre entre funcionarios y legisladores del martes pasado, un reflexivo senador deslizó ante acreditados en la Cámara alta: “Se están acumulando muchas cuestiones, pero falta que llegue lo más importante. Recuerden que la ley Bases y el paquete fiscal no van a ser lo más destacado del año. Lo que se viene con el Presupuesto 2025 va a ser mucho peor que eso. Ahí se dará la verdadera batalla y verán las verdaderas caras”.