A días de la reunión en Casa Rosada, los gobernadores dialoguistas presionan por el pago de las cajas jubilatorias

Faltan 44 días para el Pacto de Mayo, el acuerdo al que Javier Milei invitó a firmar a todas las provincias el 25 de ese mes en Córdoba. Y este viernes tomará estado parlamentario la nueva Ley Bases y el articulado con el paquete fiscal. En una especie de eterno retorno nietzscheano, los gobernadores vuelven a ejercer presión sobre la Casa Rosada en una discusión signada por el reparto de fondos del Gobierno central a los estados provinciales: una disputa por caja idéntica a la que en enero empantanó el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso. En esta ocasión, lo que motiva el reclamo de un grupo de mandatarios es un decreto que el Jefe de Estado emitió el jueves pasado y que eliminó los anticipos de pagos a las cajas jubilatorias de los distritos que en los 90′ no transfirieron a la Nación sus sistemas previsionales.

La discusión se produce a días de una nueva reunión entre el Gobierno y un grupo de gobernadores considerados “dialoguistas” o “aliados”. Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, recibirá este jueves a los mandatarios agrupados en lo que fue Juntos por el Cambio. Según pudo saber Infobae, fueron convocados Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).

Se trata de un cónclave que se iba a desarrollar la semana pasada y que, finalmente, fue postergado para luego del fin de semana largo de Semana Santa. Los mandatarios irán a la reunión con reclamos y sugerencias de cambios para perfeccionar la nueva Ley Bases. Pero sobre todo, conforme pudo conocer este medio, respecto a puntos del paquete fiscal que está contenido en un articulado aparte.

El apartado central de discusión es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Los gobernadores del norte del país ven con buenos ojos la medidas. Sin embargo, los del centro y el sur plantean objeciones: centralmente, proponen que se aplique un piso más alto para el mínimo no imponible y que se retoquen las alícuotas y deducciones del proyecto del Ejecutivo.

De fondo, asoma una disputa por quién abonará el costo político de una medida un tanto impopular. Implica que el Gobierno vuelva a cobrar un impuesto que afectará, sobre todo, a la clase media. Milei prometió en campaña electoral “cortarse un brazo antes de aumentar o crear nuevos impuestos”. Pero la decisión de la administración anterior, que sustrajo la cuarta categoría de ese tributo, dejó a la Casa Rosada en una especie de callejón sin salida y en pie de guerra con las provincias, que reclaman por la restauración de esa medida. Se trata de un impuesto coparticipable y, por lo tanto, son fondos que llegan a las provincias de forma automática.

En la previa al debate de la nueva Ley Ómnibus, Milei se mantiene férreo en la decisión no coparticipar ningún impuesto más. Los gobernadores insistieron en el verano para que se coparticipara el Impuesto País, el Impuesto al Cheque o, bien, que se distribuya a las provincias parte de lo recaudado en el blanqueo que pretende ejecutar Balcarce 50. Ninguno de los puntos es, en principio, aceptado por el Jefe de Estado.

Como para sumar pimienta a esta situación, Milei volvió a apuntar ayer, en una entrevista con la CNN, que “fue un error haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta”. Para el Jefe de Estado, los mandatarios “se pusieron a trabajar sobre el capítulo fiscal para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper”. Las declaraciones no fueron bien recibidas por las provincias.

La tensión había vuelto a escalar el jueves, por la medida que afectó las cajas previsionales de 13 provincias. Ese día, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 280/2024 que modificó la Ley de Presupuesto de 2023. Milei no sancionó un nuevo Presupuesto y, entonces, trabaja con la ley de leyes del ejercicio anterior. En esa medida, el Poder Ejecutivo dispuso no transferir a las provincias el dinero correspondiente al déficit de las cajas previsionales. Aunque desde la Casa Rosada aseguran que no se trata de la “eliminación” de esas transferencias, sino de un redireccionamiento para otras partidas.

A su vez, la misma normativa formalizó la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Compensador del Transporte. Se trata de dos programas clave para financiar parte de los sueldos docente y subsidiar los boletos de los colectivos en las provincias. En un contexto de licuación y ajuste fiscal, los gobernadores alegan que dejar de percibir esos recursos agrava aún más la situación económica en sus territorios.

La decisión que modifica el pago a las cajas previsionales, empero, es el punto más sensible de la disputa. Fue lo que motivó que un grupo de gobernadores vuelva a amagar con judicializar la medida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido se manifestaron.

Algunos gobernadores ordenaron a sus equipos legales evaluar una ofensiva judicial. Son los casos de Córdoba, Santa Fe y Chubut. Ésta última, no obstante, reconsiderará la situación. Nacho Torres, gobernador chubutense, tomó la palabra del ministro del Interior, respecto a que el dinero para las cajas previsionales está y enviará, y optó por mantener la cautela.

Si bien cada provincia y cada caso es particular, con una sola provincia que obtenga el visto bueno de la Corte Suprema, será suficiente como precedente para que el resto de los estados subnacionales apelen a idéntico recurso.

El reclamo estiba en que hay 13 provincias que tienen un sistema previsional propio. En esos casos, la Anses cubre una parte del déficit de las cajas de jubilaciones no transferidas. El resto de las provincias, en cambio, transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado central luego de la reforma constitucional de 1994.

Esa situación implicó numerosas demandas judiciales entre las provincias que tienen un sistema previsional propio contra la Nación. El caso de Córdoba es, posiblemente, de los más icónicos. Esa provincia estuvo en pie de guerra con la Casa Rosada durante años. Durante la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de Juan Schiaretti, ambas partes habían llegado a un principio de acuerdo. Sin embargo, los cordobeses sostienen que Balcarce 50 no canceló aún la deuda por las cajas jubilatorias y evalúa con insistir en la Corte con el mismo planteo.

En la víspera de un nuevo debate en el Congreso, y a semanas del Pacto de Mayo, el clima político entre las provincias y el Gobierno nacional vuelve a caldearse.