Conflicto del subte: hubo avances en la negociación con los metrodelegados y se fijó otro cuarto intermedio

Después de cuatro meses de medidas de fuerza gremiales, bajó la tensión en el conflicto del subterráneo de la Ciudad Buenos Aires. Esta semana, los metrodelegados, el gobierno porteño y la empresa concesionaria Emova lograron avances en las negociaciones para encontrar una salida al conflicto, que se originó por el rechazo a la presencia del asbesto en la red y la reducción de la jornada laboral para mitigar esa exposición.

Representantes sindicales y el gobierno porteño coincidieron que la audiencia del viernes “fue positiva”, indicaron a Infobae fuentes de ambas partes. En la reunión, que se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad, se acercaron posiciones sobre los descuentos salariales que aplicó Emova por las protestas escalonadas y hubo respuestas a la problemática de salud, entre otros puntos.

“Se convino un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 18 para discutir los reclamos que originaron el conflicto, es decir, que se cumpla con el fallo judicial porteño que las obliga a quitar el asbesto de todas las formaciones y el Premetro y la reducción de la jornada laboral para estar menos expuestos a ese material cancerígeno”, indicaron en un comunicado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), que encabeza el secretario general Roberto Pianelli y el secretario adjunto, Néstor Segovia.

Del encuentro participaron representantes de los gremios, directivos de Emova, funcionarios de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y de la Subsecretaría de Trabajo porteña. El deshielo en las relaciones laborales entre los sindicalistas y el gobierno porteño comenzó con una primera audiencia el miércoles 9. Ese día, convinieron a presentar un listado con los cientos de trabajadores que tuvieron fuertes descuentos en el marco de las medidas de fuerza, y que los dirigentes gremiales calificaron como “ilegales”.

Los sueldos caídos durante las protestas acaloraron el tenor de la disputa laboral. El sindicato venía realizando ceses de tareas escalonadas por estación y turnos. Ante la afectación del servicio, la concesionaria avanzó con quites salariales masivos que, en algunos casos, implicó la reducción de más de la mitad de las remuneraciones. La respuesta oficial agravó el malestar, con quejas de trabajadores que remarcaron que los descuentos fueron discrecionales y excesivos. Ante esa situación, la Agtsyp profundizó la huelga con un paros totales que afectaron a toda la red en una única franja horaria.

El área de la secretaría de Transporte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta informó que, en el marco de las conversaciones, “se continuará con la revisión de los descuentos efectuados por el operador” Emova y que habrá reintegros “siempre que NO estén vinculados con las horas no trabajadas por los empleados durante los paros”.

Además, según fuentes sindicales, los funcionarios del GCBA se comprometieron a avanzar con la licitación de una nueva flota de vagones sin asbesto en la línea B, que se oficializaría la próxima semana, y que se dispondrá de una vigilancia médica con un “efector” de salud para los empleados jubilados del subterráneo que sufrieron la exposición al material cancerígeno. Este último punto es importante para los representantes gremiales, ya que se desconoce cuántos operarios de la red fallecieron por cáncer en los últimos 30 años. Desde 1991 que está vigente la resolución 577/91 del Ministerio de Trabajo de la Nación que regula el trabajo con amianto y sus desechos, pero la dirigencia sindical asegura que Metrovías, la anterior concesionaria, “nunca la cumplió”. “Si lo hubiese hecho, las víctimas se podrían haber evitado”, lamentó la secretaria de prensa de la Agtsyp, Andrea Salmini.

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A través de una campaña pública, los trabajadores apuntaron por el perjuicio a la salud y las afecciones respiratorias que produce el amianto. Contabilizaron tres personas fallecidas por esta causa en el subte, 87 pacientes afectados y 2.150 trabajadores bajo supervisión médica. La empresa Emova expuso en el marco de las conversaciones el plan de “desasbestización” que se está implementando, que incluye otorgar licencias a aquellos operarios que están más expuestos.

El punto de mayor controversia es el pedido de reducción de la jornada de trabajo, que los metrodelegados exigen disminuir de 36 a 30 horas semanales, lo que significa trabajar solo cinco días por semana, en vez del actual régimen de seis días. El gremio tiene la expectativa de tratar este punto en la próxima audiencia del viernes 18. Días atrás, advirtió que volverían a reanudar las medidas de fuerza si no había acuerdo sobre este planteo. Antes de las últimas negociaciones, Emova y el gobierno porteño sostuvieron que el reclamo no era atendible.

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