Colectivos y trenes funcionarán normalmente el lunes: qué servicios de transporte afectará la protesta gremial y en qué horario

Sólo los colectivos y los trenes funcionarán normalmente el lunes próximo de 8 a 11. En el resto del transporte, en ese horario, las asambleas de trabajadores dispuestas por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) implicarán, en la práctica, una paralización de las actividades. Por dicha medida, en protesta contra el gobierno de Javier Milei, quedarán afectados el servicio de subtes y el movimiento aeronáutico, marítimo y portuario, además del transporte de carga en camiones.

De todas formas, los trenes de la línea Sarmiento sufrirán demoras de 8 a 11 porque las asambleas impulsadas por la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria: como está liderada por el opositor de izquierda Rubén “Pollo” Sobrero, no acata la decisión del titular del sindicato a nivel nacional, Sergio Sasia, de que las medidas del lunes no afecten el normal funcionamiento del servicio ferroviario.

Como anticipó Infobae, la medida dispuesta por la CATT ocasionó una pelea interna: 10 sindicalistas del sector desautorizaron este jueves a Sasia, titular de la entidad, luego de que éste había aclarado que la medida “de ningún modo representan medidas de acción directa o un paro de actividades”, y aseguraron que lo resuelto en un plenario fue “realizar asambleas en los puestos de trabajo con interrupción de servicio de todas y cada una de las actividades, de 8 a 11″.

Sasia, en diálogo con este medio, confirmó que los 3 sindicatos ferroviarios que integran la CATT (la Unión Ferroviaria, los señaleros y el personal jerárquico) promoverán el lunes asambleas de trabajadores que no afectarán el servicio de trenes y, en cambio, harán una volanteada entre los pasajeros, como una forma de hacer conocer sus demandas sin causar trastornos a los usuarios.

Destacó, además, que lo resuelto en el plenario de la CATT del 26 de marzo pasado fue que “cada organización, en el ámbito de de sus competencias y en el contexto en el que está, va a instrumentar su metodología” de protesta a través de las asambleas. No es lo que aseguran los 10 dirigentes de la CATT que difundieron un comunicado para rectificar lo que había sostenido Sasia.

Quienes firmaron esa declaración, que revela la dura interna en esa entidad del transporte, son el secretario adjunto de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento); Omar Pérez (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Jorge García (taxistas), Raúl Durdos (SOMU), Néstor Segovia (metrodelegados), Graciela Aleña (viales), Marcelo Pariente (motoqueros), Roberto Coria (guincheros) y Javier López (apuntadores marítimos).

Más allá de esa pelea, el servicio de colectivos en el AMBA y ómnibus de media y larga distancia será normal el lunes próximo porque el sindicato que agrupa a los choferes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), no integra la CATT sino una organización que compite con ella, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), junto con La Fraternidad y el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, entre otros sindicatos del sector.

Todos los sindicatos del transporte, en cambio, adherirán al paro general de 24 horas que decidió la CGT para el jueves próximo. Tanto las organizaciones gremiales de la CATT como de la UGATT se sumarán a la huelga, por lo que el efecto de la protesta contra el Gobierno será muy fuerte.

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó este jueves que el Gobierno analiza posibles medidas contra quienes impulsen paros el jueves 9 en el transporte y anticipó que “la idea es garantizar que todo aquel que quiera movilizarse, especialmente los que van a su trabajo, lo puedan hacer”.

Sin embargo, el Gobierno eliminó del capítulo laboral de la Ley Bases un artículo cuestionado por el sindicalismo que reglamentaba el derecho de huelga en servicios esenciales como el transporte, la educación y la salud, con la obligación de garantizar un 50% o 75% del trabajo normal. Ese mismo artículo figuraba en el DNU 70, que fue frenado por la Justicia. El Poder Ejecutivo lo incluyó nuevamente en el proyecto de Ley Bases, pero aceptó retirarlo ante la presión de la CGT y la necesidad de buscar más consenso político para que fuera aprobado en la Cámara de Diputados.