La Justicia Federal habilitó a Gendarmería a garantizar la libre circulación por las rutas nacionales ocupadas

El juez federal subrogante de Jujuy Diego Martín Matteucci autorizó la intervención de la Gendarmería Nacional (GNA) para despejar las rutas nacionales que fueron ocupadas por varios grupos de comunidades originarias y piqueteros que cortaron los accesos para protestar contra la reforma constitucional provincial, impulsada por el gobernador jujeño, Gerardo Morales. Tras una violenta jornada, se reportaron al menos 35 detenidos, más de 50 personas heridas y múltiples destrozos en diferentes puntos de la región, mientras que cientos de turistas se vieron afectados por las interrupciones en el tránsito durante el último día del fin de semana largo.

“Autorizase a la Gendarmería Nacional y Policía de la provincia de Jujuy se tomen los recaudos pertinentes, siempre y cuando las circunstancias de hecho lo permitan”, expresó el juez tras haber recibido una solicitud en carácter urgente, por parte del fiscal federal de turno, Carlos Colonnese. El escrito judicial indica que esta medida se llevará a cabo “para asegurar la libre circulación”.

La Ruta Nacional N°9, en su intersección con la Ruta N°52 en Purmamarca; la Ruta Nacional N°34 a la altura de las localidades Libertador General San Martín (Ledesma) y San Pedro de Jujuy; y la Ruta N°66 a la altura de la Finca El Pongo fueron los caminos cortados por varios seguidores de Milagro Sala, militantes del Polo Obrero y otros miembros de organizaciones sociales luego de que los legisladores jujeños apoyaran una reforma parcial de la Constitución durante una sesión celebrada en la Legislatura de la provincia de Jujuy durante la mañana del martes.

Por otro lado, la autorización que otorgó la Justicia Federal a las fuerzas de seguridad para disolver las manifestaciones sociales aclara la liberación de rutas nacionales debe hacerse “con el debido resguardo del derecho a la protesta”.

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Además, el escrito compartido a través de la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de Jujuy advierte que debe mantenerse la integridad física de las personas, “absteniéndose del uso de las armas de fuego”. De esta manera, los oficiales continuarán con su tarea de dispersar a las multitudes por medio del uso de balas de goma que fueron utilizadas para combatir los piedrazos y agresiones provenientes de los movimientos sociales.

Hasta el momento, el titular del SAME Jujuy, Pablo Jure, reveló en una entrevista a TN que se atendieron entre “50 y 70 pacientes” luego de que se ubicaran varios puestos de atención médica y ambulancias, en caso de requerirse algún traslado de urgencia hacia los hospitales cercanos. Entre los heridos por los incidentes, se encuentran varios periodistas que trabajaban en la cobertura de los hechos, quienes fueron atacados en vivo, como fue el caso del cronista Santiago Martella.

“Hasta el momento, uno solo de los heridos está considerado de mayor gravedad, con traumatismo de cráneo”, explicó el médico al ampliar que la mayoría de las personas que fueron atendidas presentaban lesiones compatibles con traumatismos. Asimismo, Jure mencionó que los damnificados fueron llevados a los hospitales Pablo Soria, San Roque, el Centro de Especialidades Norte, un nosocomio de tercer nivel y un ambulatorio.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Redactora de la Constitución, Alejandro Nieva, denunció que “son grupos kirchneristas, incluso vinieron de otras provincias, para generar este caos que se está viviendo acá”, después de que se reportara la destrucción de las ventanas de la Legislatura, así como también se controlaran los incendios provocados en el interior del recinto.

Incluso, Morales apuntó contra el Gobierno nacional al señalar: “Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la extrema violencia que está viviendo la provincia de Jujuy”, y convocó: “Llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda”.

Como consecuencia de los disturbios ocasionados, el gobernador jujeño dio marcha atrás con dos de los nuevos artículos propuestos que fueron resistidos, es decir, el artículo 50 sobre “los derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios”, que reconocía la personería jurídica de la comunidad, la entrega de tierras y el derecho a la participación en la toma de decisiones del uso de los recursos naturales, y el artículo 36 acerca del “derecho a la propiedad privada”, que proponía el reconocimiento de las mismas, la invalidación del embargo sin que existiese una autorización fundada por ley y la abolición de la confiscación de bienes.

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