En el cuarto día consecutivo de violencia en Ecuador, finalmente el Gobierno argentino se comunicó este jueves con las autoridades de ese país para manifestarles su apoyo y ponerse a disposición, en el marco del combate contra los grupos armados que están generando destrozos, muertes y amenazas.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, luego de varias gestiones, la canciller Diana Mondino logró contactarse con un alto funcionario de Quito, a quien le transmitió su respaldo frente a los ataques terroristas.
Si bien la llamada estaba prevista para el miércoles, por cuestiones de agenda de ambas partes, no pudo realizarse ese día, pero se concretó menos de 24 horas más tardes. En la breve charla, de apenas unos minutos, la ministra de Relaciones Exteriores se solidarizó con los representantes ecuatorianos.
A lo largo de buena parte de la tarde del miércoles, la Canciller estuvo intentando organizar la comunicación, pero las autoridades de Quito no pudieron hacerse un tiempo, en medio de las gestiones para tratar de controlar a las decenas de bandas terroristas, que ya fueron declaradas como “un objetivo militar” por las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina ya había emitido un comunicado el martes pasado, en el que expresó su “firme respaldo” al presidente de ese país, Daniel Noboa, “en su lucha contra el accionar de la delincuencia organizada que busca socavar el imperio de la ley”.
La propia canciller Mondino, a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, destacó el “respaldo total al gobierno democrático y al accionar de las fuerzas de seguridad contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas”.
Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó que “Ecuador pasó de ser un país tranquilo con una tasa de homicidios baja”, a uno “tomado por el narcoterrorismo”, por lo que consideró que “contra las mafias no se debe retroceder: se deben combatir día a día para imponer el peso de la ley y la fuerza del Estado para cuidar a la ciudadanía”.
“Mi solidaridad con el Gobierno y los ciudadanos de Ecuador. Estos hechos de violencia no escapan a nuestra realidad: solo en Rosario tenemos una tasa de homicidios de 22 cada 100 mil habitantes, un 66% más que hace cuatro años y hasta ahora la mitad de la tasa que hoy tiene Ecuador”, remarcó, por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni.
Luego de que el líder de una de las bandas criminales se fugara de la cárcel el domingo último, comenzó en ese país una ola de delincuencia y de motines en varias prisiones que hasta el momento provocaron al menos diez muertos.
Los terroristas, en pocas horas, colocaron varios coches bomba, secuestraron a policías en plena calle, retuvieron a las autoridades penitenciaras y tomaron por asalto un canal de televisión de Guayaquil, lo cual fue incluso transmitido en vivo.
La jefa de redacción del noticiero que estaba al aire al momento del ataque, Alina Manrique, en declaraciones a la agencia AP, relató lo ocurrido: “Me pusieron un arma en la cabeza. He sufrido. Tengo pánico. Pensé en mi vida entera, en mis dos hijos”.
Ante esto, Noboa firmó el Decreto 111, el cual ordenó que todos los sucesos violentos registrados se configuren “como una amenaza terrorista contra los pilares de la soberanía estatal e integridad territorial”.

Unas horas más tarde, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Jaime Vela Erazo, encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que los miembros de estas bandas “han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará”.
“A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto, se ha convertido en un objetivo militar”, advirtió el uniformado, mientras el Ejército se desplazaba a diferentes edificios públicos para custodiarlos.
En el centro histórico, donde se ubica el Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional, las autoridades evacuaron a los funcionarios de la Presidencia y de otras instituciones estatales que podían estar en peligro.
Además de Milei, gobiernos de todo el mundo, periodistas, intelectuales y organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se solidarizaron con Ecuador y condenaron los actos delictivos.
“Los Estados Partes del Mercosur condenan enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos relacionados al crimen organizado trasnacional que afectan la seguridad interna de la República del Ecuador”, expresó el bloque regional.
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