Máxima tensión entre Milei y gobernadores: un conflicto de arrastre con inquietante señal tras la visita del FMI

La semana que había sido pensada como un nuevo ensayo de puentes del Gobierno hacia los jefes provinciales, según se dejaba trascender desde la Presidencia, termina en un nivel de máxima tensión entre Javier Milei y buena parte de los gobernadores. Se verá hasta qué punto puede escalar el conflicto, a una semana de las sesiones ordinarias del Congreso. A nadie le pasa inadvertido, también en estas horas, que no sólo las medidas económicas sino además el cuadro político es observado desde el exterior para hacer cálculos a futuro. Lo acaba de hacer expreso el FMI.

El conflicto con los jefes provinciales, con eje en Chubut y con extensión que condensa otros malestares, estalló un día después de la actividad desplegada en Buenos Aires por la funcionaria número 2 del Fondo, Gita Gopinath, y casi en simultáneo con la visita de Antony Blinken. Parece difícil disociar la lectura externa.

La reunión con Gopinath constituyó un dato central en la agenda presidencial, coronada en política exterior por el encuentro con Blinken. Es sabido: la posición de Estados Unidos fue determinante para el acuerdo que alivió el camino frente a los compromisos de la deuda anotados en este primer cuatrimestre. Y sería crucial, además, en las nuevas tratativas.

Es al menos interesante, porque la sintonía del Gobierno con la política global de Joe Biden se contradice con la visión -de mínima, inquietante para los socios de Europa y con interrogantes para la región- que expone Donald Trump, figura principal de la cumbre conservadora a la que asiste Milei. Desde el Gobierno, se hizo circular que todo -discurso y postales- será cuidado para no afectar el vínculo con la actual administración de Estados Unidos.

En cualquier caso, las visitas de esta semana se relacionan en buena medida con la necesidad de descifrar más de cerca la realidad local, en especial la novedad que representó el ascenso de Milei y el estado de cosas desde su llegada a la Presidencia. La ratificación de compromisos y los avales públicos son parte de las señales, no únicas y en todos los casos significativas.

El FMI difundió una declaración amplia de Gopinath al concluir su viaje. Fueron cinco párrafos, con palabras cuidadas en los elogios y también en algunos señalamientos, después de sus entrevistas oficiales -en primer lugar, con Milei- y contactos más amplios que incluyeron a la CGT. Hubo términos muy valorados por el Gobierno, sobre todo la calificación de “excelente” para su estadía en Buenos Aires y la evaluación sobre las medidas iniciales del Presidente: “Están empezando a dar frutos”, dijo, además de destacar los “importantes esfuerzos” realizados.

Hubo referencias, reiteradas desde hace tiempo en el discurso del FMI, a la necesidad de atender las necesidades de las franjas sociales “vulnerables”. Y un mensaje repetido, pero quizá más explícito en términos políticos: “Trabajar de forma pragmática para conseguir apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”.

Ese mensaje sobre la “durabilidad” expresa la necesidad de asegurar un proceso sostenible. Y no se trata de una referencia en sentido únicamente temporal, sino al requisito previo de sustento político. Por supuesto, la sostenibilidad no demanda necesariamente acuerdos expresos de gobernabilidad, pero sí mecanismos efectivos de negociación política, reglas de juego.

La escalada del conflicto entre el Presidente y los gobernadores va en sentido contrario. Y este punto máximo de tensión es un resultado, no un espasmo, lo cual hace más grave el cuadro porque pone a la vista una mezcla de concepción política y de estrategia de confrontación en blanco y negro, bajo el supuesto de sostener el capital del balotaje frente la situación de minoría en el Congreso y sin base de poder territorial.

El conflicto emergió en toda su magnitud con un reclamo específico de fondos hecho por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, representante de la nueva generación del PRO. La discusión no se reduce a su reclamo de 13.500 millones de pesos, aunque la cifra representa más de un tercio de los fondos mensuales por coparticipación. La advertencia sobre el freno a la producción de petróleo y gas en su provincia sorprendió mediáticamente, pero no redujo los respaldos, que se venían conversando en un clima de temperatura en ascenso por recortes -transporte, docentes-que afectan a las provincias.

El planteo de Torres fue acompañado en primer lugar por el resto de los gobernadores de la Patagonia. Excedió la marca de Juntos por el Cambio -que sólo sobrevive en el ámbito de los mandatarios- y reunió las firmas de un peronista clásico y un socio kirchnerista (el pampeano Sergio Ziliotto y el fueguino Gustavo Melella) y de tres provinciales (el rionegrino Alberto Weretilneck, el neuquino Rolando Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal).

Después, llegó el respaldo de JxC. No quedó ninguno afuera, a pesar de las diferencias de posición frente a la gestión de Milei, algo no valorado por el círculo presidencial, más allá de algunos intentos de diálogo. El respaldo a Torres fue firmado por Jorge Macri y Rogelio Frigerio. Además del jefe de gobierno porteño y del gobernador entrerriano, lo hicieron los socios de San Juan, Marcelo Orrego, y de San Luis, Claudio Poggi. Y también los cinco radicales: el santafesino Maximiliano Pullaro, el mendocino Alfredo Cornejo, el correntino Gustavo Valdés, el chaqueño Leandro Zdero y el jujeño Carlos Sadir.

Después, de manera previsible, se sumaron representes de la oposición dura. Primera señal de una coincidencia eludida en el Congreso por la llamada oposición “dialoguista”: UCR, Hacemos Coalición Federal, otros espacios federales, además del PRO, más dispuesto al acuerdo con Milei. Y buscada por el peronismo/kirchnerismo en su política de choque y dureza, con sello de CFK y exposición pública de Axel Kicillof. Por otra cuerda, se sumó el cordobés Martín Llaryora, en la mira presidencial a la par del quiebre del puente con Juan Schiaretti.

La respuesta del Gobierno fue similar a la del desenlace de la Ley Ómnibus. Colocó a todos en la misma vereda como “casta”, subió el nivel de confrontación y llegó al extremo de hablar de jugadas “chavistas”. Es un camino que vuelve a poner en crisis las especulaciones sobre algún tipo de entendimiento para trabajar en el Congreso: el viernes próximo, Milei debe inaugurar el ciclo de sesiones ordinarias. El punto, antes que la capacidad negociadora, es si existe voluntad de desescalar el conflicto.