El Senado intentará dictaminar este jueves el proyecto que impone penas de hasta 10 años por entregar niños

La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto, intentará dictaminar este jueves el proyecto, en medio de la actualidad del caso Loan -el menor que desapareció en Corrientes-, que impone “prisión de cuatro (4) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.

En realidad, esta iniciativa, empujada por la radical Carolina Losada -también hay un texto presentado por el kirchnerista Antonio Rodas-, fue despachada y llevada al recinto a inicios del corriente mes. Incluso, se aprobó en general. No obstante, un severo error de Pagotto sembró dudas sobre el tema y el texto fue devuelto a comisión para reiniciar su tratamiento.

Tras lo ocurrido, se invitaron a expositores para mejorar el proyecto en cuestión. Uno de ellos fue el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, actual vicepresidente de la comisión que redacta e impulsa el nuevo Código Penal, quien sugirió cambios clave.

“Todo lo que tenga que ver con la compraventa de niños, que son delitos de extrema gravedad, deben estar tipificados y de forma autónoma, con una categoría independiente”, enfatizó el magistrado federal, con el fin de “lograr la inserción de argentina en el mundo, con previsibilidad y seguridad jurídica”.

Luego, Borinsky mencionó observaciones para mejorar el texto de la ley. El más importante fue, con el fin de dejar en claro la conducta ilícita, que seguido a la palabra “entregar” se incorpore “ilegítimamente”.

Otro punto trascendental mencionado por el juez apuntó a aclarar la promesa de lucro. En esa línea, explicó: “Ambas conductas deben ser delictivas y no con la misma escala. Es más grave por precio”. Como solución propuso, en vez de subir los mínimos y máximos, otorgar el tercio superior de la escala penal cuando se trate de lucro.

Borinsky direccionó la lupa también a que “de acuerdo a los principios del Derecho Penal, no pueden estar en la una escala diferente los facilitadores de los autores”. Y advirtió: “Es una cuestión de política criminal, pero el facilitador no deja de ser cooperador con el autor y nos quedaría en una categoría más agravada que la conducta punible”.

Más tarde, resaltó la “conveniencia de la competencia federal” ante la “trascendencia” de casos como el de Loan y “todos los inconvenientes que genera el traspaso” con las provincias.

Cerca del final de su exposición -luego, respondió consultas del oficialismo y la oposición, como las de la legisladora peronista Florencia López-, el magistrado señaló que la posibilidad de atenuar penas por situaciones de “vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales” ya se encuentra contemplada en el Código Penal -en la parte general- y “no sería necesario que se incorporen” en la ley que trata la Cámara alta para evitar “controversia”. En último lugar, Borinsky aseveró la necesidad de no dejar con una “escala punitiva” inferior de la conducta originaria al funcionario público que intervenga en este tipo de delitos.

Si la comisión dictamina mañana, la ley podría aprobarse en la sesión que tiene pensada el oficialismo -aún sin confirmación formal- para el 14 o 15 de agosto. Dentro de la eventual reunión en el recinto aterrizaría también la definición de la ley que mejora las jubilaciones, aprobada por la oposición en Diputados, en junio último. La Libertad Avanza intenta modificar ese texto y devolverlo en segunda revisión a la Cámara baja. Después, las energías del Senado estarán depositadas para analizar los dos candidatos que envió el Gobierno para la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.