El próximo gobierno deberá enfrentar la revisión de un organismo clave que podría impactar en la economía

El próximo gobierno deberá enfrentar, cuando asuma el 10 de diciembre, la revisión que ya está en marcha del alcance de las normas de prevención contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un análisis exhaustivo que mide la eficacia de las políticas públicas en el combate a esos flagelos y que, en caso de no convencer a las autoridades del organismo, podría propinarle al país consecuencias serias en momentos de extrema debilidad política y, en especial, económica.

La evaluación del GAFI, la cuarta desde su creación en 1989, empezó a materializarse en los últimos meses, y culminará a fines del año próximo, en octubre del 2024, cuando el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina, es decir, si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

“Cuando las autoridades del GAFI vengan en marzo se van a entrevistar con las nuevas autoridades y después hay tiempo para preparar la evaluación. El tema es, de acuerdo al gobierno que asuma, si van a convalidar el diagnóstico y la estrategia del gobierno anterior que sale aprobado por resolución del ministro (de Justicia)”, explicó a Infobae un ex funcionario de Cambiemos que durante la gestión anterior se dedicó a estos temas.

La visita de los enviados del GAFI está prevista para marzo del año próximo, es decir, con el nuevo gobierno con pocos meses de estreno en el poder. Se trata, según los especialistas, de uno de los puntos a destacar, en especial si el ganador de las elecciones es Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza que, según su propio entorno, presenta, en principio, serias dificultades para el armado de sus equipos.

En mayo pasado, el ministro Martín Soria oficializó como coordinador nacional del Programa para el Combate de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a Jimena Zicavo, una abogada que se abocó a la investigación de la criminalidad económica y que en 2014 obtuvo la certificación de evaluadora que expide el GAFI, y que no respondió a la consulta de este medio. Zicavo administra una docena de organismos de los poderes Ejecutivo y Judicial con competencia en el tema como la UIF, el Banco Central, el Ministerio Público Fiscal o la CNV, entre otros.

Según los especialistas, la media sanción de Diputados del 19 de abril pasado de la modificación del Código Penal que aumenta penas para delitos vinculados al terrorismo y el lavado de dinero, y que dota de autonomía y robustece las facultades de la UIF, pero que duerme en los despachos del Senado, le agrega una cuota de incertidumbre a la evaluación del organismo.

Por ahora, el texto no figura entre las prioridades de la Cámara alta. Este jueves, después de muchas semanas de insistencia, Cristina Kirchner logró aprobar el pliego de una treintena de funcionarios judiciales, entre ellos el de Ana María Figueroa, ex jueza de la Cámara de Casación Penal Federal de la Ciudad que fue obligada a jubilarse el mes pasado tras cumplir 75 años.

El texto trabado en el Senado, que en un encuentro antilavado del mes pasado que tuvo lugar en CABA y que cruzó a Zicavo con Agustín Pesce, ex funcionario de Cambiemos y consejero del Colegio Público de Abogados porteño, incorpora, además, legislación vinculada a las monedas virtuales, otro de los puntos que, según los especialistas, podría tener una creciente relevancia en las consideraciones del GAFI.

Según el Índice de Adopción de Criptomonedas que realiza a nivel mundial una empresa global de blockchain, el país está entre los 20 países que más utilizan criptomonedas.

Antes de fin de año, el GAFI deberá oficializar el informe final de Brasil después de las visitas que el organismo y el GAFILAT -agrupa a 17 países de América- realizaron al vecino país en marzo pasado. “Será un buen termómetro para saber dónde estamos parados”, opinó un especialista en el rubro.

La última revisión que realizó en la Argentina tuvo lugar en el 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quedó, en ese sentido, bajo análisis permanente.

En ese entonces, la Argentina cumplió solo 2 recomendaciones de las 49 exigidas en la evaluación. En la reforma legislativa del 2011 -la ley 26.683 que modificó el Código Penal e incorporó artículos a la ley 25.246-, el Congreso le dio facultades y autarquía a la UIF y tipificó los delitos de lavado y financiamiento del terrorismo. Cuando los legisladores quitaron a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar, Cristina Kirchner entonces vetó ese artículo.

En la actualidad, la mayoría de los países encuadrados en la lista gris del GAFI presentan situaciones críticas vinculadas al terrorismo y el narcotráfico o son directamente paraísos fiscales, como Albania, Barbados, Jamaica, Islas Caimán, Panamá, Uganda o Senegal, entre otros. En el caso de las listas negras, se los considera países con alto riesgo para el terrorismo y la proliferación del lavado de dinero: Irán y Myanmar sobresalen.

Pertenecer a ese lote de países trae aparejado, por ejemplo, un costo más elevado en las transacciones financieras y estar sometido al análisis permanente.

Otro tema que no figura ahora en agenda, pero que deberá ocupar a la próxima gestión.