La conformación de La Libertad Avanza como partido en la provincia de Río Negro generó polémica debido a que la Justicia Federal investiga la supuesta aparición de personas fallecidas entre los avales que fueron presentados ante el fuero electoral y la inclusión de boxeadores, docentes y afiliados sindicales que fueron incorporado en el listado de adherentes.
El hecho derivó en la presentación de más de un centenar de denuncias ante la Justicia Federal, aunque algunas presentaciones son colectivas, por lo que se contabilizaron más de 300 afectados. Familiares de los fallecidos que fueron incluidos en el listado expresaron su “indignación” por la maniobra. “Pensaron que nadie se iba a enterar, es un escándalo”, dijeron.
El caso ocupa la agencia política de la provincia patagónica desde hace varios días, con acusaciones cruzadas entre dirigentes partidarios, solicitudes de nulidad a la presentación libertaria y expectativa por la decisión que adoptará el magistrado subrogante de la capital rionegrina, Hugo Greca.
El juez presidió días atrás una audiencia virtual, de la que participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los alfiles libertarios que busca extender la estructura partidaria en todo el país junto a Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia no participó del cónclave y Menem sólo estuvo algunos minutos y se desconectó.
Así como lo hicieron en varias provincias, el tándem planificaba el desembarco en la región patagónica aunque las desprolijidades en la conformación de la fuerza postergaron el lanzamiento.
Las críticas internas apuntan a la diputada nacional Lorena Villaverde, mandamás de LLA en la provincia, quien participó en silencio – obligado- de la misma audiencia.
Boxeadores afectados
En el listado de fichas incorporadas para engrosar las adhesiones aparecen docentes de la provincia, afiliados de distintas agrupaciones sindicales y, curiosamente, una gran cantidad de boxeadores alineados en la Federación Rionegrina de Box.
Varios de ellos figuran en las denuncias presentadas en la Justicia Federal debido a que sus nombres fueron incorporados como adherentes sin su consentimiento. “Nos arrebataron los datos”, se quejó un dirigente de la actividad.
La inclusión de sus nombres, no fue casual. En la investigación surgió el nombre de Celeste García Ventureyra, presidenta de la Federación de Box de Río Negro, quien milita en el partido del presidente Javier Milei sino que además fue designada, a mediados de mayo, como nueva delegada de Anses en Bariloche.
Se cree que García Ventureyra utilizó la base de datos de la agrupación deportiva que conduce para “rellenar” el listado de adhesiones partidarias de LLA. La maniobra incluyó a pugilistas de renombre como Jairo Rayman, un boxeador profesional que accionará penalmente contra la dirigente.
Julio Crespo, padre de otro de los boxeadores agregados a la lista libertaria, dijo que “no tienen ningún derecho a usar los nombres de esa forma, sin conformidad de ningún tipo”.
“Hay varios boxeadores en la misma situación, por lo menos diez de Bariloche y habrá que seguir mirando de otras localidades. Es evidente que usaron el listado” dijo el denunciante, y anticipó que pedirá explicaciones a García Ventureyra.
La acusación no pasó desapercibida para la Federación Argentina de Box (FAB) que, a partir de las acusaciones, decidió suspender a la dirigente como titular de la agrupación rionegrina.
“Nos encontramos ante un caso comprobado de incumplimiento de disposiciones reglamentarias que afectan el prestigio de la Federación Argentina de Box y que violan principios del amateurismo en materia de boxeo, en este caso agravados por la investidura de García Ventureyra como presidenta de la Federación rionegrina” publicó la entidad en sus redes, para luego anunciar la sanción disciplinaria.
La funcionaria nacional no respondió a los requerimientos periodísticos.
Distintas fuerzas políticas de la provincia reclamaron medidas contra la conducción del partido en formación. Apoderados del gobernante Juntos Somos Río Negro, PRO, Primero Río Negro y fracciones peronistas exigieron la nulidad del proceso y alentaron sanciones judiciales contra los dirigentes libertarios. Tres de ellos, incluso, solicitaron la anulación del proceso de reconocimiento al partido, mientras que referentes de LLA minimizaron el caso y propusieron reemplazar las fichas observadas.
La semana próxima el juez Greca emitirá su veredicto, que podría definir la situación política electoral del partido y, al mismo tiempo, definir si encuentra responsabilidad penal en los involucrados.
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