
La mayoría de los gobernadores del país decidieron no aplicar la medida que anunció Sergio Massa el último domingo, de pagar una suma fija de $60.000, dividido en dos cuotas, para poder contrarrestar el efecto de la devaluación y de la inflación acumulada en los últimos meses. Peronistas, radicales o de partidos provinciales, en la decisión no tuvo que ver el color político.
Durante toda la jornada del martes, las gobernaciones, muchas de ellas a través de sus ministros de Economía, informaron que no iban a sumarse al pago del bono, que sobresalió de la batería de anuncios que el funcionario nacional realizó el fin de semana, y que tienen como objetivo frenar la perdida del poder adquisitivo frente a una inflación que en lo que va del año acumuló un 60 por ciento.
Priorizaron el equilibrio fiscal de sus cuentas antes que cumplir con la decisión política del ministro. La mayoría argumentó que ya había otorgado un bono en los meses pasados o que habían actualizado paritarias en forma permanente, lo que los eximia de otorgar un aumento fijo no remunerativo. Algunos pocos dejaron saber que no tienen fondos para afrontar ese pago.
La suma debe pagarse con fondos provinciales o municipales. “Si nosotros no tenemos para afrontar una ayuda extraordinaria de estas características, sin ayuda de Nación, imagínese los municipios”, fue la confesión de Ricardo Villada, el ministro de Gobierno de Salta, provincia gobernada por Gustavo Sáenz, amigo y dirigente de estrecha confianza de Massa.

“Es una decisión desde Nación, sin tener en cuenta la situación económica y financiera de cada provincia. Nosotros no tenemos posibilidades para hacer frente a ese pago, salvo que el Gobierno Nacional envíe los fondos”, reveló el ministro de Finanzas y gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir. Dos casos puntales de provincias que advirtieron de antemano que no tenían fondos para afrontar el pago.
“Pareciera que Sergio no habló con todos los gobernadores”, aseguró un mandatario, que se mostró sorprendido por la cantidad de provincias que no se adhirieron. En total fueron 12 las que confirmaron que no darán el bono: Santa Fe, Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Córdoba, La Pampa, Salta y CABA.
A la medida se acoplaron La Rioja, Mendoza y Río Negro; mientras que Chubut, Tierra del Fuego, San Luis, Corrientes, Buenos Aires y San Juan están evaluando las finanzas provinciales o esperando el detalle de la medida, que aún no salió publicada en el Boletín Oficial.
Entre los gobernadores se mostraron extrañados por lo que consideraron que fue “una falta de coordinación” en la implementación de la medida. El impacto del anuncio oficial se vio disminuido por la cantidad de provincias que desistieron de aplicarlo, sumado a la queja y el rechazo de cámaras empresariales, que hicieron público en las últimas 48 horas.

Los mandatarios juegan su propio partido. No existe afinidad política que los haga arriesgar sus cuentas públicas en la provincia. Ni siquiera hay un motivo electoral que los empuje a tomar una medida que pueda bajar el nivel de tensión y desazón que hay en la sociedad. La gran mayoría de ellos desdoblaron las elecciones. Perdieron o ganaron, pero ya jugaron su partida.
En la provincia de Buenos Aires hay varios intendentes oficialistas que por lo bajo se quejaron de la medida por el costo que les implica. Como hay quienes tienen plazos fijos voluminosos en el Banco Provincia, evitaron la confrontación pública y, aún fastidiados por la encerrona en la que quedaron, terminarán encontrando una forma de pagarle a los estatales municipales.
“Si no lo hacen, se van a pegar un tiro en el pie. Porque va a haber aún más enojo del que hay”, indicó un importante funcionario nacional cercano al ministro de Economía.
Al mismo tiempo, varios jefes comunales esperan una señal más clara de Axel Kicillof, que aún no ha definido si dará o no el bono. “En septiembre teníamos pautado un aumento del 15% para los estatales del gobierno provincial. La cuestión del bono nos parece muy interesante en la medida que tengamos posibilidades y que convenga en el terreno de una paritaria que funciona muy bien. Veremos qué es lo que implementamos”, sostuvo ayer el gobernador bonaerense.
El vínculo entre el massismo y los intendentes no está en su sintonía más fina. Desde los municipios hay quejas por la falta de presencia y recursos en la campaña, mientras que en el búnker explican que Massa estuvo y está enfocado en la gestión para lograr estabilidad económica en los meses que le restan al año.
Lo que quedó a la vista en las horas posteriores al anuncio es que los gobernadores e intendentes le pusieron un pie en el freno a la medida nacional y no cerraron filas detrás de Massa. No hubo un respaldo político potente a la decisión. Es un momento delicado para el peronismo porque la proyección de inflación de dos dígitos empezó a construir una tormenta en el mundo dirigencial, donde sienten que les falta una línea de campaña. Un rumbo y un mensaje.
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