
El equipo laboral del gobierno de Javier Milei intensificó en las últimas horas la elaboración de los proyectos que lanzarán en estos días con el objetivo de favorecer la generación de empleo, aunque en no se propone irritar a los sindicatos, con los que se buscará profundizar el diálogo para evitar conflictos. Ese objetivo ya fue transmitido a la dirigencia gremial en los contactos reservados que mantiene el ministro del Interior, Guillermo Francos. Aun así, en la CGT existe preocupación porque el paquete de iniciativas laborales aún se está terminando de definir y temen que haya sorpresas.
“No hay alternativa al ajuste y al shock”, dijo Milei este domingo en su primer discurso como Presidente. La frase, aunque era previsible, causó inquietud en las filas sindicales sobre todo por lo que flamante jefe del Estado agregó a continuación: “Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.
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Ante el ajuste en el Estado, el titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, quien representa a la mayoría de los empleados de la administración pública nacional y también es secretario adjunto de la CGT, está a la expectativa de los anuncios y su postura prudente contrasta con la que adoptó el combativo secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien alertó que “el shock de ajuste que propone (Milei) termina de destruir a los trabajadores y jubilados” y convocó a una reunión del secretariado nacional del gremio para este jueves: allí, según se anticipó, definirá un “plan de acción” ante los anuncios económicos.

Por eso, más allá del paquete laboral, también se analizan medidas para amortiguar el costo social de los anuncios económicos del Gobierno. Mientras esperan las medidas que difundirá este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, los sindicalistas aseguran que hasta ahora no tienen precisiones de cómo será el fuerte recorte fiscal que se pondrá en marcha. Sí, en cambio, tienen en claro que Milei les abrió una puerta apenas asumió cuando dijo que recibiría “con los brazos abiertos” a “todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina”.
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A partir de los contactos reservados de Francos, en la CGT ya saben que no habrá una reforma laboral profunda, sino básicamente un puñado de proyectos que estarían incluidos en la ley ómnibus que los libertarios planean enviar al Congreso: apuntan a la modificación del sistema de multas laborales por trabajo mal registrado o no registrado y a crear un sistema indemnizatorio para los nuevos trabajadores, de adhesión voluntaria, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
Ambas iniciativas serán el eje de la “mini” reforma laboral a la que apunta Milei en esta etapa, aunque, de todas formas, se analizan otros proyectos para tratar de aprovechar el envión inicial del gobierno. La elaboración de estas medidas está a cargo de Omar Yasín, el secretario de Trabajo, que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se trata de un ex funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Jorge Triaca en el gobierno de Mauricio Macri: fue director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). En la campaña electoral integró el equipo de expertos laboralistas que redactó los planes del área para Patricia Bullrich.
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Yasín lo conoce a Macri por su militancia en el PRO, pero el secretario de Trabajo no debe su nombramiento a su relación con el ex presidente ni con la ministra de Seguridad: es amigo personal de Pettovello desde que fueron estudiantes y compartieron la militancia en la Ucedé dentro de la agrupación universitaria liberal UPAU, de donde salieron dirigentes que tomaron caminos muy disímiles como Carlos Maslatón, Amado Boudou, Ricardo Echegaray y Alejandro Finocchiaro.
Además de tener contactos en el sindicalismo, Yasin es un reconocido especialista en derecho laboral, profesor adjunto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA y subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
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Fue uno de los especialistas que hace dos meses fundamentó su rechazo a los proyectos para reducir la jornada de trabajo ante la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados.

El responsable de la política laboral del gobierno libertario tendrá como número 2 a Horacio Pitrau, un abogado experimentado que en la gestión de Triaca en la cartera laboral fue director nacional de Asociaciones Sindicales y llegó a ser secretario de Trabajo luego de que Macri desplazó a Ezequiel Sabor, de fluidos lazos con el gremialismo, cuando la CGT hizo su primera protesta, en 2017.
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Ni Yasín ni su equipo iniciaron contactos extraoficiales con los sindicalistas, tarea que estuvo a cargo de Francos de manera autónoma. Ahora sí les tocará a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo pilotear una relación directa para avanzar con las medidas: la CGT prevé pedirle en las próximas horas una audiencia a Yasín para conocer de primera mano los planes del Gobierno. Apenas hable Caputo, el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) llamará a una reunión para analizar los anuncios.

Además de la reforma que se proyecta en el Estado, la mayor preocupación de los dirigentes gremiales está centrada en los efectos perjudiciales que ocasionará la paralización de la obra pública, decisión que fue anticipada por Milei, Por eso Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, estuvo en contacto con el líder de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, quien se reunió en secreto con el actual Presidente en septiembre pasado.
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Los dirigentes sindicales tampoco tomaron contacto aún con Enrique Rodríguez Chiantore, quien ya asumió como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo autárquico que administra los fondos de las obras sociales. Es un un especialista en Salud que trabajó en los equipos de Patricia Bullrich y de Juntos por el Cambio y, temen en la CGT, su designación es una señal de que el gobierno de Milei manejará con mano dura esa “caja” millonaria, desde donde tradicionalmente se ha intentado disciplinar políticamente al poder sindical. Después de todo, el sistema de obras sociales es uno de los músculos más sensibles del gremialismo peronista.
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