El juez federal Hugo Greca homologó el pacto conciliatorio entre integrantes de la autoproclamada agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu y la Administración de Parques Nacionales por la usurpación de dos predios fiscales de Villa Mascardi ocurrida en 2017, avaló la entrega de tierras a los integrantes de la misma agrupación y otros puntos convenidos en las mesas de diálogo que convocó el gobierno nacional.
El acuerdo conciliatorio fue presentado por los abogados defensores de algunos de los mapuches y de Parques Nacionales y fue rubricado en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que establece una solución alternativa al conflicto.
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Se trata de los predios que fueron usurpados en noviembre de 2017 a 35 kilómetros de Bariloche, desde los cuales avanzaron hacia las propiedades linderas pertenecientes a privados. El sitio donde los usurpadores erigieron una escultura totémica de madera será declarado como espacio sagrado y en los alrededores el Estado Nacional construirá “rukas” –viviendas tradicionales mapuches – para albergar a la líder espiritual del violento grupo, Betiana Colhuan, a sus ayudantes y colaboradores, y donde la “machi” ejercerá sus prácticas sanadoras.
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El convenio que homologó el magistrado contempla además la habilitación de oficinas gubernamentales, a excepción de fuerzas de seguridad, por pedido expreso de los mapuches.
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Menciona además la reubicación de otros miembros de la comunidad en otro sector cercano, aunque el ofrecimiento de 10 hectáreas en sitio cercano a Villa Mascardi no termina de convencer a los beneficiarios: “No son tierras aptas para el desarrollo de nuestras actividades”, aseguran.
El acuerdo que avaló Greca surgió de las mesas de diálogo que convocó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, por pedido del Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
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A pesar de la dilación de los encuentros, a principios de junio se rubricó el acuerdo, a pesar de las múltiples expresiones opositoras que surgieron desde distintos ámbitos, no solo políticos, sino también e instituciones no gubernamentales de Bariloche.
El pacto excluyó a algunos integrantes de la agrupación, debido a que están prófugos y fueron declarados en rebeldía por la Justicia.
En su resolución, Greca desestimó la oposición que presentó el fiscal interino de Bariloche, Rafael Vehils Ruiz. Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal no fue el único que expresó su oposición al avance del convenio.
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Una comunidad mapuche que es reconocida en Bariloche y que tiene residencia legal en Villa Mascardi presentó una medida cautelar para revertir la cesión de tierras, mientras que los pobladores del paraje – afectados por las usurpaciones y atentados- hicieron lo propio.
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Sin reconocimiento
Tanto en el convenio como en el dictamen del magistrado, recalcan la necesidad de que el grupo avance con el trámite para su reconocimiento ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), exigencia administrativa que aún no culminó.
Sin embargo, los mismos integrantes, imputados por las usurpaciones de 2017, ya habían realizado un trámite similar para ser reconocidas como comunidad ancestral, aunque con otro nombre y exigiendo tierras a 7 kilómetros de Bariloche.
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En esa ocasión, antes de identificarse como Lafken Winkul Mapu, se denominaban Lof Colhuan Nahuel por los apellidos de la mayoría de sus integrantes. En ese lugar aún residen varios familiares y allegados.
En su argumento de rechazo a la homologación, el fiscal interino mencionó ese proceso anterior que realizaron las mismas familias, quienes “conocían el proceso legal previsto para el reclamo pacífico, aunque escogieron un modo de actuación distinto” haciendo alusión a los atentados vandálicos e incendiarios.
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