Coparticipación: qué dice la Decisión Administrativa del Gobierno que establece el pago a la Ciudad de Buenos Aires con bonos públicos

El Ministerio de Economía deberá transferir al Banco Nación 98.500 millones de pesos en bonos TX31 que luego irán al Poder Ejecutivo porteño

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Horacio Rodríguez Larreta y Alberto
Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández

La solución que encontró Alberto Fernández para terminar acatando el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por el porcentaje de coparticipación que Casa Rosada le había quitado se materializó en la Decisión Administrativa 1282/2022 que fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

“Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, anunció este lunes el jefe de Estado dando marcha atrás a la decisión inicial, que había sido acordada con gobernadores peronistas, de no acatar el fallo.

En el texto publicado esta madrugada, el Gobierno señaló que “el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta”. Y que a través de la Procuración del Tesoro “se presentará un recurso de revocatoria de la medida aludida”.

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Amparándose en el artículo 22 de la ley Nº 23.982, Jefatura de Gabinete mencionó que “los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto y se advierte que, ni el presupuesto del año 2022 vigente, ni la Ley Nº 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2023 prevén partidas presupuestarias para sufragar el gasto derivado de la medida cautelar dictada en los autos caratulados: “GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES C/ ESTADO NACIONAL S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD – COBRO DE PESOS” (CSJ 1865/2020)”.

En este marco, el Gobierno decidió que “el Ministerio de Economía a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, deberá transferir al Banco Nación de la Argentina el monto equivalente a PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES ($98.500.000.000) en BONOS DEL TESORO TX31 y dará instrucciones a esa entidad bancaria para que transfiera diariamente a una Cuenta Bancaria que habilitará bajo la titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre el UNO COMA CUATRO POR CIENTO (1,4%) que históricamente se le transfería a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el marco del artículo 8°de la Ley N° 23.548, y el DOS COMA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (2,95%) que dispuso la medida cautelar”.

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El Banco Nación deberá proceder a la “apertura inmediata” de la cuenta bancaria del Poder Ejecutivo porteño -tras la publicación de esta Decisión Administrativa- y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía “promoverá las modificaciones presupuestarias pertinentes”. señala el texto que lleva las firmas de los ministros Sergio Massa y Eduardo “Wado” De Pedro.

La decisión había sido adelantada por el Presidente este lunes. En un extenso hilo de tuits, Alberto Fernández recordó que los bonos TX31 ya fueron aceptados por el máximo tribunal en una demanda por coparticipación promovida por la provincia de Santa Fe.

Los TX31 son bonos del Tesoro en pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER. Son títulos que nunca fueron licitados y efectivamente fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.

En sus posteos, el mandatario confirmó la estrategia judicial anunciada la semana pasada: instruyó al procurador Carlos Zaninni para que presente un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada. A par, ordenó recusar a los cuatro integrantes de la Corte que firmaron la resolución la semana pasada.

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