Un fiscal federal denunció al ex presidente Alberto Fernández por el aumento desproporcionado de las pensiones por invalidez

El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció hoy al ex presidente Alberto Fernández y a otros ex funcionarios por el aumento desproporcionado de las pensiones por invalidez entre 2020 y 2023.

La denuncia enumera decretos y resoluciones mediante los cuales se habrían flexibilizado los criterios para otorgar esos beneficios, pero también expone una maniobra para hacer “favores políticos” a intendentes y gobernadores. En ese caso, dice la presentación a la que tuvo acceso Infobae, se detectaron “personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad”. Además, se estableció que el proceso de otorgamiento, que podía tardar dos o tres años, se reducía hasta a tres meses.

Además de Alberto Fernández, el fiscal denunció a los ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, y la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez.

En concreto, Marijuán habla de “un plan sistemático desplegado en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destinándolo especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.

Según la investigación de Marijuán, en ese período se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios “lo cual reflejó un crecimiento exponencial en la concesión de aquellos de más del 1500%, pues de 79.581 casos asignados en el año 2003 se habría ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad”.

La primera norma apuntada es la resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, que “avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial y modificó los parámetros para la determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones señaladas”.

Hasta ese momento, el beneficiario no tenía que ser propietario de un inmueble cuyo valor supere el equivalente a más de 400 jubilaciones mínimas o un auto de más de 30 jubilaciones mínimas. La resolución de 2020 quitó el tope máximo de los inmuebles y permitió que el solicitante sea considerado vulnerable si tenía un vehículo con una antigüedad de mas de diez años.

La denuncia, que quedó a cargo de Ariel Lijo, también apunta a la resolución 134/2020, que dispuso que, en los casos menores de 18 años, el Certificado Médico Oficial no sea evaluado por la Coordinación de Fiscalización Médica. Y especialmente el decreto 7/2023, que estableció la posibilidad de acceder a las prestaciones a quienes se encuentren “imposibilitados o imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”; no posean un vínculo laboral formal; sean argentinos nativos, naturalizados o residente en el país, o bien extranjeros con una residencia mínima continuada en el país de 10 años; y no posean bienes, ingresos ni recursos suficientes, entre otros”.

No es todo. Marijuán también objetó el decreto 566/2023, publicado en noviembre de ese año, que estableció que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad pueden trabajar y cobrar la pensión en forma simultánea.

Al final, la denuncia enumera cada una de las concesiones que se hicieron en esos cuatro an1os para obtener la pensión: se quitó el requisito de 76% de incapacidad laboral (Decreto 7/2023, Resolución 70/2023), la imposibilidad de trabajar (Resolución 34/2020, Decreto 566/2023 y Resolución 1786/2023), se redujo la cantidad mínima de residencia de extranjeros de 20 años a 10 años, se quitó el chequeo nacionalidad y de residencia mínima contra datos fiables de migraciones, el limitante de sustento de grupo familiar, y se cambió la definición de vulnerabilidad para permitir poder darle la pensión no contributiva a más personas. (Resoluciones 1377/2021, 134/2020, 70/2023, 1786/2023).

El segundo tramo de la denuncia apunta a los “favores políticos”. En ese punto, Marijuán destaca 259 operativos de alta masiva de pensiones que se hicieron en las provincias. Las más beneficiadas habrían sido las que estaban gobernadas por el peronismo como Chaco (Jorge Capitanich), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Tucumán (Juan Manzur), Misiones (Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Axel Kicillof). “En las provincias en las que el Gobernador no era “amigo”, por ejemplo, Corrientes (Gobernador Gustavo Valdés), posiblemente acordaban sus planes con los intendentes”, dice la presentación.

Alberto Fernández encabeza la lista de funcionarios denunciados por esa maniobra, encuadrada bajo el delito de defraudación a la administración pública. “El ex Presidente de la Nación y los sucesivos funcionarios a cargo del ANDIS dictaron normas que inexplicablemente llevaron a eliminar la condición de inválido como requisito de este beneficio que justamente es la pensión por invalidez, de este modo se obsequiaron prestaciones con dinero público para llegar a manos de personas que no reunían los requisitos legales. Con este acomodamiento normativo solo se buscó una gratuidad popular”, sostuvo Marijuán.

No solo aumentó el número de pensiones, sino que se detectaron irregularidades graves como certificados acompañados por radiografías de animales o poemas como estudios complementarios.