El fuerte ajuste impone una primera y decisiva prueba política a Milei, con eje en los gobernadores y el Congreso

Javier Milei enfrenta desde hoy su primera y decisiva prueba política. El enorme ajuste anunciado por Luis Caputo -su instrumentación práctica- coloca un foco central en el Congreso y los gobernadores. El impacto será fuerte en todos los terrenos. Los diputados y senadores vienen ocupados con la inercia de la transición, en negociaciones por espacios en comisiones y manejo de las cámaras. Y con los jefes provinciales, hubo contactos que ahora demandarán respuestas. Los proyectos de ley que traduzcan los anuncios económicos van a sacudir los dos tableros.

El ministro de Economía enumeró los títulos de las medidas, duras en el enunciado y cargadas de interrogantes que empezaron a ser respondidos por la vía del trascendido. Muchos de esos temas deberán pasar por el Congreso -desde cuestiones de impuestos a jubilaciones- y otros hacen a la relación directa entre el Gobierno nacional y las provincias. El punto de unión, como siempre, es el puente entre necesarios respaldos legislativos y la posición de los gobernadores, sobre todo con expresión en el Senado.

El escenario general es de fragmentación política. Con dos realidades de fondo, sabidas y ahora sí frente a su principal desafío: la concreción del plan que con trazo grueso -demasiado general- presento Caputo como paquete inicial. La primera es el escaso peso propio del nuevo oficialismo en cada cámara legislativa, acompañada o agravada por el modo de negociar. Y la segunda es la carencia de jefes provinciales de LLA o aliados, con capacidad para ordenar las tratativas.

Por afuera de esos ámbitos, por supuesto, asoman otros focos de tensión, algunos visibles y otros menos, todos con estribaciones políticas. Las organizaciones sociales, frente a un panorama de licuación del principal plan, el Potenciar Trabajo, y mejora en la AUH y, menos, en el programa Alimentar. Los gremios estatales. Las organizaciones sindicales en general, frente al proceso inflacionario creciente.

En todos los terrenos, también está a la vista, la decisión planteada como shock combina política y concepción económica. El Gobierno cuenta con el capital del significativo triunfo en el balotaje, al final de la explícita campaña sobre la necesidad del ajuste, y necesita ratificar que la crisis y su extensión son herencia. Lo planteó Milei en su primer discurso como presidente y es pieza central de la comunicación que comienza a exponer la Casa Rosada.

Las medidas, como se señaló, incluyen cuestiones que puede definir el Ejecutivo por sí solo y otras que van al Congreso. Es una cuestión de velocidades y de impacto social.

Dos de los diez puntos enunciados por el ministro refieren de manera directa a las provincias: la reducción de transferencias discrecionales desde el Gobierno nacional a los distritos y el corte con las obras públicas que no hayan sido iniciadas. En el primer renglón, no está claro el nivel de la poda y parece un camino para las negociaciones. Y en el segundo, abre la discusión sobre obras consideradas prioritarias y cuestiones concretas de empleo, en el contexto de crisis con estanflación.

Los gobernadores -algunos con el desafío de las propias herencias recibidas y decisión de ajuste a escala provincial- no constituyen una Liga, única, con dominio del PJ. El peronismo/kirchnerismo mantiene ocho o nueve distritos, muchos en manos de expresiones tradicionales y Buenos Aires como bastión K. En lo que hasta ahora funcionaba como JxC, se anotan cinco radicales y otras cinco del PRO y aliados. Empieza a funcionar otro espacio, menor, con eje en peronismo no alineado y provinciales.

Guillermo Francos ya tendió puentes. Lo hizo durante la transición y estas primeras horas en el ministerio del Interior. En líneas generales, no asoman señales de obstrucción. Pero la cuestión de la gobernabilidad asoma como demanda de tratativas punto por punto. Y los dos rubros que aparecen al tope son mayores: plata y obras.

El manejo de los fondos discrecionales debería equilibrarse, según demanda la mayoría de los gobernadores. Durante la gestión de Alberto Fernández y cómo resultado de la presión de Cristina Fernández de Kirchner, Buenos Aires fue privilegiada. No está en juego la muy demorada discusión sobre los criterios de coparticipación federal. Aunque sí, por ejemplo, algún punto específico de reparto.

La baja por la reforma de Ganancias, ya como planteo a Sergio Massa en el final de su gestión como ministro y candidato, generó un amplio consenso entre gobernadores para reclamar una coparticipación algo más pareja del impuesto al cheque. Es un caso particular: el grueso de lo recaudado por esa carga queda en el tesoro nacional. Se verá ahora, porque el Gobierno pretendería revisar aquella modificación a Ganancias. Y eso debe pasar por el Congreso. Es un tema sensible, pero no único: mayor resulta la pretensión de modificar el sistema de actualización de jubilaciones, algo que anticipa rechazo amplio.

El cuadro del Senado es sin dudas el más expresivo sobre lo que ocurre en el terreno legislativo. Diputados logró ordenar un poco más su funcionamiento, en un marco complejo por la cantidad de bloques e internas. Designó autoridades de la Cámara, encabezadas por el oficialista Martín Menem, y discute la integración de comisiones. Por supuesto, ese primer entendimiento no garantiza el trámite de los proyectos para el Gobierno. Será iniciativa por iniciativa.

Más compleja es la situación en la otra Cámara. Victoria Villarruel está frente a su primera prueba. Fue convocada la sesión para designar al presidente provisional y definir el manejo administrativo del Senado. Todo indica que un conglomerado amplio, sin el peronismo, colocaría en el segundo escalón a un oficialista. Si termina así, será un éxito del debutante oficialismo. Con todo, la discusión de las leyes que vienen requerirá de alianzas negociadas para cada proyecto. Un ejercicio difícil que incluye y supera al Congreso.