El Gobierno nacional le otorgará un total de $ 28.000 millones de pesos a las empresas de transporte público urbano y suburbano del interior del país en carácter de subsidios, de acuerdo con la resolución 86/2023 publicada en el Boletín Oficial. Uno de los requisitos es implementar el sistema SUBE o estar próximo a hacerlo en las unidades de cada jurisdicción.
El Ejecutivo oficializó el pago de hasta $ 7.000 millones de pesos por mes, cifra que otorgará por los meses de enero, febrero, marzo y abril de este año. Por esto mismo, ordenó además que la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios del Ministerio de Transporte realice las liquidaciones correspondientes del primer y segundo mes de 2023, puesto que son plazos vencidos o próximos a vencer. Además, pidió que se avance con las liquidaciones de los meses restantes.
En el marco del Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros automotor urbano y suburbano del interior del país, los pagos se realizarán de la siguiente manera: “Se practicarán en primer lugar por un noventa y siete por ciento (97%) del total previsto para cada período mensual, a mes vencido, completándose el saldo del tres por ciento (3%) restante dentro de un plazo de 30 días contados a partir del cumplimiento total del pago de las acreencias por la liquidación del noventa y siete por ciento (97%)”, según explica la resolución.
Esta resolución llega tan solo una semana después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocara a un paro total de actividades en reclamo de sentarse a negociar las paritarias del 2023. Tras las amenazas, logró llegar a un acuerdo de un aumento semestral menor al 30% para los choferes.
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La metodología de distribución y el sistema SUBE
La distribución de este monto quedó establecida en el Anexo I de la resolución. “El importe de cada cuota se determinará teniendo en cuenta el personal que corresponda a cada operadora por un lado y los kilómetros informados para cada empresa/jurisdicción por otro”, asegura el documento. De esta manera, se tendrán en cuenta también los agentes computables declarados por la empresa, además de otras variables que derivan de esos dos puntos centrales.
Para eso, la Subsecretaría de Política Económica y Financiera de Transporte solicitará a las empresas beneficiarias y/o jurisdicciones toda la información necesaria para procesar los datos.
Aquellos agentes que sean beneficiarios de este subsidio deberán suscribirse al “Convenio año 2023″, al igual que deben tener adoptado o estar próximos a implementar el servicio de SUBE, como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público.
Al convenio, deberán adherir las provincias o, en su caso, municipios para poder beneficiarse de las compensaciones. Además, tendrán que informar la vigencia de las cuentas especiales abiertas por ellas en el Banco de la Nación Argentina, denunciando las modificaciones. “Tendrán como único objeto la transferencia por parte del Estado nacional de las acreencias liquidadas en el marco de la resolución”, aclara.
En ese sentido, las provincias tendrán un plazo de hasta 30 días corridos a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Una vez que este plazo venza o luego de que cada gobernación manifieste su voluntad de no suscribir al convenio, las dependencias municipales tendrán la facultad de hacerlo de forma directa con el Ministerio de Transporte.
La resolución advierte que los municipios que no hayan implementado el sistema SUBE en el plazo de 20 días hábiles luego de adherir al convenio por parte de la jurisdicción a la que pertenezcan tendrán que ratificar la solicitud de implementación efectuada por su provincia.
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