
Las negociaciones que se desarrollaron ayer a última hora entre el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y miembros de la oposición en el Senado de la Nación no solo incluyeron cambios en el articulado de ambos proyectos, sino que llegó hasta la fecha en la cual las normas irán al recinto.
El Jefe de Gabinete se ubicó en el despacho de Victoria Villarruel y fue recibiendo uno a uno a los senadores que aún no definían si acompañaban el dictamen del oficialismo o no, lo que hasta esa hora significaba una nueva zozobra para La Libertad Avanza.
Con la presencia de la dueña de casa, Francos fue recibiendo a José María Carambia, de Santa Cruz, con quien acordó el aumento de las regalías mineras del 3% al 5%. Luego hizo lo propio con Edgardo Kuider, el entrerriano, con quien conversó sobre el tema tarifas eléctricas, al igual que lo hizo con Carlos Espínola. Ambas provincias producen energía. En todos estos casos fueron pedidos que apuntaron a sus provincias.

Un caso diferente fue la discusión con Guadalupe Tagliaferri. La senadora buscaba cambios en el articulado en lo que se refiere al blanqueo y al RIGI y buena parte de sus planteos fueron incorporados. Pero como no logró la totalidad de sus planteos, lo discutió con Francos y definió acompañar pero con disidencias.
Un dato de color, y que generó el enojo de varios en el despacho de Villarruel, fue que mientras iban haciendo el poroteo de las firmas para poder dictaminar se dieron cuenta de que faltaba uno que tenían adentro. El senador Flavio Fama, radical de Catamarca, se retiró raudamente del Congreso. ¿La excusa? Jugaba Boca. El senador asegura que había firmado el dictamen antes de irse, sin embargo, ayer fueron varios los que recorrieron su árbol genealógico recordando a varios de sus familiares.
Pero Francos no sólo negocio el articulado de las normas, sino también cuándo va a tratarse en el recinto. El reglamento de la Cámara de Senadores establece que una vez que se consigue dictamen sobre un proyecto de ley debe haber un plazo de 7 días corridos para que pueda ser debatido. Con las firmas de este miércoles, ambos proyectos están listos para que vayan al pleno de la Cámara el próximo miércoles 5 o jueves 6 de junio, que son los días que estableció la Cámara para sesionar.
Sin embargo, y aunque la Casa Rosada buscaba acelerar los procesos lo más posible, ya que busca tener la aprobación de la ley rápidamente, los bloques de la oposición dialoguista y el oficialismo definieron que será recién el 12 o 13 de junio las fechas elegidas para discutir y tratar ambos temas en el recinto.
“Hubo varias razones para estirar una semana los plazos. Algunos tenían que ver con pedidos de ellos -los senadores de la oposición- otros con conveniencia nuestra pensando en lo que van a ser las votaciones para ajustar un poco”, explicó una fuente libertaria de la Cámara Alta.
Las presencias y las ausencias a la hora de ir al recinto son muy importantes. El número del quórum es el primer paso, pero la cantidad de votos a favor y en contra son el segundo paso y en un debate como este saber con cuánto se gana o se pierde es fundamental.
“Los senadores pidieron estirar un poco. No para dilatar, sino para espaciar la atención. El Senado tiene ese formato”, explicaron las fuentes consultadas. “Además, hay algunos legisladores que viajan hoy a México y estarían volviendo la semana que viene”, agregaron.
Varios senadores de diferentes fuerzas parten rumbo a México a participar de los comicios de ese país que este domingo celebra las elecciones presidenciales y corren riesgos sus presencias a media semana en el Congreso de la Nación.

El otro punto que miran con atención, y que este intervalo de una semana y media le da aire al oficialismo para seguir negociando, es cómo se votan los cambios.
El oficialismo tiene que acotar las votaciones. Aunque Francos aseguró que no iban a impulsar en Diputados la vuelta atrás de los cambios que se realicen en el Senado, tampoco quieren que esos cambios se aprueben con los dos tercios porque si eso sucede se queda sin la chance de volver atrás.
El riesgo es en esos artículos o capítulos que el Gobierno no quiere negociar. Un ejemplo de esto son las empresas privatizadas. Hay senadores que no quieren la privatización de Aerolíneas Argentinas ni el Correo. Son radicales, de fuerzas provinciales, etc. Si todos ellos votan en contra y se les suma Unión por la Patria podrían alcanzar los dos tercios y eso implicaría que para poder volver al texto original en Diputados deberían sumar los dos tercios de los votos, algo que es prácticamente imposible.
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