Los senadores aprobaron el ingreso de los pliegos del juez Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para que se inicie el trámite formal en el Congreso con el objetivo de que asuman como ministros de la Corte Suprema.
Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021 cuando renunció. Y García-Mansilla es candidato para el puesto que dejará vacante en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, que llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.
Ahora, la presidencia de la Cámara deberá girar los pliegos a la Comisión de Acuerdos que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) y necesitarán dictamen positivo para que pueda pasar al recinto. Previo a eso, ambos candidatos deberán presentarse ante la Comisión para una audiencia pública. Si los candidatos reúnen el apoyo necesario, sus pliegos quedarán en condiciones de ir al recinto donde requerirán el voto de las dos terceras partes del cuerpo para acceder al Máximo Tribunal.
En el texto enviado por el Poder Ejecutivo se destaca que —como se cumplió con el procedimiento de preselección—, para el Gobierno “resulta obligatorio propiciar la cobertura de los cargos en cuestión”. Se trata del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema.
Se enfatiza, en tanto, en la importancia de “contar con un tribunal completo, especialmente en un contexto donde cada decisión requiere el consenso de al menos tres miembros”, por lo que las designaciones representan lo que el Gobierno considera como “un paso crucial para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial argentino”.
En el pliego se explica también que en el proceso de selección de Lijo ha recibido el “respaldo por parte de instituciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y la ciudadanía en general”. Y se subraya que la base del apoyo es la “idoneidad, la extensa trayectoria en el Poder Judicial de la Nación y su labor como docente universitario”.
El juez Ariel Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe que preparó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. El otro postulante, Manuel García-Mansilla, recogió 3.129 avales y 110 críticas.
El proceso legal, que duró 15 días para reunir las adhesiones y rechazos, se inició el 22 de abril y culminó el 10 de mayo. Entre quienes apoyaron a Lijo se encuentran la Asociación Mundial de Juristas, una organización no gubernamental que reúne a jueces, académicos y profesionales del derecho de más de 140 países; el Foro Legal Internacional; la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); y los jueces de la Cámara de Casación Penal, de la Cámara Federal Penal de la Capital, de la Cámara Penal Económico y magistrados y fiscales de todo el país.
A ellos se sumaron la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que encabeza el gremialista Julio Piumato y la Cámara Nacional Electoral, quien a través de su presidente, Santiago Corcuera, resaltó de Lijo “su más absoluto apego a los valores republicanos, a los que se suman sus cualidades personales”.
Lijo es titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py, desde donde tuvo varias causas de alto impacto político, como el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica, en el que procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017.
Además, formó parte de la renovación de jueces del menemismo de Comodoro Py cuando fue designado junto a Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. Como abogado se especializó en administración de Justicia y Piratería y Fraudes Marcarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El magistrado, de acuerdo con los trascendidos que recogió este medio en despachos influyentes de la Cámara alta, va recolectando de manera reservada, pero consistente respaldo legislativo. “Nadie lo va a decir, pero viene sumando votos de todos los bloques”, explicó uno de los senadores consultados por este medio.
Lijo tiene diálogo institucional con varias de las figuras clave que tiene el Senado. Pero también, el magistrado que buscará tener un lugar por los próximos 20 años en la Corte Suprema de Justicia (es que tiene 55 años) mantiene vínculos con gobernadores, que son decisivos para construir la mayoría necesaria indispensable para tener luz verde parlamentaria.
En el Congreso descansan con los plazos. Como el juez Maqueda cumple los 75 años el 29 de diciembre, los congresales tienen plazo hasta el 30 de noviembre -cuando terminan las sesiones ordinarias- para poder darle el visto bueno o no a la postulación del Ejecutivo.