ATE rechazó la intimación del Gobierno de pago por los gastos de la protesta a Tribunales

A 48 horas de que el Gobierno intimara a diferentes sindicatos a pagar los gastos ocasionados por la protesta a Tribunales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) respondió la carta documento enviada por el Ministerio de Seguridad y rechazó el pedido realizado desde la cartera conducida por Patricia Bullrich.

La respuesta fue presentada por su Secretario General, Rodolfo Aguilar, quien en representación de la entidad sindical se negó a abonar el pago solidario de la suma de $56.760.282,58 que se les solicitó en concepto de los costos que incluyó el operativo policial desplegado el pasado 27 de diciembre, cuando se llevó adelante la protesta contra el DNU de Javier Milei.

En el texto, el líder sindicalista explicó su postura y alegó desconocer los motivos por los cuales su asociación debería hacerse cargo de los mencionados gastos estatales. Asimismo, aseguró que por ley no existe nada que los obligue a pagar lo reclamado.

“En primer término, negamos la existencia de causa u obligación por la cual ATE deba abonar suma alguna, así como que ese Ministerio de Seguridad cuente con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero en concepto de ‘costos operativos’ en el marco de una movilización social, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que por ley no existe”, se lee en el documento enviado a Bullrich.

En la misma línea, la carta continúa: “En ese sentido, desconocemos y negamos los informes y notas mencionadas en su CD. No fuimos notificados ni mucho menos parte de expediente administrativo alguno, por lo que, en caso de existir, desde ya rechazamos todo su contenido por ser violatorio del derecho de defensa y de debido proceso. Resulta evidente que las Resoluciones MS Nro.943 y 949/23 son absolutamente nulas e inoponibles a esta organización sindical, en tanto violatorias de los arts. 14, 14 bis, 18, 36 y 75 incs. 19 y 22 de la Constitución Nacional, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Hacia el final del escrito, Aguilar acusa al Gobierno de llevar adelante acciones de persecución a los sindicatos y de haber realizado esta intimación con el fin de intentar enriquecerse sin causa.

“En igual sentido, negamos que ese Ministerio -ni cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo - cuente con facultades para caracterizar el ejercicio del derecho de huelga y de protesta como ‘acto ilegítimo’. En efecto, el legítimo ejercicio de un derecho, como en el caso fue la huelga y movilización convocada por ATE en fecha 22/12/23, jamás pueden ser considerados ilegal o ilegítimo”, destaca el documento.

Y concluye: “Por todo lo expuesto, intimamos cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa, así como en su evidente actitud persecutoria y antisindical, bajo apercibimiento de efectuar las acciones gremiales y legales, en el plano nacional e internacional, que estimemos corresponder”.

La respuesta de la ATE surge tras la carta documento enviada el pasado jueves desde el Ministerio de Seguridad. En la misma, informaron que se logró determinar cuál fue el costo total que el Estado destinó para la marcha, a la vez que pudieron identificar a las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.

Entre las mencionadas se encuentra Camioneros, la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA Autónoma.