Una ONG calificó de “inadmisible” el intento del Gobierno de avanzar con el Juicio Político a la Corte Suprema

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se sumó al rechazo al intento de Juicio Político del Gobierno de Alberto Fernández contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través de un comunicado expresó su “preocupación” por la nueva embestida contra el Poder Judicial y calificó de “inadmisible” juzgar a los integrantes del Máximo Tribunal por sus sentencias. En tanto, alertó que avanzar en este camino podría ocasionar reclamos contra la Argentina en organismos internacionales.

“La Asociación por los Derechos Civiles observa con gran preocupación el intento del Poder Ejecutivo de promover un juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Si se tiene en cuenta que esta constituye, desde los comienzos mismos de nuestra vida institucional, el garante final de la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, consideramos inadmisible que se intente remover de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema con argumentos que, principalmente, se basan en el contenido de sus sentencias”, manifestó la organización que desde 1995 trabaja en la defensa y promoción de los derechos civiles y humanos en Argentina y América Latina.

En este marco la ADC considera que resulta “incomprensible” que uno de los argumentos centrales del Gobierno para promover el Juicio Político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda resulte ser la reciente decisión del Tribunal en la disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Para la mencionad organización “ese pronunciamiento sigue fielmente la jurisprudencia de la CSN desarrollada bajo gobiernos anteriores”.

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“El disenso con las decisiones de los tribunales no puede ser causal de juicio político a menos que se cumpla con los estrictos requisitos del delito de prevaricato (artículo 269 del Código Penal), el cual requeriría que las autoridades judiciales competentes comprueben el ilícito”, se planteó en el comunicado.

Además la ADC recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en una constante jurisprudencia que “el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión institucional se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión institucional trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. Asimismo, existe una relación directa entre la dimensión institucional de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad”.

En este marco, la Asociación por los Derechos Civiles remarcó que considera que “la promoción del presente juicio político no es compatible con los principios nombrados y que su eventual concreción podría ocasionar reclamos contra la República Argentina ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos”.

Tras el llamado del Gobierno a sesiones extraordinarias, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados formalizó el pedido de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema a través de la presentación de un proyecto que lleva la firma de Eduardo Valdés y que fue acompañado por más de una docena de legisladores del oficialismo que solicitó además que se cite a los cuatro jueces del Máximo Tribunal.

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