Federico Sturzenegger vuelve formalmente a ocupar un rol de funcionario público. Como lo había anunciado el presidente Javier Milei, el ex presidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos fue nombrado hoy como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
La cartera, que fue creada hoy también, cumple 27 funciones y muchas de ellas se solapan con las que tienen otros ministros; por ejemplo, definir cuestiones de las Empresas Públicas, que está bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo.
En ese contexto, un punto fundamental es que el nuevo ministerio estará a cargo de todo lo que tenga que ver con la revisión de los esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales. En concreto, su trabajo será desregular la economía argentina y desburocratizar al Estado nacional.
Su llegada al Ejecutivo con un cargo formal era algo esperado por varios sectores de la oposición que en estos meses, mientras se debatían la Ley Bases y el paquete impositivo, lo señalaban como el autor en las sombras de ambas normas y pidieron en varias oportunidades su presencia en las reuniones de comisión. Sin embargo, su rol de mero consejero del Presidente lo mantuvo a salvo del reclamo de los legisladores, pero eso es algo que ahora va a cambiar.
“Pichetto seguro que lo pide”, señalaron varias fuentes consultadas en referencia al jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, quien no tiene la mejor de las opiniones del flamante ministro y mucho menos del formato de “megaleyes” que envía el Gobierno.
Por el lado del radicalismo la situación es similar, pero con los pliegues propios de la UCR, que tiene varias líneas de pensamiento. A pesar de que Rodrigo de Loredo encolumnó a todo el bloque y sumó 34 votos a la Ley Bases, el proceso que comienza ahora es diferente. “Algunos lo van a pedir en las comisiones, mucho más si vienen megaproyectos de ley”, explicó un boina blanca.
El PRO se mantiene más distante de la discusión. Sturzenegger es un ex funcionario de Cambiemos y varios de los proyectos que tiene listos -y que ya mandó dentro del paquete de la ley Bases- contaban con el visto bueno del nuevamente presidente del partido, Mauricio Macri. Además, corre con la ventaja de que serán los otros bloques de la oposición quienes solicitarán la presencia del flamante ministro.
Más allá de las especulaciones, todo quedará atado a la agenda de proyectos que encare el segundo semestre el oficialismo y el rol del Ministro. Además, lo que muchos reconocen es que es una persona que “no tiene miedo de ir al Congreso”.
En Unión por la Patria están a la expectativa y prefieren no adelantar los pasos a seguir. “Veremos”, dice una fuente del bloque en clara muestra de que no quieren mostrar las cartas antes de tiempo.
El nombramiento de Sturzenegger se hizo efectivo a través del Decreto 586/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Entre los objetivos particulares, el Poder Ejecutivo indicó que el ministerio buscará “eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas”; elaborar “políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional”.
La cartera de Sturzenegger buscará “impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional”.
Un detalle del nuevo Ministerio es el punto 25, que establece que entre sus funciones está la de “entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública y en el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos cuando sean ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328″. Es decir, la vuelta de los contratos PPP para la obra pública.
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