Desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada, Javier Milei prometió un “reordenamiento” de las diferentes áreas del Estado. Aseguró que se iba a achicar la vieja estructura, que pasaría la “motosierra” y ordenaría auditorías para detectar “curros” y “cajas negras”.
Si bien hasta ahora el Ministerio de Capital Humano fue el que más ruido generó respecto de esos cambios, sobre todo en la ex cartera de Desarrollo Social, existe otro organismo que avanza en ese mismo sentido: la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Hasta el 10 de diciembre de 2023, fecha en que Alberto Fernández dejó el sillón de Rivadavia, el organismo era considerado un enclave decisivo para los intereses de los sindicalistas. De hecho, las gestiones anteriores consensuaron el nombre de las autoridades de la SSS con los popes de la CGT. Milei no lo hizo: en la actualidad, el organismo encargado de fiscalizar a Obras Sociales y empresas de medicina Prepaga, está bajo la dirección de dos especialistas sin vínculos con la CGT. Su superintendente Gabriel Oriolo -que proviene de la medicina prepaga-, y el gerente general es el médico Claudio Stivelman.
Los primeros cambios ya se hicieron sentir: liberaron “la elección de las obras sociales para que los trabajadores ya no estén presos del sindicato de su actividad y puedan elegir cuál prestador de servicio prefieren”, como destacó Milei en su discurso de apertura de la sesiones ordinarias del Congreso y comenzaron a aplicar multas de manera efectiva sobre los efectores que incumplen con los servicios que deben brindarle a sus afiliados.
En los primeros siete meses de gestión ya instrumentaron sanciones que multiplican por 30 las aplicadas durante los cuatro años del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. De los $6.927.392 impuestos en esos cuatro años, se pasó a sancionar a 25 Agentes de Salud con $170.218.087. La mayoría, obras sociales sindicales.
Al llegar a la SSS, las autoridades descubrieron 6 mil expedientes de multas a obras sociales y prepagas frenados en el organismo y que hoy están bajo revisión. Como contrapartida en el 2023 hubo más de 25 mil reclamos en el organismo por parte de los afiliados a obras sociales y prepagas, pero ninguna multa.
Según la documentación a la que accedió Infobae las multas aplicadas durante la gestión de Alberto Fernández fueron las siguientes:
-En 2020 no se cobró ninguna multa.
-En 2021 se liquidaron $3.956.199
-En 2022 se aplicaron multas por $2.971.193
-En 2023 tampoco aplicó una sola multa
-En lo que va de 2024 se multaron a 25 obras sociales y prepagas por $170.218.087.
La actual gestión también modificó el valor de las multas considerado “irrisorio”. Como máximo 10 módulos, y cada módulo representa una jubilación mínima. Hoy se actualizó a 100 módulos. Es decir, hoy hay multas por más de 20 millones de pesos.
En diálogo con Infobae Claudio Stivelman, gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud opinó: “Se terminó la etapa donde los agentes de salud podían hacer cualquier cosa sin ningún control. Ahora hay que competir dando mejores prestaciones y tener todos los papeles en regla”.
También explicó que la función principal de la SSS es la de fiscalizar a obras sociales y empresas de medicina prepaga con el objetivo de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios. La SSS es el organismo donde los beneficiarios pueden denunciar a los Agentes de Salud por diferentes incumplimientos, entre ellos destaca:
-Por negativa de afiliación.
-Problemática de cobertura prestacional.
-Y por la problemática en las prestaciones por discapacidad.
En caso de que la entidad no resuelva el reclamo en tiempo y forma, la Superintendencia, organismo que depende del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Antonio Russo, iniciará un procedimiento para sancionarlas. La actual gestión simplificó los procesos de denuncia que pasaron de 13 a 5 pasos administrativos, lo que permite reducir los tiempos de gestión y garantizar mayor eficiencia operativa y transparencia.
Baja de obras sociales y prepagas
Uno de los funcionarios del Ministerio de Salud consultado por este medio destacó que, para La Libertad Avanza el encontrarse en la SSS con 6.000 “expedientes frenados” al mismo tiempo que, el año pasado, hubo 25 mil reclamos de afiliados a obras sociales y prepagas podría significar que: “En la anterior gestión hubo una bajada política de cajonear reclamos y que no terminen en expedientes” un hecho que significa: ”Mostrar pocos reclamos y un organismo que funciona bien, y no tener que llegar a multar a nadie, sobre todo a gremialistas y empresario ‘amigos’”.
El organismo también puso en marcha auditorías semanales a todas las Obras Sociales. A partir de estas auditorías, ya se intervino una obra social “por irregularidades administrativas” y, según destacaron en el organismo “en los próximos días se van a intervenir otras”. La decisión del Gobierno es que “si una vez con el interventor en funciones se comprueba que la obra social no es viable, desde el punto de vista económico, prestacional, etc se cerrarán”.
A partir de este reordenamiento del sistema de salud que está llevando adelante la SSS y la recuperación de su rol como organismo fiscalizador, se detectaron más de 100 prepagas inexistentes. En el organismo las denominan “fantasmas” ya que, luego de inscribirse como efectores de salud, nunca presentaron un papel en el organismo fiscalizador. Ni padrones, ni planes, ni estados contables, ni cartillas. Las autoridades le explicaron a este medio que “incluso, en 2021, frente a la resolución 1950 que obligaba a las prepagas a tipificarse ante el organismo, ninguna de ellas lo hizo”. Producto de esto y de la falta de respuesta ante el pedido de información de parte de la SSS se avanzó con el procedimiento para darlas de baja. En esta primera etapa incluye más de 60 y fue publicado en el Boletín Oficial de hoy 2 de agosto. La semana que viene se hará lo mismo con otras 60.
La decisión, argumentaron desde la Superintendencia de Servicios de Salud, tiene como objetivo que el beneficiario acceda a un mercado más transparente, ordenado, donde las entidades que figuran inscritas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad”.
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