Villarruel mide los tiempos de la Ley Ómnibus, pero crece la presión en el Senado para que convoque a sesionar

Los pedidos realizados por bloques opositores para sesionar en el Senado sumaron presión en los últimos días a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para que active el recinto. En principio, no lo haría la semana próxima, sino la siguiente, ya que el oficialismo seguirá de cerca la votación de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal para acelerar su tratamiento y amortiguar los reclamos del kirchnerismo, radicalismo, un sector del PRO y el peronismo disidente.

El último pedido fue el que concretaron el jueves pasado radicales como Martín Lousteau, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri y el peronista disidente Carlos Espínola, entre otros. Lo más curioso de esta solicitud -para el martes 30- es que, de los tres proyectos solicitados, dos responden a la legisladora kirchnerista y vicepresidenta de la Cámara alta, Silvia Sapag.

Las dos iniciativas en cuestión fueron exigidas el lunes último por el jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, que empuja una sesión especial para el jueves 2 de mayo. El kirchnerismo además incluyó un texto sobre deudas energéticas y otro del formoseño para que el Presidente sea quien más gane en el Estado, tras la polémica suba de dietas en la Cámara alta que legisladores de distintas fuerzas votaron hace 10 días.

Quien quedó relegado en toda esta situación fue el resto del PRO, que busca congraciarse con Javier Milei: seis de los siete senadores -Tagliaferri no firmó- presentaron una nota el martes a Villarruel para que elija una fecha para sesionar -es potestad de la titular de la Cámara alta, según el reglamento- y retrotraer la suba de dietas, que se aprobó en menos de un minuto y sin debate. Ningún macrista la votó esa jornada, aunque conocían a la perfección lo que ocurriría y no expresaron un rechazo rotundo a dicha medida, algo que sí hicieron con insistencia tras el encuentro en el recinto.

Uno de los proyectos de Sapag -también firmaron otras legisladoras del Frente de Todos, como la jujeña Carolina Moisés- establece “el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria”, que pasaría de menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) al 1,4% para 2032. En tanto, el segundo impone la “emergencia presupuestaria de las universidades nacionales durante el año 2024″ y fija como crédito para “financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales” en 5,8 billones de pesos.

El de Lousteau también apunta a la emergencia. En la nota para exigir la sesión, se argumentó que “el tratamiento urgente y especial de los proyectos solicitados se enmarca en la situación de desfinanciamiento del sistema universitario, llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, con el fin de lograr sostener y garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las universidades nacionales”.

Detrás de todos estos movimientos aparecen pases de factura y reclamos entre distintas bancadas de la oposición: posturas individualistas, mezquindades e hipocresía le dejaron servido el camino a un kirchnerismo -también con internas-, que aprovechó la marcha del martes pasado para adelantarse y quedar primero en la línea de reclamos contra el Gobierno. Esto impactó más fuerte en los radicales, que vieron cómo la bandera de la educación pública fue aprovechada por el Frente de Todos, mientras los bloques de Diputados y el Senado siguen sin ponerse de acuerdo en funcionamientos conjuntos. Sólo resta ver las declaraciones de sus legisladores, así como las estrategias legislativas en comisiones y en los recintos para darse cuenta de la nebulosa que tapa, en la actualidad, al centenario partido.

Si Diputados avanzara con la ley ómnibus y el paquete fiscal en la semana entrante, el Senado podría instalar esa agenda para amortiguar la presión opositora. Según confiaron desde varios despachos, el rechazo de la Cámara alta al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía habría sido el mecanismo utilizado para zamarrear al Gobierno y empujar una negociación sobre dichos proyectos. Si la discusión en la Cámara baja no llega a buen puerto entre el lunes y miércoles, la nave insignia de Milei quedaría en riesgo.