El Gobierno reconoció que aún quedan casi seis millones de kilos de alimentos sin repartir: el detalle de los productos

El Gobierno le informó al juez federal Sebastián Casanello que en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo aún hay en stock 5.825.946 kilos de alimentos. Más de la mitad, es yerba mate con palo. También hay en existencia casi media tonelada de leche en polvo cuya última fecha de vencimiento es el próximo 31 de noviembre. Si bien el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello se mostró dispuesto a distribuir los alimentos, como ya ordenó el magistrado y la Sala II de la Cámara de Apelaciones porteña, Leila Gianni, subsecretaria Legal de la cartera apeló ante Casación Penal la decisión del magistrado de “encomendar al Ministerio de Capital Humano (…) elabore un plan de distribución de dichos alimentos”.

El Gobierno de La Libertad Avanza entiende que la orden de Casanello, ratificado por la instancia superior, “es una intromisión del Poder Judicial dentro del ámbito de competencia exclusivo de la Administración Pública Nacional”.

Stock de alimentos

El lunes por la tarde el Ministerio de Capital Humano presentó ante el titular del Juzgado Federal N°7 el detalle de los alimentos que ya distribuyó, a través de la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) “465 toneladas de leche en polvo próxima a vencer y el stock de harina de maíz” que “por razones de logística tanto de almacenamiento como de necesidades” fue repartido en el Municipio de Capitán Sarmiento en lugar de las localidades de San Isidro y Hurlingham, como se había informado con anterioridad al mismo juzgado.

El Gobierno presentó un documento adjunto de 132 fojas con el detalle de los que se hizo hasta el 19 de junio con los alimentos retenidos en los dos depósitos y también lo que aún queda. Pettovello reiteró el criterio de entregarlo a escuelas vulnerables utilizando el ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación) y se invitaron a las provincias a que soliciten la mercadería disponible para luego distribuir según dicho índice en escuelas de su jurisdicciones. Es decir que no se brindó un cronograma con el detalle de a qué lugares se enviará la comida.

Las autoridades nacionales le advirtieron al magistrado que invitó a las provincias a acceder a esos alimentos y que deberán expresar su voluntad “en el plazo perentorio que va del 24 al 28 de junio del corriente”. Y se aclaró que “una vez vencido el referido plazo, trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos, lo que será informado en detalle al Tribunal a medida que se vaya concretando”. También se informó que la logística para el retiro de los alimentos quedará a cargo de cada jurisdicción.

Según el detalle que Capital Humano entregó al juez Casanello la totalidad de alimentos inventariados en Villa Martelli y Tafí Viejo son exactamente 5.825.946 kilos.

De ese total, 3.036.685 kilos son de yerba mate, que según los análisis realizados por el “Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (…) surge que las muestras suministradas cumplirían con los parámetros establecidos”, es decir que es apta para el consumo humano.

El Ministerio aclaró que las tres toneladas de ese producto, marca “El Buen Ojo” y “Sierra del Imán”, “no fueron inicialmente incorporados al plan de distribución mencionado, dado que este Ministerio recibió por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate, un Informe que indicó que no se pudo verificar su origen y trazabilidad, mencionando a su vez que las muestras obtenidas contienen oxalato de calcio y otros elementos que no se ajustan al Código Alimentario, por lo cual en un principio y a modo preventivo se concluyó que los mismos no se ajustaban a los parámetros establecidos por la IRAM 20531:2015 PUNTO 5.7 INC.A) Y B)”.

En stock también hay 64.967 kilos -72.186 unidades- de aceite mezcla. Otros 1.028.228 kilos -1.142.475 unidades- de aceite de girasol y 453.762 kilos- 302.508 unidades- de aceite de soja.

También hay 23.592 kilos de arroz con carne que vence el 30 de noviembre de 2025. Otros 202.170 kilos corresponde a garbanzo fraccionado en envases de 400 gramos y que vencen el 12 de octubre de este año.

En el depósito de Tucumán aún existen 459.054 kilos de leche en polvo que tiene como primera fecha de vencimiento el 18 de septiembre próximo y última fecha de vencimiento el 31 de noviembre.

A eso hay que sumarle 499.901 kilos de lentejas; 13.104 kilos de locro; 42.728 kilos de pasta de maní y 134.854 kilos de puré de tomate dividido en 259.334 unidades y que tiene como última fecha de vencimiento el 30 de noviembre de este año.

“Corresponde preliminarmente destacar que no existen diferencias de objetivos entre lo dispuesto por el Tribunal y las decisiones que ya habían sido adoptadas en la sede de este Ministerio, ambos guiados evidentemente por el alto propósito de contribuir a paliar las necesidades alimentarias de sectores vulnerables”, aclara Capital Humano en el escrito de cinco carrillas presentado ayer ante el juez Casanello. Y agrega que: “En ese marco, entendemos de interés que el Tribunal conozca las especiales circunstancias que determinaron que este Ministerio dispusiera la entrega inmediata de productos alimenticios que se encontraban depositados (como quedara dicho con el fin específico de afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe) en dependencias del ex Ministerio de Desarrollo Social y que fueran adquiridos por la anterior administración gubernamental y que no han sido repartidos por decisión del anterior gobierno. Se aclara a todo evento que el destino, disposición, stock, entrega, y distribución de dichos alimentos, es una de las responsabilidades primarias asignadas por la normativa legal vigente”.

Como informó este medio, los abogados de Capital Humano insistió en reclamar que se revoque la decisión judicial que encomendó a la cartera de Pettovello a elaborar un plan de distribución de alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. Interpretan que es una injerencia del Poder Judicial en la política alimentaria del Poder Ejecutivo.

La causa se inició por una denuncia del abogado y referente de Argentina Humana Juan Grabois que presentó en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre” y la retención de alimentos en los depósitos de los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.