Patricia Bullrich respondió las críticas por la declaración de la secretaria de Milman: “Ya no saben qué inventar”

Patricia Bullrich decidió hablar luego de que una de las secretarias de Gerardo Milman, ex mano derecha de la dirigente del PRO, declarara en la Justicia que había borrado fotos íntimas de su teléfono. El dato que llamó la atención es que Ivana Bohdziewicz contó que todo este procedimiento se hizo una oficina de la precandidata a presidenta y que participaron también Milman y un perito.

Ante esto, primero Cristina Kirchner y luego Alberto Fernández se sumaron a la denuncia contra Bullrich y la ex ministra de Seguridad salió a contestarles: “Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba”, publicó la titular del PRO en uso de licencia en sus redes sociales.

La Vicepresidenta se refirió esta mañana al nuevo dato en la causa. Utilizó un fragmento de una nota periodística publicada en el diario Página 12: “En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y precandidata a la presidencia, Patricia Bullirchi (sic), es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner. La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!”

Y sobre ese texto, CFK agregó: “Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de Página 12, el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman (sic). Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre”.

En sintonía se expresó Alberto Fernández durante su visita a La Rioja para capitalizar la victoria electoral del domingo en la que se impuso Ricardo Quintela: “Lo que está en riesgo es la democracia. Cuando leo en los diarios que en el despacho de una diputada se borraban los teléfonos de una empleada para que no queden registros después del atentado a la Vicepresidenta. Eso, en términos institucionales, es de una gravedad significativa”.

Asimismo, el Presidente afirmó sentirse “impresionado” con lo que se conoció y argumentó: “Que en el despacho de una dirigente como presidenta del PRO se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrar su contenido por temor a que pueda verse en la Justicia me parece algo vergonzoso. Es algo definitivamente imperdonable en términos institucionales, con todas las letras”.

Tanto Cristina Kirchner como el jefe de Estado salieron rápidamente a hacerse eco de la noticia porque avalan la hipótesis de que los celulares de las asesoras de Milman y testigos en la causa debieron haberse secuestrado en un primer momento, cuando surgieron las primeras sospechas sobre el rol del diputado nacional. Estos reclamos derivaron en los insistentes pedidos de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti. Además, instala el nombre de Bullrich en el expediente, una de las dirigentes que, como se encargar de resaltar siempre en el Frente de Todos, no se solidarizó con Cristina Kirchner tras el atentado.

Sin embargo, en tribunales relativizan el valor de la declaración de la joven: “Es más político que judicial”, dijeron a Infobae las fuentes consultadas. A pesar de esto, la denominada “pista Casablanca” sigue sin tener cambios, sobre todo porque el material que supuestamente se borró del teléfono de la joven fue recuperado y analizado y hasta el momento no se encontró nada que sea de interés para la causa.

Además, en su nueva presentación, la joven ratificó que nunca escuchó a Milman decir en el bar ubicado en la esquina del Congreso “cuando la maten yo voy a estar en la Costa”. Esa frase fue oída por el asesor legislativo Jorge Abello 48 horas antes del atentado, según declaró en la causa a fines de septiembre.

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