Entre presiones y especulaciones políticas, el Gobierno posterga una definición sobre la nueva fórmula jubilatoria

Después de semanas de presión, al unísono, por parte de la oposición dialoguista como del kirchnerismo, el Gobierno posterga cualquier definición sobre la reconfiguración de la fórmula jubilatoria que se arrastra desde la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, con serias fallas que repercuten en el ingreso de los beneficiarios. Javier Milei, que puso el freno a un tema acuciante, enfrenta tres caminos.

El primero es el original: esperar al tratamiento de la ley Ómnibus en el Congreso, que no estaría en marcha hasta fines de abril, lo cual implicaría pagar un fuerte costo político por la erosión de la calidad de vida de los jubilados y, probablemente, la evaluación de nuevos bonos para corregir el desfasaje en los ingresos.

Como se resignó a admitir el titular libertario de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hoy los votos “no están” ni para aprobar ni para rechazar la ley Bases. Y los plazos están complicados. Según admiten en la sede del gobierno nacional, estarían listos para impulsar el debate en comisión recién después de Semana Santa, por lo que llegaría al recinto a partir de la segunda quincena de abril y, en caso de aprobarse con el ítem provisional incluido, empezaría a regir recién a partir de mayo. Un escenario peligroso con una inflación que, si bien mantiene la tendencia a la baja, se mantiene en porcentajes de dos dígitos.

La segunda posibilidad sería avanzar con un proyecto de ley aparte, pero verse forzado a abrir el juego a otro capítulo de lucha legislativa con la oposición, sin el “colchón” de respaldo del resto de la ley Bases para negociar. Por lo que se imponía la tercera opción: forzarlo a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Esta última alternativa le aseguraría a Milei imponer la única fórmula que estaba dispuesto a admitir el arquitecto del ajuste, Luis “Toto” Caputo, cuyos detalles se guardan (sólo se sabe que quiere apoyar las actualizaciones sobre el Índice de Precios al Consumidor -IPC-, con una fórmula aún misteriosa, y que podría sumarse un incremento del 10%). La contracara política de esa opción sería enfrentar la chance, altamente probable, de que la Justicia volviera a jugarle en contra al Ejecutivo en un aspecto aún más delicado que la reforma laboral.

El motivo de las dudas gira en torno al potencial rechazo de la oposición al DNU. En el heterogéneo bloque de Hacemos Coalición Federal, más allá de la sintonía creciente con el líder, Miguel Pichetto, desconfían de los librepensadores que integran el espacio -apuntan principalmente a Emilio Monzó y a Nicolás Massot- y no tienen seguridades de que respetarían un acuerdo del líder con el oficialismo.

Algo similar piensan del radicalismo, a pesar de que el titular del bloque radical, Rodrigo De Loredo, le pidió al ministro del Interior, el viernes, primero en privado y luego en público, que forzara una recomposición urgente. “No les creemos nada”, dijo un asesor presidencial sobre el guiño de De Loredo. Pero no sólo manda la desconfianza, sino las dudas por la diversidad de opiniones que conviven en el bloque de correligionarios. “¿De qué nos sirve que hoy unos nos digan que están de acuerdo si después otros votan en contra?”, razonaron en Balcarce 50 basados en el antecedente del Senado con el DNU fundacional.

Mientras que Cristian Ritondo, jefe de la bancada de PRO, sugirió que le dieran luz verde al proyecto de ley que presentó su partido hace dos semanas. Una salida que en la Casa Rosada descartaron de plano desde el mismo miércoles de la propuesta del líder macrista a Francos, porque implicaría dejarles a los amarillos la iniciativa sobre un tema tan sensible para la sociedad como para las cuentas de Caputo.

El sendero del DNU presenta también el escollo judicial, y no creen tener margen para enfrentar más cautelares que embarre el terreno de la política. “Necesitamos que tenga legitimidad. Sino, después aparece un juez de Villa Calamuchita y te lo frena”, ilustró un representante de Milei, en obvia alusión al antecedente de las medidas que suspendieron la aplicación de los tramos laboral y de prestación de servicios para la salud -prepagas- del DNU de desregulación.

Desde ayer circulaba con fuerza la versión, como publicó Infobae, de que avanzarían por la tercera opción. Y si bien esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo negó en su conferencia matutina, sigue bajo evaluación. El jefe de Estado está indeciso y, por lo bajo, fuentes oficiales aseguraron este mediodía que la medida no está descartada. Mientras decide, el Gobierno enfrenta la presión de la oposición, que se abraza a la consigna de los ingresos dignos para los jubilados para disparar.