La canciller Diana Mondino se reunió este viernes con su par Stéphane Séjourné en París, donde destacaron los lazos históricos entre la Argentina y Francia y el “excelente estado actual del vínculo bilateral”. Además, analizaron la agenda en común y la realidad internacional, en línea con el trabajo iniciado en febrero de este año, cuando el representante francés visitó nuestro país en su primer viaje al continente americano.
Según informaron, Mondino “puso de relieve que la Argentina busca fortalecer sus vínculos comerciales y de inversiones con Francia, con dos objetivos centrales: incrementar las exportaciones argentinas y ampliar el caudal de inversiones francesas (8º inversor externo en nuestro país), en sectores como infraestructura, industria manufacturera y energía, entre otros”.
En ese sentido, Mondino brindó detalles sobre el estado de las reformas impulsadas por Javier Milei, en particular aquellas dirigidas a facilitar el intercambio económico, los negocios y las inversiones, así como a crear un clima de previsibilidad y confianza. Séjourné, por su parte, destacó la decisión de la Argentina de iniciar formalmente su pedido de ingreso a la OCDE y se interesó en conocer el estado del proceso luego de la recepción de la Hoja de Ruta, en la víspera de la reunión. Finalmente, ambos repasaron cuestiones de la agenda regional e internacional; entre ellas, la situación en Medio Oriente y en Ucrania.
Por la tarde, la canciller argentina se reunió con el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, quien conversó sobre los detalles sobre la situación económica de nuestro país y adelantó su disposición para contribuir a la positiva relación de cooperación bilateral. “Mondino brindó un amplio panorama sobre las reformas emprendidas y su estado de implementación y expresó el interés de la Argentina en fortalecer el intercambio y la cooperación con Francia”, detallaron.
También dialogaron sobre la importancia de “continuar trabajando en aquellos vectores vinculados a la transición energética (gas, energías renovables y minerales críticos, hidrógeno y derivados bajos en carbono), en los que nuestro país cumple un rol de proveedor seguro y confiable”.
La última vez que el representante francés estuvo en Argentina se reunió con Javier Milei donde, entre otros temas, expresó el rechazo de su país a un posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque acordaron avanzar en una especie de “negociación fraccionada”. La gira de la ministra de Relaciones Exteriores continuará en Bruselas y culminará el próximo martes en Portugal.
“El acuerdo en el estado en el que se encuentra no va a pasar. No es satisfactorio. Vamos a seguir trabajando, podemos encarar otro tipo de acuerdo en aspectos económicos, culturales y otros en particular”, dijo en ese entonces Séjourné en una rueda de prensa. En ese sentido, Mondino sumó: “La situación de buscar algo óptimo y que deje feliz a todas las partes no sé si será posible y tal vez terminemos teniendo que fraccionar en varios pedazos lo que podría haber sido un acuerdo integral”.
Los 27 países de la UE y los socios fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) cerraron en 2019 un acuerdo político con miras a un tratado de libre comercio (TLC) luego de dos décadas de negociaciones. Pero el pacto -apoyado por el sector industrial alemán y especialmente resistido por los agricultores franceses, que temen competencia desleal-, sigue pendiente de adopción, en medio de discrepancias concentradas en la protección de la Amazonía en Brasil.
Previo al encuentro con el canciller francés, Argentina recibió en París la “Hoja de Ruta” para iniciar el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países desarrollados que promueve el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. La pertenencia otorga prestigio dentro del sistema internacional y funciona como un incentivo para motorizar el crecimiento económico de los países a través de un esquema de cooperación que facilita inversiones entre sus integrantes. De todos modos, el proceso puede durar alrededor de cinco años y exige cumplir una serie de requisitos económicos, institucionales y de gobernanza.
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