La oposición calificó el pedido de juicio político como “un apriete infame” a la Corte

El presidente Alberto Fernández anunció en las primeras horas del 2023 que impulsará un juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Más tarde aseguró que también avanzará sobre el resto de los integrantes del máximo tribunal y para ello pidió la colaboración de los gobernadores peronistas. Sin embargo, no la tendrá fácil. Para avanzar con el juicio político, el Frente de Todos necesita un fuerte consenso político en el Congreso que hoy pareciera que no tiene.

Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en Diputados, fue el primero en advertir que el jefe de Estado no tiene los votos. “Alberto Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la CSJN con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos. Un apriete infame para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y buscar impunidad”, planteó en sus redes sociales.

Este lunes, en declaraciones radiales, el legislador radical sumó: “Para el Presidente revisar la Justicia es que la Justicia sea un brazo de las necesidades del poder, es decir, que le garantice impunidad”. “Revisar la Justicia es revisar un pasado que está vinculad a la impunidad del kirchnerismo; Alberto Fernández lo que ha hecho es ofrendarle una vez más una acción a la Vicepresidenta que le dé algún grado de satisfacción en términos de desgaste”, agregó.

Alejandro “Topo” Rodríguez, hombre de confianza de Roberto Lavagna, también rechazó la embestida. “Así como se han venido acumulando pedidos de juicio político a Fernández, sin fundamentos sólidos y por pura especulación política, en este caso sucede algo similar”, introdujo.

Y desarrolló: “El pedido de juicio político carece de rigor ya que el argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en las decisiones del Congreso sólo tiene el respetable valor de ser una opinión personal del Presidente, pero no es la posición institucional adoptada por el parlamento”.

La iniciativa de la Casa Rosada de avanzar hacia la destitución del presidente de la Corte Suprema de Justicia surgió como consecuencia de la filtración de supuestos chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, en donde dialoga con Silvio Robles, vocero y hombre de confianza de Rosatti. En uno de los intercambios, Robles suministra información técnica vinculada a la disputa por el Consejo de la Magistratura. En otro hablan sobre el fallo de la coparticipación porteña.

El 21 de diciembre, cuando aún no se habían conocido los chats, la Corte dictó una cautelar a favor de CABA que ordenó subir el porcentaje diario que recibe por coparticipación. En un principio, el Presidente anunció que no acataría la sentencia. Luego dio marcha atrás y anunció que pagará con bonos, lo que abrió otra polémica. Esa contramarcha provocó que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo califique públicamente como el líder de la agrupación “amague y recule”.

Waldo Wolff, quien recientemente se incorporó al equipo de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, asoció el pedido de juicio político de Fernández a una necesidad política de la Vicepresidenta y se sumó a las voces que rechazaron la iniciativa. “Mi deseo es que el Presidente deje de actuar como abogado de CFK y honre esta vez en diciembre el traspaso de mando; El país hoy es más pobre que ayer, el dinero rinde menos y la comida sale más cara. Deje de buscar culpables afuera, violar la ley y hostigar a la CABA”.

Juan Manuel López, uno de los referentes de la Coalición Cívica, también adelantó su rechazo ayer: “Presidente respire hondo, es domingo 1 de enero de 2023, el año que se termina el gobierno del Frente de Todos, qué es su propio calvario también. Imagínese ex Presidente, disfrute, y dese cuenta que esta vergüenza contra la Corte no será otra mancha más, será histórica”.

Gustavo Posse, intendente de San Isidro, también cuestionó la embestida oficial contra el máximo tribunal: “Defender la independencia de poderes es defender nuestra democracia. El pedido de juicio político a la Corte Suprema por parte del Poder Ejecutivo no es más que un nuevo intento de atropello a las instituciones”.

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