Alberto Fernández comenzó el 2023 con una ofensiva contra la Corte Suprema con un pedido de juicio político contra todos sus integrantes. Mañana, luego de su viaje oficial a Brasil para participar de la jura de Lula da Silva, el Presidente buscará mostrar fortaleza en un acto al que fueron convocados los gobernadores provinciales en Casa Rosada.
El Jefe de Estado quiere repetir la foto con los mandatarios que logró luego del fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por fondos de la coparticipación federal que el Gobierno le había quitando en medio de la pandemia. Es más, a los gobernadores cercanos al oficialismo quiere sumar a los peronistas disidentes Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdona) y los que responden a fuerzas locales, aunque todavía no hay confirmación oficial de asistencias.
Una de las variantes que analiza el Presidente es la conformación de la una comisión redactora del juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Es decir, sumar a los mandatarios provinciales a la confección de un texto definitivo que deberá ser presentado en el Congreso, aunque el Presidente sabe de antemano que la iniciativa no prosperará: el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos por la extrema paridad que hay en Diputados.
En este sentido, la diputada del FdT Carolina Gaillard, que preside la comisión de Juicio Político, sostuvo hoy que la decisión de Alberto Fernández “es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar” el posible mal desempeño de los magistrados, y afirmó que “el bloque del Frente de Todos tiene mayoría” en la Comisión para tramitar “la apertura” del sumario”. De todas formas, como se mencionó, no cuenta para su aprobación en el recinto.
”Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura”, afirmó Gaillard en declaraciones a El Destape Radio.
Alberto Fernández, en una entrevista concedida a C5N durante la tarde de ayer, argumentó su pedido y expresó su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes”. De manera puntual, apuntó al fallo que benefició a CABA y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión” de la justicia en los otros poderes, consideró.
Con relación a Rosatti, sostuvo que “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso”. “Uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho”, añadió.
“Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite”, afirmó el Presidente sobre el pedido de juicio político, del que buscará tener el respaldo de varios gobernadores.
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, había adelantado Alberto Fernández de manera formal ayer por la mañana.
El conflicto de fondo está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
La resolución de la Corte del pasado 21 de diciembre fue cuestionada tanto por Casa Rosada (Alberto Fernández primero planteó que no iba a acatarla, pero luego propuso un pago a través de bonos públicos) como por 18 mandatarios provinciales.
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