El pasado 31 de diciembre dejó de regir uno de los decretos firmados por el expresidente Alberto Fernández durante la pandemia de COVID-19, que autorizaba la tenencia de teléfonos celulares dentro de los penales a raíz del estado de excepción que regía en el país durante el aislamiento social que impidió a los internos la recepción de visitas. En este marco, días atrás, el juez mendocino Sebastián Sarmiento resolvió que los presos alojados en penales provinciales no podrán acceder a teléfonos celulares ya que justamente había concluido la emergencia sanitaria. Tras el fallo judicial en Mendoza, exigen que también se prohíba el uso de dispositivos móviles en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
El reclamo fue elevado por la diputada radical, Nazarena Mesías, autora de un proyecto que apunta a modificar la Ley de Ejecución Penal y que, entre otros puntos, contempla la instalación de inhibidores de señal en las cárceles provinciales. Pese a la urgencia que demanda el tema, la iniciativa presentada a mediados de 2023 descansa en la Legislatura bonaerense.
“Es momento de hacer cumplir la ley. Mendoza ya le dijo basta a los celulares en las cárceles. Es momento de que en Buenos Aires hagamos lo mismo”, exigió Mesías a través de sus redes sociales.
“Con el comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020, se aprobó un protocolo, al que adhirieron casi todas las provincias, para permitir la comunicación vía celular de los reclusos con sus familiares. Pero con el fin de la misma, jamás se regresó a la normalidad”, señaló. “Con la emergencia sanitaria por coronavirus ya finalizada de acuerdo a lo declarado por la OMS, las dinámicas previstas según la legislación vigente de visita y contacto de las personas privadas de su libertad ya pueden cumplirse sin impedimento”, planteó la legisladora provincial que denunció que “el uso de teléfonos móviles en las unidades del servicio penitenciario bonaerense provocó el aumento de los delitos efectuados desde adentro de las cárceles”.
La iniciativa para modificar la Ley de Ejecución Penal 12.256 busca dejar “claramente prohibido la tenencia y utilización” de teléfonos celulares, “tal como se encuentra dispuesto en la Ley de Ejecución Penal nacional”, explicó la diputada.
El punto clave es el artículo 82 que garantiza a las personas privadas de su libertad el derecho a la comunicación con sus familiares y “demás personas que establezca la autoridad competente”. La modificación mantiene la garantía, pero agrega que “queda expresamente prohibido el uso de equipos o terminales móviles y cualquier otro dispositivo que permita las comunicaciones telefónicas a través de aplicaciones informáticas de servicios de mensajería IP y redes sociales, como WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y cualquier otra actual o futura”. Este punto cobra especial relevancia luego que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, denunciara que presos de alto perfil contaban con PlayStation, además de teléfonos celulares. Más allá de que la principal función de la consola de videojuegos es el entretenimiento, también puede ser utilizada para comunicarse con el exterior a través de un chat propio.
Frente a estas posibilidades, el proyecto de ley para las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense ordena la instalación de “inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal”. La violación de esta normativa será considerada “una falta grave”.
“Resulta imperioso adoptar las medidas necesarias tendientes a controlar y bloquear las señales de telefonía celular e internet desde los mencionados establecimientos penitenciarios, con el objetivo de evitar la organización de este tipo de ilícitos desde el interior de éstos, ello sin que se afecte el derecho a la comunicación que tienen garantizadas las personas que se encuentran privadas de su libertad”, se explicó en los fundamentos del proyecto que ingresó hace más de 6 meses a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
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