Los diputados dialoguistas analizan incluir la movilidad jubilatoria en las negociaciones por el paquete fiscal

El jueves 27 de junio la Cámara de Diputados volverá a debatir la Ley Bases y el Paquete Fiscal para aprobar o rechazar los cambios que ambos proyectos sufrieron en el Senado. Este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con referentes de los bloques dialoguistas para retomar las negociaciones: el Gobierno dejó en claro que su prioridad es insistir con la redacción original del paquete fiscal, especialmente la reversión de Ganancias y la reforma de Bienes Personales. Ambos puntos fueron rechazados en el Senado.

A diferencia del PRO, que inmediatamente después del encuentro dejó en claro que está dispuesto a insistir con la redacción original en todos los puntos (salvo los que la Casa Rosada prefiera dejar modificados), el resto de los bloques dialoguistas por estas horas analiza cuál será su postura.

Ante la consulta de Infobae, tanto desde la UCR, como Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, consideraron que algunos de los cambios que llegan del Senado son superadores. En ese sentido, no ven ninguna necesidad de insistir con la redacción original de los artículos del blanqueo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) o las facultades delegadas.

En cuanto al blanqueo se excluyó a los hermanos de los funcionarios, a los extranjeros y los bienes de terceros (testaferros). En tanto, el RIGI se limitó a nueve sectores (foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y se determinó que debe existir un 20% de contratación de proveedores locales. Por otro lado, también se amplió la lista de organismos que el Poder Ejecutivo no puede disolver en el marco de la emergencia administrativa. Todos estos cambios “mejoran la ley”, aseguraron.

Sin embargo, al retomar las negociaciones en Diputados, entre los bloques dialoguistas no cayó del todo simpático que el Gobierno intentara esconder su interés por restaurar la cuarta categoría de Ganancias detrás de las necesidades de caja de los gobernadores. “Ellos quieren que insistamos pero no quieren decir que también es más plata para ellos”, advirtieron desde la bancada radical.

Este punto incluso fue uno de los pedidos expresos del FMI. La subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath, expresó a través de un comunicado que es deseable mejorar la calidad del ajuste a través de la vuelta de Ganancias. “Se deben continuar los esfuerzos para reformar el impuesto a la renta personal, racionalizar los subsidios y los gastos tributarios y fortalecer los controles del gasto”, dijo.

Durante la reunión con Francos desde el radicalismo también señalaron una contradicción de la Casa Rosada. Subir el piso de Bienes Personales de los actuales $27 millones a $100 tiene un costo fiscal de 0,44% del PBI. Número casi idéntico al costo del proyecto de movilidad jubilatoria que Javier Milei adelantó que vetará si se aprobado en el Senado (0,42% del PBI). “Uno es para los jubilados y el otro para devolverle a los millonarios. Un poco de coherencia”, remarcaron ante la consulta de Infobae.

La semana pasada Diputados dio media sanción a un proyecto que propone una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, incluye una compensación extra -o “empalme”- de 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).

En la Casa Rosada interpretaron que en el Congreso se concretó “un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo para romper el superávit fiscal”. En esa línea, el propio Milei adelantó que vetaría el proyecto si pasa por el Senado. “Me importa tres carajos”, dijo contundente.

Ante la consulta de este medio, en los sectores dialoguistas explicaron que no descartan la posibilidad de incluir la movilidad jubilatoria dentro de la negociación política sobre la Ley de Bases y el Paquete Fiscal. Una posibilidad concreta sería obtener algún tipo de garantía de que el Poder Ejecutivo no vetará el proyecto si avanza en el Senado.