Juicio político a la Corte: el kirchnerismo firmó el dictamen de acusación, pero no tendrá los votos para avanzar con la destitución

El proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, impulsado por el Frente de Todos, culminó hoy la etapa de investigación y acusación con la firma del dictamen donde se formalizaron los cargos por mal desempeño contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Para poder avanzar con la destitución de los magistrados el oficialismo ahora debería lograr una mayoría de dos tercios en el recinto. Sin embargo, dado que tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza rechazan las acusaciones, y entienden que se trató simplemente un intento de “presionar” al Poder Judicial, no hay posibilidades de que el proceso continúe durante los próximos dos años.

A lo largo de casi un año, el oficialismo hizo valer su mayoría en la Comisión de Juicio Político (16 votos) para buscar pruebas e interrogar a más de 60 testigos. Por eso, esta semana era la última en la que podrían firmar el dictamen ya que a partir de la renovación del 10 de diciembre posiblemente pierdan la mayoría. Desde la oposición argumentaron desde el comienzo que se trató de un “circo mediático” que tenía como objetivo desprestigiar a la Corte.

A pesar del impulso inicial, el Frente de Todos frenó el proceso en la recta final de la campaña electoral para no generar “ruidos” que afectaran las posibilidades del candidato oficialista Sergio Massa, quien nunca se pronunció a favor de juzgar a los jueces de la Corte. De hecho, la fecha límite para firmar el dictamen fue pospuesta gracias a la prórroga de las sesiones ordinarias. Así el oficialismo evitó dictaminar tres días antes del balotaje.

Las suspicacias resurgieron a partir de la ausencia de dos diputados del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán. Aunque desde el oficialismo matizaron las versiones al señalar que Gutiérrez fue reemplazado por Carlos Selva, que también pertenece al Frente Renovador.

“El oficialismo pretende obtener un dictamen de mayoría y así van a tratar de tenerlos a los jueces de la Corte en la parrilla un año más, para acicatear que el máximo tribunal tiene un proceso de juicio político pendiente”, señaló el jefe del bloque radical Mario Negri y aseguró que el proceso “va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que se haya tenido”.

Por su parte, el oficialista Leopoldo Moreau defendió la investigación: “Está claro que nos está vedado realizar un análisis jurídico de las sentencias pero sí nos está permitido analizar si las sentencias se han transformado en un objeto o instrumento de una grave desviación de poder. A nosotros no nos cabe duda de esa grave inconducta”.

De las 14 causales investigadas para acusar a los jueces de la Corte, finalmente quedaron en pie solo cuatro: el fallo por la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2x1 para los delitos de lesa humanidad y la presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

En la causa coparticipación, el gobierno porteño había recurrido a la Justicia porque Alberto Fernández decretó en 2020 una reducción de los fondos destinados a la Ciudad (del 3,5 a 2,3). Esos fondos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía. Para el oficialismo los presuntos chats filtrados mediáticamente entre Silvio Robles -director de la Vocalía de Rosatti- y Marcelo D’Alessandro -ex ministro de Seguridad porteño-, en los que el funcionario judicial se refiere al fallo que benefició a la Ciudad como “fallo Robles”, probarían que hubo tráfico de influencias.

Para la investigación de la causal 2x1, el oficialismo trabajó con la hipótesis de que hubo un acuerdo político entre el gobierno de Mauricio Macri y varios funcionarios de la Corte para beneficiar a ex represores a partir del fallo Muiña.

Para el Frente de Todos la jueza Elena Highton de Nolasco votó en el fallo Muiña en el mismo sentido que Carlos Rosenkrantz como parte de un acuerdo político, del que también participó el gobierno de Mauricio Macri, a cambio de poder continuar en su cargo a pesar de haber cumplido 75 años.

En cuanto a la causa Consejo de la Magistratura, acusaron a los jueces de la Corte de “resucitar” una ley derogada cuyo único objetivo era que Horacio Rosatti se erija como presidente del organismo que selecciona y sanciona a los magistrados. Señalaron que esos fallos fueron una intromisión de la Corte en competencias del Poder Legislativo.

Finalmente, respecto a las irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial, el oficialismo apuntó únicamente contra el juez Juan Carlos Maqueda por incumplimiento del deber de fiscalización, por haber mantenido sistemas informáticos obsoletos y por ser responsable de una gestión administrativa “irregular, arbitraria, no transparente”.