La reducción de contratos que hará el Gobierno afectaría a 20 mil empleados cuyos acuerdos vencen a fin de mes

Nadie confirma todavía cuántos serán exactamente. Pero la intención gubernamental comenzó a circular a principios de marzo y se concretará en las próximas horas. No se renovarán numerosos contratos a empleados estatales que se vencen el 31 de marzo. En la Casa Rosada, algunos funcionarios sostienen que a los afectados se les irá comunicando la decisión este miércoles, porque después habrá un fin de semana extra largo por Semana Santa y por el feriado del martes 2 de abril. Las cifras difieren según las fuentes consultadas, pero serían entre un 20 y un 30 por ciento de los 71.000 estatales que no son planta permanente. La cifra que circula con mayor insistencia es la de 20.000 contratos culminados y no renovados.

El recorte en el Estado fue una de las promesas de campaña de Javier Milei y que está llevando adelante de la mano de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con la participación de otros estamentos del Gobierno. Por eso, en diciembre se dejó cesantes a todos los contratados que habían ingresado en 2023 a través de un decreto y los contratos anteriores se prorrogaron por 3 meses, hasta encarar una revisión más detallada de cada situación.

Todos los convenios que se revisaron pertenecen a quienes están encuadrados como planta transitoria o bajo otra modalidad que es la de asistencia técnica profesional. Los dos gremios que agrupan a estos trabajadores ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) estiman que en ese primer grupo hay unas 65 mil personas y en el segundo, las restantes 6.000. Para dar un ejemplo, en uno de los ministerios nacionales, un funcionario ejemplificó ante Infobae que de 40 personas a su cargo, solamente tres eran “planta permanente”.

Este tipo de contrataciones, que se prolongan a través de más de 10 o 15 años en algunos casos, es un tema que desde los sindicatos vienen reclamando desde hace mucho tiempo pero que ninguna administración parece dispuesto a corregir o a regularizar.

Desde la Jefatura de Gabinete al mando de Posse se encaró desde diciembre, en los primeros días de la gestión Milei, una auditoría para revisar el estado de las cuentas públicas en cada repartición. La reducción de personal también se incluyó en la lista de ítems, como un modo de achicar gastos.

Mediante el decreto 84 del 23 de diciembre, con las firmas de Milei y de Posse, se estableció que todos los contratos que se prorrogaran por 90 días iban a tener “un relevamiento exhaustivo” de parte de “las autoridades competentes de cada jurisdicción”. El titular de cada organismo quedó en condiciones de “evaluar la renovación de las contrataciones”.

Por eso desde la semana pasada hubo personal que ya no pudo ingresar a sus lugares de trabajo. Ocurrió el viernes en varias oficinas de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) adonde llegaron telegramas y comunicaciones telefónicas, por correo electrónico o a través del sistema interno del Estado, llamado GDE, tal como anticipó Infobae. También en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), donde el directorio se había opuesto a las directivas del Ejecutivo, se produjeron 86 desvinculaciones, lo que provocó una marcha de repudio en el Polo Científico y Tecnológico, del barrio de Palermo.

Otras dependencias se fueron sumando. A pocas horas de adoptar una medida de fuerza en el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que iba a impedir los controles sanitarios y la paralización de las exportaciones por 48 horas, hubo una negociación de último momento con ATE y se suspendió la medida. Según fuentes del SENASA allí iban a dar de baja alrededor de 50 contratos pero fuentes ligadas al sector intercedieron ante el Gobierno para que no se produzcan.

El gremio realizó esta mañana movilizaciones, asambleas y cortes de rutas en todo el país, y en la Capital Federal se movilizó al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, uno de los organismos que el Gobierno anunció que cerrará, al igual que el INADI. Incluyó en el reclamo el rechazo a la cifra del 8% que el Gobierno propuso como incremento para los estatales en marzo -UPCN aceptó esa cifra-. Luego la nutrida manifestación pasó por el Ministerio de Economía, a escasos metros de la Rosada, dependencia en la que varios empleados no pudieron ingresar porque sus huellas digitales no estaban habilitadas.

UPCN por su parte, se movilizó a comienzos de esta tarde hasta el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de julio, donde denunciaron más de 1200 contratos “discontinuados”.

En la Casa Rosada, el lunes se realizó un “aplausazo y ruidazo” de algunos de los empleados ante el alerta por despidos. En el entorno del presidente Milei estiman que este miércoles podría haber mayores precisiones sobre la cantidad de empleados que dejarán de tener vínculo con el Estado.