
Las protestas en algunas esquinas de la Cuidad de Buenos Aires y del GBA por los cortes de luz alcanzaron para alterar, al menos por un momento, la lógica de la política, ya con calendario sin descanso camino a las elecciones primarias de agosto. Son protestas dispersas, sin mucha organización, pero mediáticas, expresión de los trastornos domésticos por falta de electricidad y días eternos de calor. Precisamente por eso, por su carácter inorgánico, no hay intermediarios. Demandan respuesta directa. Y las reacciones, como las denuncias contra Edesur, suman un espasmo antes que la perspectiva de una solución de fondo: exponen temor sobre el humor social.
La inquietud del Gobierno no se limita a la sucesión de manifestaciones en esquinas de barrio por los cortes de luz, en algunos casos de extensión insólita y desatención a la gente difícil de tolerar. Es un dato en sí mismo que el anuncio con foco en Edesur se haya producido recién esta semana, frente a un problema grave, de arrastre. Unas horas antes, la difusión del IPC de febrero -y en especial, la trepada en alimentos y bebidas- había sacudido el tablero, como expresión más evidente de un cuadro económico sensible.
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Ese contexto, diverso pero generador de malestar social, es lo que realmente preocupa, del mismo modo que sorprenden por lo elemental algunas reacciones. En general, nadie en los medios políticos supone que puede producirse algo parecido a un estallido. El cálculo es, si se quiere, más político, electoral. Las respuestas, entonces, apuntan básicamente a lo “comunicacional”, a la imagen. Se trataría de mostrar firmeza, discurso duro frente a los problemas de energía eléctrica o la escalada de precios, aunque la diferencia en este último caso es la enorme red de contención social.
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El impulso a la denuncia penal contra los directivos de Edesur mereció un primer anuncio desde la secretaría de Energía y un posterior capítulo discursivo desde la Casa Rosada. Era previsible que la medida del Gobierno terminara generando críticas y también suspicacias sobre otros intereses, en especial por el aliento a la posibilidad de intervenir directamente y retirar la actual concesión.
La idea de avanzar sobre la empresa en el cuarto año de gestión presidencial y en un tablero complejo tampoco estaría afirmada en todo el espacio oficialista. El punto es que no produciría alivio en los usuarios, tensaría aún más el clima político y agregaría un ingrediente conflictivo a la economía. Algo de esto evalúan en el circuito de Economía.
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El malestar por los cortes de luz en una temporada de calor extenuante también impactó en los jefes “territoriales”. Intendentes peronistas del sur del GBA se sumaron a la ofensiva, sobre Edesur, con planteos que a la vez fueron alimentados desde el gobierno bonaerense. Y el jefe de Gobierno porteño agregó su propia denuncia contra la empresa.
Hubo, claro, puntos de diferenciación. Horacio Rodríguez Larreta impulsó también una denuncia penal. Hizo así un gesto hacia miles de usuarios porteños afectados por los cortes de electricidad, pero a la vez destacó la responsabilidad de la actual gestión y de las anteriores experiencias kirchneristas en la crisis energética. Además, advirtió -dato para nada menor- sobre la “felixibilización” decidida por el Gobierno frente a la deuda millonaria de las dos empresas del área, sin garantía de mayores inversiones para mejorar el servicio.
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Desde sectores vinculados al kirchnerismo atribuyeron la decisión porteña a un giro en las posiciones de Rodríguez Larreta frente a la magnitud social del problema, ya en campaña. Como sea, ese señalamiento expuso al menos dos cosas: una chicana al jefe de Gobierno porteño y candidato como parte de la competencia electoral, y en espejo, una admisión del desgaste político propio que producen los cortes de luz.

Más densos son los números de la inflación y su proyección. El IPC anotó un 6,6% en febrero, tercer mes consecutivo con números en alza. Las perspectivas de marzo indican que sería reforzada esa tendencia. El mismo sentido pero aún más pronunciado expone el renglón de alimentos y bebidas, que pasó del 3,5% en noviembre al 9,8% en febrero.
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Era previsible, entonces, que treparan los valores de las canastas Básica Total y Básica Alimentaria: llegaron al 8,3% y al 11,7%. Marcan la línea de pobreza y la de indigencia, y todo indica que se está agravando el cuadro, ya complejo. La pobreza habría vuelto a aumentar en el segundo semestre del año pasado. Los números se conocerán a fines de este mes.
En el plano social, y no desde ahora, funciona una red de contención que incluye a los movimientos sociales -oficialistas y de izquierda- y también a organizaciones locales sin alineamiento partidario, la Iglesia Católica, organizaciones evangélicas. En líneas generales, se admite que la situación ha empeorado. Lo dicen los movimientos que integran el frente gobernante -con peso en el ministerio de Desarrollo Social- y lo denuncia Unidad Piquetera.
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Por supuesto, eso se refleja hacia el interior del oficialismo. El kirchnerismo ya expuso sus cuestionamientos, sin apuntar a Sergio Massa pero de manera pública. El Movimiento Evita y Barrios de Pie presentaron ayer su propia estructura como partido y también reclaman por el rumbo de la gestión, con toma de distancia y mensaje a Olivos. Y los jefes sindicales mantienen diferencias -gordos, independientes, moyanistas, kirchneristas duros-, pero cierran paritarias cortas y con compromiso de revisión frente a las proyecciones de la inflación.
La imagen política dominante es la del ensimismamiento en sus propias batallas. Y eso, a pesar de cierto reconocimiento sobre el deterioro autoinfligido. El calendario indica que en tres meses deberán cumplirse los pasos de presentación de alianzas y anotación de listas de candidatos, con vistas a las PASO de agosto y las elecciones generales de octubre. En ese camino restan algunos calores y cortes, ajustes de tarifas y varios IPC, entre otras cosas. No es poco.
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